¡Sí, que se invalide la elección presidencial!

...y que los tres partidos le hagan un servico patriótico a México postulando para la presidencia, unidos, al "Cepillo" Peralta. ¿Un futbolista con madera de estadista?  No lo sé, pero tengan la seguridad de que lo haría menos mal que Calderón, Peñita, El Peje o Chepina. Ah, con Corona como Primer Ministro y Marco Fabían como Lord Chambelán.

¿Nuevo gabinete presidencial?

Por fin se entiende aquí que es una coalición

Algunos de los políticos menos tarados de este país han insistido últimamente, y con razón, en que la única forma de darle gobernabilidad al país y de sacar adelante en el Congreso algunas de las tan cacareadas reformas estructurales que tanto nos urgen. Lo interesante es que por fin se está entendiendo el concepto de coaliciones como alianzas de largo plazo en las que distintas fuerzas políticas se corresponsabilizan con un programa de gobierno común y no solo para enfrentar juntos una elección. Tampoco es una coalición lo que aparentemente entendió Calderón, quien como candidato presidencial mucho habló de la necesidad de formar una “coalición” de gobierno, pero su idea del asunto, al parecer, era muy restringida, ya que se limitó al llegar a la presidencia a nombrar un par de secretarios de Estado que no eran de su partido. No señor, eso no es una coalición.

Las coaliciones juegan diferentes papeles según el arreglo institucional y el sistema político de cada país. En los sistemas parlamentarios, como es bien sabido, para formar gobierno y mantenerse en él, el Jefe de Gobierno debe contar con el apoyo de la mayoría parlamentaria. Cuando ninguno de los partidos contendientes logra controlar la mayoría de la Legislatura necesaria para formar gobierno, entonces debe formar coaliciones con otros partidos para alcanzar el respaldo necesario. Es por ello que en los sistemas parlamentarios las coaliciones juegan un papel trascendental en la formación y el mantenimiento del gobierno.

En los sistemas presidenciales no sucede así, básicamente porque la elección de los miembros del Poder Ejecutivo y del Legislativo se lleva a cabo de manera directa por los ciudadanos y de manera independiente. Existe lo que se denomina legitimidad dual. En éstos regímenes las coaliciones se refieren básicamente a las alianzas políticas que es necesario hacer al interior de una Legislatura o entre el titular del Ejecutivo y los congresistas para sacar adelante un programa de gobierno, debido a que la composición de las cámaras hace imposible que el Presidente o algún partido de oposición puedan sacar adelante su agenda.

Si bien en un régimen presidencial multipartidista las coaliciones electorales son un instrumento eficaz de acceso al poder, las coaliciones congresionales facilitan la operación y gobernabilidad del sistema; no obstante, estas últimas tienden a dificultarse más entre más exacerbado se encuentra el multipartidismo en ese régimen. Entre mayor sea el número de partidos representados en el Congreso, mayor será el número de actores cuyos intereses es necesario conciliar, la diversidad ideológica incrementará los obstáculos para construir coaliciones y aumentarán los costos del partido opositor dispuesto a coaligarse.

Asimismo, las coaliciones en los sistemas presidenciales, al ser únicamente alianzas congresionales, no tienen el doble soporte de las coaliciones en los sistemas parlamentarios: ser indispensables para formar y mantener el gobierno en el poder y estar sustentadas en la repartición de puestos a nivel del Poder Ejecutivo. Ingredientes que dan a las coaliciones mayor permanencia y estatus institucional.

La necesidad de concertar voluntades y construir coaliciones en un régimen presidencial tiene al menos dos ventajas. Por una parte, la necesidad de negociar da lugar a mejores leyes. Y por la otra, las coaliciones, al reflejar consensos, tienden a facilitar la implementación y el acatamiento de lo que se legisla. La experiencia empírica de los últimos años nos muestra que, por lo menos en nuestro país, presidencialismo y multipartidismo han podido convivir, si bien no de manera óptima, sí funcionalmente mediante la formación de coaliciones de gobierno, así como de otras formas de colaboración y entendimiento político, tales como la coparticipación y la concertación.

Ello implica, sin duda, un cambio en el paradigma que sostiene la imposibilidad de convivencia de presidencialismo y multipartidismo en un sistema democrático estable. Hoy en día la "peor" combinación para la estabilidad de la democracia presidencial no es el multipartidismo puro y llano, sino el multipartidismo sin coaliciones parlamentarias. Sin embargo, es necesario aclarar que las alianzas congresionales no resuelven el problema de fondo. A mediano plazo tendremos que pensar de cualquier forma en el cambio de régimen o de ajustes al sistema electoral o de partidos.

