La Concertación Perdió la Ilusión

A dos décadas de reimplantarse gracias al gran coraje y sabiduría del pueblo chileno, que supo convertirla en casi un régimen modelo para el resto de América Latina, la democracia chilena ha perdido lustre en los últimos tiempos a causa de la creciente apatía ciudadana, la progresiva desafección que sienten los ciudadanos frente a su clase política y acusaciones de corrupción y mal manejo de los fondos públicos. Estos últimos incluyen los casos de fraude, real o en grado de tentativa, en la agencia de promoción de deportes, el servicio estatal de ferrocarril y, el más reciente, en el registro civil. Es decir, se trata de asuntos cuya gravedad es ínfima si lo comparamos con los graves casos de corrupción e impunidad que padecemos en México y el resto de América Latina. Más importante fue el descubrimiento a principios de año de un faltante 560 millones de dólares, el equivalente a un 0.3 % del PIB, en el Ministerio de Educación durante el período 2004-06. Esto condujo a la destitución por el Congreso -la primera de un miembro de gabinete desde la restauración de democracia en 1990- de Yasna Provoste, la titular de la cartera, la cual se logró gracias al mecanismo de “voto de censura” con el que un miembro del gabinete puede ser destituido por una mayoría parlamentaria, una particularidad del sistema parlamentario adoptado por el régimen presidencial chileno con el propósito de mejorar la gobernabilidad.

Este caso de los fondos para la educación faltante parece apuntar más a la incompetencia que al fraude. Todo indica que la mayor parte del dinero fue enviado, como estaba previsto, a las escuelas de la capital, Santiago. Pero la inhabilidad de un ministerio qué gasta casi un quinto del presupuesto del gobierno en mantener sus balances en orden sugiere que hay serios problemas en la administración pública de Chile, la cual hace solo dos años fue descrita por el BID como la más eficiente de la región. Hay síntomas claros de desgaste en la administración del aparato estatal. El gasto público ha aumentado más rápido que la capacidad de la administración pública de gastarlo correctamente. El presupuesto se ha multiplicado por seis desde 1990, pero los funcionarios están aferrados a viejas tecnologías de procedimientos.

Esta fatiga es atribuida, y no sin razón, al desgaste en el poder de la Concertación Democrática, la coalición de centro-izquierda que ha gobernado Chile ininterrumpidamente desde 1990 con la alianza entre socialista, socialdemócratas y democristianos tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Pero parte del problema puede encontrarse en, justamente, la herencia que le dejó el propio Pinochet. El tirano legó un laberinto de leyes y regulaciones que han hecho difícil de cambiar los funcionamientos del estado, además de afianzarlo constitucionalmente. Como cuesta mucho trabajo lograr cambios en los presupuestos ministeriales y en virtud a que el crecimiento sostenido económico aumentó el tesoro público, el gobierno encontró más fácil crear ad hoc los programas que no requieren la aprobación del Congreso, más que intentar que el Poder Legislativo reestructure las instituciones para que estén más acorde con las demandas actuales.
Algunos de estos programas ad hoc hacen las cosas bien. Chile Solidario, por ejemplo, está en buena parte detrás del éxito en reducir la pobreza en el país. Pero, debido a que estos programas suelen afectar a varios ministerios al mismo tiempo, las eventuales responsabilidades se diluyen. Asimismo, estos programas se han convertido –como suele suceder en todos lados- en enclaves clientelares y electoreros de la Concertación, la cual mucho se ha encariñado con el poder. Concebida en su origen como una alianza entre partidos que fueron, por décadas, adversarios históricos para impedir la perpetuación de un “pinochetismo sin Pinochet”, su carácter “temporal” ha quedado de lado. Ahora la Concertación es, más que la solución, parte del problema. Prueba de ello son las importantes defecciones que ha tenido últimamente de legisladores que han abandonado a la democracia cristiana y la intención de los socios menores de la Concertación de participar por separado en los próximos comicios locales.

Otro tema que preocupa a los observadores y analistas es la creciente apatía ciudadana. En Chile hay 11.5 millones de personas mayores de 18 años, pero sólo ocho millones están inscritos en los registros electorales. La buena fama de los políticos (como en todos lados) decae aceleradamente. Asimismo, crecen las quejas de quienes opinan que la chilena es una democracia excesivamente centralizada y restringe la autonomía, funciones y recursos de los gobiernos regionales y comunales, lo que distancia al Gobierno de la gente, debilita la participación y empobrece la democracia.

Varias son las propuestas que se manejan actualmente para fortalecer la democracia chilena, conviene tomar nota de ellas:

Inscripción Automática al Padrón Electoral. Es decir, instituir una inscripción ciudadana global administrada por el Registro Civil para que los ciudadanos cuenten con una identificación general que sirva para los propósitos electorales, de identificación personal, etc.

Derecho a voto de los chilenos residentes en el extranjero, el cual aún no se permite en Chile, en contra de la tendencia mundial.

Frenar el clientelismo perfeccionando la legislación para evitar el uso y abuso de instituciones y recursos públicos con fines electorales, impedir el proselitismo político de altos funcionarios, evitar la propaganda gubernamental en período electoral y crear un Fiscal Anti-intervención Electoral que actúe con eficacia y oportunidad.

Fortalecer la democracia regional, transfiriendo recursos, atribuciones y funciones desde el gobierno central hacia los gobiernos regionales y haciendo más directa y participativa la elección de sus autoridades.

Imponer límites a la posibilidad de reelección de los legisladores, con el propósito de evitar la eternización de los “barones” de los partidos y de “grillos” profesionales. Esta idea es importante, ya que va en contra del cliché ese -que tanto le gusta a nuestros opinadores mexicanos- de que la reelección legislativa es una especie de “panacea”.