El análisis de las relaciones entre el Gobierno y los partidos de oposición, así como de las coaliciones entre partidos, empezó a cobrar relevancia en México apenas a finales del siglo pasado, ante el surgimiento por primera vez en la historia moderna del país de gobiernos divididos en el ámbito nacional y local. Desde cuando menos 1922 hasta 1988, el partido gobernante, el PRI, logró mantener no sólo un gobierno unificado en el ámbito nacional, sino también mayorías aplastantes en el Congreso, que dejaban prácticamente libre al Ejecutivo para gobernar sin cortapisas por parte de las minorías opositoras.

En 1988 dio inició un amplio proceso de transformación política y democrática en México. Como resultado de este proceso, en ese mismo año el partido del Presidente perdió la mayoría calificada de dos terceras partes necesaria para que pudiera por sí solo reformar la Constitución. Nueve años más tarde, el partido oficial perdió en la Cámara Baja la mayoría relativa para aprobar solo cualquier reforma legal en el seno de la Cámara de Diputados. Y en 2000, la Presidencia de la República.

No obstante y, contrario a lo que pudiera pensarse, el triunfo de la oposición no sólo no modificó, sino que consolidó el esquema de gobiernos divididos en nuestro país ya que, a pesar de que el PAN ganó la Presidencia de la República, no logró obtener ni siquiera la mayoría relativa en ninguna de las cámaras legislativas.

Un efecto directo de la aparición de gobiernos divididos en nuestro país fue el fortalecimiento del Poder Legislativo. Poder que a partir de 1988 comenzó a asumir de forma paulatina, y por primera vez en su historia, sus funciones esenciales de representación, de legislador y de contrapeso del Ejecutivo. Sin embargo, esta asunción real por parte del Legislativo de sus facultades ha sido vista por muchos analistas como un foco de inestabilidad y crisis en un sistema político como el mexicano, que combina multipartidismo y presidencialismo.

La doctrina dominante en el ámbito internacional considera que la estabilidad de un sistema presidencial sólo puede estar garantizada cuando a este sistema se encuentran asociados sistemas bipartidistas y gobiernos de partido con mayorías legislativas. El Presidente debe negociar con los partidos de la oposición, caso por caso, las modificaciones legislativas necesarias para concretar su proyecto de gobierno, lo cual representa un desgaste permanente y conlleva la posibilidad de generar una parálisis gubernamental o una crisis de gobernabilidad interna en caso de no lograrse un acuerdo.

El Ejecutivo, así, no puede ya sacar avante por sí solo las reformas constitucionales y legales necesarias para sustentar sus programas de gobierno. Y los partidos de oposición tienen poco o nulo interés en cooperar con el Ejecutivo debido a que, como lo señala Juan Linz, si cooperan y el resultado es exitoso, los beneficios del éxito tenderán a ser capitalizados por el Presidente y su partido, mientras que si la cooperación fracasa, ellos compartirán los costos políticos. Asimismo, como el mismo autor lo señala, en este comportamiento también influyen estrategias de crecimiento o sobrevivencia partidista, ya que entre más posibilidades reales tiene un partido de oposición de ganar la presidencia, menos incentivos tiene para cooperar con un partido que se encuentra apenas en crecimiento.

Ello resulta importante en México si consideramos que el espectro multipartidista se encuentra dominado fundamentalmente por tres partidos grandes que se encuentran en condiciones de ganar las elecciones, y los partidos pequeños sólo funcionan como contrapeso en el juego político.

Todo lo anterior ha afectado considerablemente el espectro político del país, alterado las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y fortalecido el papel de negociación de la oposición hasta el grado de poder modificar sus preferencias de política.

A pesar de su derrota en las elecciones presidenciales del año 2000, el PRI es el partido que tiene más diputados, senadores, gobernadores y mayorías en las Legislaturas de los estados. Por ello, cualquier reforma a las instituciones nacionales requiere del consenso del PRI.

El PAN no puede por sí mismo aprobar leyes federales ni tampoco puede hacerlo con la participación de los otros partidos si no participa el PRI o el PRD. Y, si bien, PAN y el PRD pueden hacerlo de manera conjunta, la experiencia histórica muestra una muy baja propensión de estos dos partidos a formar coaliciones entre ellos.

PAN, PRD y los otros partidos, tampoco pueden aprobar sin el concurso del PRI reformas constitucionales.

Cabe subrayar, como ya lo hemos hecho antes en este blog, la importancia que ha tenido la formación de coaliciones para la gobernabilidad y consolidación democrática de varias n acciones con régimen presidencial en América Latina, como es el caso de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Perú, por citar solo las más conspicuos casos.

Las opiniones personales de Javier Sicilia y los críticos de la Guerra "a la Calderón".

¡Cuidado, no confundirse! El llamado hecho por Javier Sicilia, dentro de su desesperación y dolor profundo por haber perdido a un hijo, de que es hora de "hacer pactos con la mafia" es lo que es: sólo la opinión personal de un particular. La inmensa mayoría de los críticos a las estrategias de "guerra al narco" del gobierno de Calderón, y muy concretamente los institucionales (partidos de oposición, campaña No Mas Sangre, ONG,s contra la violencia y pro legalización, etc) han propuesto cambios de estrategias, tales como enfocarse más en atacar los instrumentos financieros que los narcos usan para lavar dinero y/o combatir con mayor ahínco la corrupción en ejército, policías y gobierno. Algunos hablan de legalización de drogas en varios matices. Ninguno de ellos  formalmente ha propuesto hacer un "pacto con la mafia". Dicha insensatez no pasa de ser chisme y cotilleo de café y de red social o, como es el caso, el muy personal punto de vista del padre de una desafortudana víctima. Nada más.

Suponer que los críticos de la actual guerra en el fondo lo que quieren es una alianza con la mafia es un muy chabacano argumento del gobierno. No le hagan el juego, por favor. El problema es que con argumentos falaces y verdades a medias el gobierno establece una falsa disyuntiva: o la estrategia de guerra como yo la planteo, o pacto con el diablo. Calderón lo ha dicho. Según él (lo hace implícito) con el PRI inevitablemente habría connivencia con los malosos. "Nadie hizo nada contra el narco antes que yo (incluido Fox)", lo ha dicho el presidente así, con todas sus letras. Se deja en el aire la percepción falaz de que sólo el actual gobierno o un eventual sucesor panista asumiría la responsabilidad histórica de combatir al crimen organizado. Esto es absolutamnte falso. Denunciemos esta táctica de mentiras y verdades a medias con las que el gobierno pretende desacreditar a los críticos de su desatinada guerra contra el narco.

El liberal Juárez, electo en concursillo como el mejor mexicano de todos los tiempos.

El liberal Juárez fue electo en un concursillo del History Channel como el mexicano más grande de todos los tiempos. Aunque en lo personal voté por Octavio Paz, esta opción no me desagrada. Admiro a Juárez en sus virtudes y también hasta en algunos de sus pretendidos defectos. Ojalá algún día aprendamos en México a acercarnos más al Juárez real y enterremos para siempre al Juárez de la estampita. El señor era liberal en lo económico y admiraba profundamente a la democracia estadounidense, hechos que los nacionalistas de izquierda olvidan con mucha facilidad y que irrita a los nacionalistas de derecha, que le llaman "traidor". Ocultan los conservadores bajo su pretendida indignación por la firma del malogrado tratado McLane-Ocampo la indignación que les produce el trato que le dio el Benemérito a la infame Iglesia Católica. Claro, era un autoritario del carajo, pero a cada hombre debe juzgársele de acuerdo a sus circunstancias.

El Peje usa su imagen sin tener la más peregrina idea de quien fue el verdadero Juárez. El irrisorio partido Convergencia dice que Juaréz ¡Era socialdemócrata! Al PAN y a sus padrinos de la iglesia católica todavía les cuesta mucho trabajo digerirlo. En una de sus más célebres torpezas, Chente Fox retiró su cuadro del salón de embajadores.

Por cierto, También celebro la semireivindicación que este concursito supuso para Porfirio Díaz

Yo propongo un partido liberal que reivindique la figura del verdadero Juárez (sin dejar de deplorar su tendencia autoritaria), que rescate los hechos positivos del porfiriato (sin dejar de señalar los excesos de su dictadura) y que le proponga a México un gobierno con más sociedad, menos Estado, más libertades económicas y personales, menos controles públicos y privados y que gobierne con total apego a la verdad.

Benemérita UNAM: urge cambio de lema

¿La mejor forma de festejar el centenario de nuestra benemérita UNAM? Cambiar, cuanto antes, ese estúpido lema de "Por mi Raza Hablará el Espíritu".

El concepto "raza" ha quedado desprestigiado de forma definitiva sociológica, histórica y científicamente, por muy "cósmica" que dizque sea.

Aunque de Vasconcelos rescataría una frase muy interesante que mucho tiene de verdad y que debería hacernos reflexionar ahora que andamos de Bicentenario: "La conquista de México fue posible gracias a los indios y la verdadera independencia fue obra de los españoles"

La espada rota

¿Cuántas batallas piensas ganar, albo coloso, con esa espada rota?

La democracia mexicana apesta

Aunque este Oso siempe ha estado de acuerdo con que la democracia no es una panacea y que hay que acostumbrarnos a sus insuficiencias y medianías, e incluso ha censurado a los cursis pudibundos anulistas y llamado a votar por el menos malo, no se puede dejar de subrrayar lo podrídas que están las opciones políticas que se presentan a los mexicanos cada vez que hay una elección ya sea a nivel local o federal, ¿De verdad las opciones tienen que ser tan, pero tan malas? ¿No sería más plausible que en lugar de acordar estas coaliciones (que alguién por ahí llamó "arrojadas"), en las que participa hasta esa demócrata excepcional que es Elba Esther Gordillo, los dirigentes partidistas se dedicaran a consolidar opciones políticas verdaderamente (o aceptablemente, si se prefiere) fuertes y representativas? Está bien aceptar que el anulismo no lleva a nigún lado, pero tampoco se trata de condescender a una clase política apestosa diciendo que el triunfo de ex priístas apoyados por coaliciones PRD-PAN fortalece a nuestra democracia. Este afán de "quítate tú, para ponerme yo" lo único que fortalece es una idea patrimonialista del poder en lo que lo único quecambia son los nombres, nunca las sustancias y, vaya, ni siquiera las formas, en último de los casos.

El PRI no perderá mientras se mantengan intactas las formas y los fondos priístas de hacer política. Clientelismo, corrupción, cacicazgo, han estado en buen recaudo en los estados donde estas coaliciones han triunfado y gobernado (Tlaxcala, Chiapas Nayarit) y con toda seguridad lo seguirán estando en Publa, Oaxaca y Sinaloa. Qué cualquier cosa, literalmente, cualquier cosa sea preferible a Uli Ruiz o al Precioso no quiere decir que se consolide una democracia aceptablemente eficaz cuando alimañas como éstas desaparcen de la escena para dar paso, como desgraciadamente es el caso, a personajes que solo dan nota para ser considerados "males ligeramente menores", y me refiero al protegido de Elba que ganó en Puebla y al ex priísta potegido del ex gobernador Carrasco (malísimo) que le fue pedir frías a Carlos Ahumada.

Pobreza y compra de votos, los temas de fondo de una genuina reforma electoral democrática

Mucho me llama la atención que dentro de todo el alud de popuestas, contrapropuestas, opiniones, desplegados, análisis y reclamos que ha habido últimamente en los medios respecto a la reforma electoral se olvide que México es un país con profundas desigualdades sociales donde el fenómeno de la extendidísima pobreza es un distorsionante muy grave para cualquier democracia que quiera consolidarse en el país. La relaidad nacional es que aquí se compran los votos. Bajo esas condiciones, ningún mecanismo electoral o constitucional podrá garantizar comicios justos y democracia efectiva. Es por eso que en la propuesta que presentamos al Senado un grupo de, digamos, patriotas, incluimos la necesidad de corregir las distorsiones legislativas e institucionales que, si bien no son materia propia del ámbito electoral, lo afectan directamente y, en los hechos, anulan las condiciones imprescindibles para el desarrollo de contiendas equitativas, sobre todo por la intervención abierta o encubierta de recursos públicos provenientes de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como por la persistente participación de los llamados poderes fácticos en las campañas políticas que, en la práctica, han adquirido cada vez mayor peso en la formación y en el ejercicio del poder público, en contra de los principios más elementales de la representación política democrática, situando por encima de los intereses generales la representación y promoción de intereses particulares.

Proponemos, en concreto, poner fin a la intervención apenas simulada de recursos ilícitos, provenientes de empresas, sindicatos y crimen organizado, para la promoción de candidaturas y, en efecto, para la formación y el ejercicio de los órganos del poder público, violando con ello la legislación electoral y los principios básicos para contiendas electorales transparentes y equitativas. Es fundamental si queremos que la democracia funcione en México maizar en la mayor medida posible el vicio clientelar. Y por democracia me refiero a cualquier democracia: presidencial, palamentaria, a dos vueltas, con reelección, bipartidista, multipartidista, etc. Nuestros más cándidos opinadores, anulistas, adalides ciudadanos y enamorados del sistema políticos suelen perderlo de vista, pero lo cierto es que es más importante para el fortalecimiento de un sistema verdaderamente competitivo fortalecer los mecanismos de revisión de las cuentas de los partidos, limitar de manera más eficaz los financiamientos privados, establecer topes de campaña más estrictos y castigar con mayor severidad los casos de flagrante o simulada compra de votos que decidir si reelegimos o no a los diputados, quitamos la representación proporcional o nos vamos a una segunda vuelta en los comicios presidenciales.

Desde luego, algo se ha avanzado en México en estos renglones, pero de ninguna manera basta. Con demasiada facilidad son burlados los topes de campaña. Es muy fácil simular y disfrazar la utiilización de recursos públicos con propósitos electorales. En México cambiar favores por votos es una prática masiva. El problema no es en absoluto baladí. El clientelismo es, ni más ni menos, una forma antidemocratica de dominación, basada en el control social que tiene lugar gracias a la pobreza y marginalidad. Y es en el interés de este clientelismo que lo beneficiarios de programas sociales no desarrollen una capacidad de autogestión ni que tengan éxito sus emprendimientos y proyectos, ya que la relación real con los beneficiarios se basa en la recepción pasiva de prebendas por parte de éstos. Estas prebendas son a su vez la base de la reciprocidad en el cumplimiento de instrucciones a los clientes de otorgar votos a sus benefactores.
La principal vinculación entre la exclusión social, la pobreza y clientelismo es el poder, el cual se da como coacción, es decir, como control de un grupo sobre otro expresado en la exclusión a favor de la inclusión de un grupo que ostenta el poder. Esto, bien lo sabemos, es moneda corriente en México y, obviamente, no es democracia. Entonces, ¿Por qué lo olvidamos con tanta facilidad?

Varias son las naciones que han procurado reformas y esfuerzos por lograr mayor transparencia en la gestión pública y mejor control sobre el financiamiento a las campañas y los topes a los gatos electorales para contribuir a disminuir el grave impacto distorsionador que tiene el clientelismo sobre la democracia. Sin embargo, para lograr un cambio real los ciudadanos deben orientar sus acciones hacia una distribución equitativa del poder, pensando en un empoderamiento ciudadano amplio y en la redefinición en un sistema de partidos anquilosado y obsoleto como el mexicano en uno mucho más abierto y genuinamente competitivo.

Respuesta a Jorge Castañeda

Perdóname, querido Jorge que difiera nuevamente de tus puntos de vista, pero en lo personal me parece imprescindible defender la pluralidad política en México. Me permití hacer algunos comentarios al artículo que publicaste hoy en Reforma :

Dices: "La proporcionalidad perfecta como proponen el PRD y algunos analistas, inspirada en el modelo alemán, parece más democrática y sí permite la plena expresión de las minorías. Su desventaja es, como lo vemos en México, la parálisis."

Digo yo: En México no tenemos un sistema "proporcional perfecto". Lo que en esencia tenemos es un sistema tripartidista cuyos principales protagonistas no permiten la apertura a nuevas expresiones. Nuestra ley es una de las más restrictivas del mundo en lo concerniente a la posibilidad de participar en comicios (como bien te consta). La triada está protegida, con lo que muchas expresiones políticas genuinas se encuentran sin voz en México. Eso no es justo, ni democrático.

Dices: “La generación de mayorías tiene la ventaja de la gobernabilidad y da al Presidente una mayoría al menos tres años para poner en práctica su programa. Su inconveniente radica en la sobrerrepresentación, que puede ser excesiva y con el riesgo de borrar minorías. Hay que optar: he optado por el sistema mayoritario desde mi libro Somos Muchos en 2004, y en particular en el ensayo con Aguilar Camín que publicamos en Nexos. Las posturas no son conciliables, se pueden atemperar pero no compatibilizar”.

Digo yo: “Muy bien Jorge, pero ahora explícame la meridiana contradicción en que caes. Tú has hecho una certera y profunda crítica a los partidos dominantes del México actual y has luchado para que el sistema se abra a la participación de candidatos independientes, lo cual mucho te honra, pero también nos dices que quieres que un solo partido con mayoría sólida maneje la mayoría en el Congreso para garantizar la gobernbilidad. En ese caso, dejemos de luchar por candidaturas independientes y permitamos que el PRI y PAN definan la mayoría absoluta en el congreso en distritos uninominales, para que el ganador goce de una clara mayoría y gobierne sin obstáculos. ¿Para qué queremos Jorges Castañedas y candidatos independientes que podrían perturbar la buena marcha de la mayoría absoluta? (Por cierto, ¿Sabes que efectos tuvo para la dichosa gobernabilidad la presencia de más de un centenar de independientes en la Duma rusa durante el régimen de Yeltsin. Échale un ojo, te va a interesar)

Por otra parte, ¿Cómo es posible que pidas reelección legislativa con el argumento de que los ciudadanos tendrán mayor posibilidad de llamar a cuentas a sus representantes al mismo tiempo que ponderas como un bien mayor la obtención por parte de un partido de mayoría absoluta en las Cámaras para poder aplicar su programa de gobierno. Es obvio que para lograr esa gobernabilidad sin mácula de la que nos hablas la disciplina de voto de los parlamentarios a las directrices de la dirigencia partidista sería indispensable. Entonces, ¿Dónde quedó la dizque llamada a cuentas ciudadana?

Dices: “Ni la proporcionalidad perfecta ni el sistema mayoritario son válidos para todos los países todo el tiempo. Depende de cada país en cada coyuntura. En Alemania la proporcionalidad perfecta ha funcionado porque ha existido un amplio consenso a lo largo de estos cinco años entre los principales partidos. En Francia, en los 80 cuando Mitterrand la restableció, no dio resultados.”

Digo: Perdóname Jorge, pero el resultado de las elecciones parlamentarias de 1986 en Francia, únicas que funcionaron con la reforma de Mitterrand, fue exactamente el mismo qué el que hubiese arrojado una elección con el sistema tradicional a dos vueltas: mayoría de la alanza de centro derecha UDF-Gaullistas, la cual gobernó aplicando sin mayores obstáculos su programa de gobierno con Chirac como primer ministro. ¿Te acuerdas? Digo, exactamente el mismo resultado. Entonces, ¿Por qué dices que no funcionó? La centroderecha volvió al sistema de dos vueltas por que le convenía, únicamente por eso. Pero de ahí a que no haya funcionado para efectos de la gobernabilidad hay una distancia.

Dices. “Para México hoy me parece preferible el sistema mayoritario, eso no quiere decir que sea permanentemente idóneo, ni para este país ni para otros. La razón es que el país requiere de capacidad de decisión. Las mayorías se pueden lograr mediante segunda vuelta en las elecciones legislativas o eliminando el candado de sobrerrepresentación y/o restableciendo la cláusula de gobernabilidad o alineando las elecciones legislativas con las presidenciales -propuestas ya adelantas por Aguilar Camín y por mí. Todas tienen ventajas y desventajas. Todas logran más o menos el mismo objetivo.”

Digo: Vuelvo a lo mismo, si la prioridad es la gobernabilidad y los partidos que tenemos son los indicados ¿Para qué tomarse la molesta en participar? ¿De qué sirve lanzarse como independiente? ¿Qué justifica la critica a la “partidocracia”? Mejor pedimos nuestra afiliación al PRI o al PAN y ya está ¡A trabajar en aras de la gobernabilidad!
Y sobre todo, ¿Para qué diablos querríamos que un intelectual independiente eventualmente llegara a la presidencia del país sin el apoyo en las cámaras de una mayoría absoluta y disciplinada bajo la férula de un partido?

Dices: “El país tiene un gran futuro sólo con reformas de gran calado. Por eso, hoy en día, se necesita un sistema que dé al Presidente la posibilidad de aplicar el programa por el cual fue electo, y que puede ser rectificado en elecciones de medio periodo si así quieren los ciudadanos”.


Digo: Jorge, la dicotomía que manejas multiupartidismo = desmadre, gobierno de mayoría = progreso es completamente falsa y basta con darse una asomadita a la experiencia internacional para darse cuenta de ello. Aquí varios botones de muestra:

¿Qué me dices de Brasil, impresionante país que se asoma como una potencia del siglo XXI, donde Cardoso y Lula han sacado adelante reformas de gran caldo pese a que en el congreso brasileño coexisten ¡más de una decena de partidos!?

O Uruguay, país extraordinariamente estable que sale adelante con los partidos Blanco, Colorado y la más de una decena de organizaciones que integran el Frente Amplio, actualmente en el poder

O Chile, otro buen ejemplo de desarrollo y estabilidad, donde bajo la cobertura de dos grandes coaliciones tienen presencia en el parlamento la UDI, los Renos, el PSCh, el PPD, el PRSD, el PD, los humanistas y los comunistas.

¿Qué pasó en Colombia, donde el ineficaz bipartidismo tradicional liberal-conservador (cuántos gobiernos colombianos gozaron de mayoría en las cámaras, y ya ves) quebró para dar lugar a un sistema de partidos más abierto y mucho más funcional?

¿Por qué Italia (Sí, la desmadrosa Italia, donde le echaban la culpa de todo al proporcionalismo y la partitocrazia) regresó al proporcionalismo?

¿Por qué tronó el tradicional bipartidismo radical-perionista en Argentina? ¿Qué sucedió cuando los peronistas (con Menem) y los radicales (con de la Rúa) y nuevamente los peronistas con Kirchner pudieron aplicar sin trabas sus programas de gobierno gracias a que contaban con mayorías parlamentarias? ¿Es eso un ejemplo a seguir?

¿Por qué en el Reino Unido el parlamento acaba de aprobar un sistema electoral que supone la aplicación de un tipo de correctivo presidencial (sistema de voto único alternativo, se llama) que daría al traste con el gobierno de mayoría para dar lugar a la posibilidad del gobierno de coaliciones?

Dices: “Entiendo la preferencia de otros por el empate tripartidista. No entiendo a quienes buscan conciliar ambos sistemas, ni a quienes evitan escoger entre ellos”.

Digo: Otra falsa dicotomía. La discusión sobre el sistema de partidos va más allá de la de gobierno de mayoría Vs el tripartidismo actual a la mexicana. En concreto, nosotros proponemos:
a. Un sistema electoral y de representación política que promueva la construcción de ciudadanía y la participación ciudadana en la formación y el ejercicio del poder público, mediante la apertura del sistema de partidos y las candidaturas a cargos de elección popular, de tal forma que se superen el ambiente de descrédito y la pérdida de legitimidad de nuestra frágil e incipiente democracia. En este sentido, hace falta señalar que, desde la promulgación de la ley electoral federal de 1946, han regido disposiciones destinadas a restringir la creación y participación de nuevos partidos. De hecho, nuestra legislación electoral ha sido un caso sui generis a nivel internacional, pues prácticamente en ninguna democracia del mundo se exigen tantos requisitos para la constitución y registro de nuevos partidos, al mismo tiempo que se mantiene el monopolio de registro de candidatos a favor de los partidos existentes. En las democracias consolidadas, existen criterios diferenciados para el registro de los partidos políticos. Se exigen diferentes condiciones para participar en elecciones, para recibir recursos públicos y para lograr acceder a la representación parlamentaria.

b. Generar mayores incentivos para la participación política ciudadana y por asumir el genuino sentido de la pluralidad en las democracias constitucionales, para lo cual se requiere romper el círculo vicioso de las reglas que pervierten a los institutos políticos desde su creación, levantar las restricciones que aún pesan sobre el ejercicio del derecho de asociación política y permitir la participación de candidatos independientes a cargos de elección popular. Se trata de abrir la competencia sin debilitar el sistema de partidos, como lo han hecho y lo prueban las experiencias de otros países en donde participar en elecciones es fácil, aunque con exigencias mayores para acceder al parlamento y, sobre todo, para recibir financiamiento público.

c. Establecer la figura del “registro condicionado al resultado electoral”, con requisitos asequibles a la ciudadanía y a sus organizaciones políticas para tener derecho a participar en elecciones, lo cual no implica utilizar recursos públicos para ello. Esto significa que una organización política pueda obtener “registro condicionado” y aparecer en las boletas electorales como partido político nacional acreditando el apoyo en firmas de un porcentaje mínimo del padrón, contar con declaración de principios, programa y estatutos y comprobar actividad política previa a nivel nacional; que un partido político con registro condicionado pueda validar su registro y obtener el reembolso de gastos de campaña si, y sólo si, cumple cabalmente con las obligaciones establecidas en ley en materia de transparencia y rendición de cuentas, hasta por el monto que para tal efecto se haya establecido, y siempre y cuando haya obteniendo al menos el 1% de la votación efectiva; que un partido con registro condicionado tenga el derecho a la asignación de legisladores por el principio de representación proporcional cuando obtenga al menos el 2% de la votación nacional efectiva (en el marco de un sistema electoral mixto, con 50 por ciento de mayoría y 50 por ciento de representación proporcional para la integración de la Cámara de Diputados).

Nueva Propuesta al Senado de Reforma Política

México D.F., a 11 de marzo de 2010


SEN. CARLOS NAVARRETE RUÍZ
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

SEN. GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ
Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

SEN. SENADOR MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA
Presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

SEN. LUIS MALDONADO VENEGAS
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia

SEN. ALBERTO ANAYA GUTIÉRREZ
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo


P R E S E N T E S

La reforma política debe atender, desde nuestro punto de vista, tres exigencias indispensables para la consolidación de la democracia y para un ejercicio de gobierno eficaz en el marco de la pluralidad:

1. Garantizar que los cambios en el diseño, los mecanismos y los procedimientos de las instituciones democráticas establezcan las condiciones y los incentivos necesarios para la construcción de acuerdos en el ámbito del Poder Legislativo Federal y, sobre esta base, generar una relación funcional entre éste y el Poder Ejecutivo Federal. Esto supone desechar la pretensión, a la vez autoritaria y simplista, de resolver los retos de la pluralidad a través de la supresión o la reducción de la pluralidad misma. Y supone también asegurar que los acuerdos para la formación de mayorías y la elaboración de la agenda legislativa sean una expresión de responsabilidad y transparencia. Por ello manifestamos lo siguiente:

a. Reconocemos en los proyectos de reforma del PRI y el PRD elementos significativos a favor de la incorporación de principios, mecanismos y procedimientos parlamentarios, orientados a la funcionalidad del sistema presidencial en el marco de la pluralidad, como la ratificación del gabinete, el nuevo formato presidencial y la moción de censura.
b. Observamos en los proyectos del Ejecutivo y del PRI un compromiso a favor del fortalecimiento del Poder Legislativo, mediante la reelección de los representantes en ese ámbito (siempre y cuando no se combine con la segunda vuelta y otras restricciones directas a la pluralidad).
c. Rechazamos, en cambio, las propuestas del Ejecutivo para reducir la pluralidad a su mínima expresión, a través de la segunda vuelta en las elecciones presidencial y legislativa (que conducen a un formato bipartidista) y del incremento del porcentaje (al 4 por ciento) para la preservación del registro de los partidos y la obtención de representación parlamentaria, así como la intención del Ejecutivo y del PRI de reducir el componente de la representación proporcional en la integración de la Cámara de Diputados.

2. Corregir las distorsiones legislativas e institucionales que, si bien no son materia propia del ámbito electoral, lo afectan directamente y, en los hechos, anulan las condiciones imprescindibles para el desarrollo de contiendas equitativas, sobre todo por la intervención abierta o encubierta de recursos públicos provenientes de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como por la persistente participación de los llamados poderes fácticos en las campañas políticas que, en la práctica, han adquirido cada vez mayor peso en la formación y en el ejercicio del poder público, en contra de los principios más elementales de la representación política democrática, situando por encima de los intereses generales la representación y promoción de intereses particulares. En este sentido, proponemos:

a. El fortalecimiento de la pluralidad en los congresos locales y el establecimiento de la función electoral con carácter nacional, mediante bases constitucionales generales con ese fin, de tal modo que se fijen límites democráticos al ejercicio del poder público de los gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal. El objetivo es revertir una de las paradojas de la transición a la democracia que, al acotar o suprimir los poderes extra constitucionales del viejo régimen presidencial, no sustituyó los contrapesos centralistas y autoritarios por contrapesos y controles democráticos y, con esa omisión, abrió paso a la conformación de poderes sin límites efectivos en los ámbitos de las entidades federativas.
b. Poner fin a la intervención apenas simulada de recursos ilícitos, provenientes de empresas, sindicatos y crimen organizado, para la promoción de candidaturas y, en efecto, para la formación y el ejercicio de los órganos del poder público, violando con ello la legislación electoral y los principios básicos para contiendas electorales transparentes y equitativas.

3. Regular y garantizar en los hechos el derecho ciudadano de asociación y participación política y, por lo tanto, el derecho a votar y ser votados, como derechos imprescindibles en cualquier democracia, expresamente consagrados en nuestra Constitución, pero restringidos en la práctica y, peor aún, colocados en la mira de quienes pretenden, como lo hace el Ejecutivo en su proyecto de reformas, reducir la pluralidad a su mínima expresión. Con esos fines nos pronunciamos:

a. Por un sistema electoral y de representación política que promueva la construcción de ciudadanía y la participación ciudadana en la formación y el ejercicio del poder público, mediante la apertura del sistema de partidos y las candidaturas a cargos de elección popular, de tal forma que se superen el ambiente de descrédito y la pérdida de legitimidad de nuestra frágil e incipiente democracia. En este sentido, hace falta señalar que, desde la promulgación de la ley electoral federal de 1946, han regido disposiciones destinadas a restringir la creación y participación de nuevos partidos. De hecho, nuestra legislación electoral ha sido un caso sui generis a nivel internacional, pues prácticamente en ninguna democracia del mundo se exigen tantos requisitos para la constitución y registro de nuevos partidos, al mismo tiempo que se mantiene el monopolio de registro de candidatos a favor de los partidos existentes. En las democracias consolidadas, existen criterios diferenciados para el registro de los partidos políticos. Se exigen diferentes condiciones para participar en elecciones, para recibir recursos públicos y para lograr acceder a la representación parlamentaria.
b. Por generar mayores incentivos para la participación política ciudadana y por asumir el genuino sentido de la pluralidad en las democracias constitucionales, para lo cual se requiere romper el círculo vicioso de las reglas que pervierten a los institutos políticos desde su creación, levantar las restricciones que aún pesan sobre el ejercicio del derecho de asociación política y permitir la participación de candidatos independientes a cargos de elección popular. Se trata de abrir la competencia sin debilitar el sistema de partidos, como lo han hecho y lo prueban las experiencias de otros países en donde participar en elecciones es fácil, aunque con exigencias mayores para acceder al parlamento y, sobre todo, para recibir financiamiento público.
c. Por establecer la figura del “registro condicionado al resultado electoral”, con requisitos asequibles a la ciudadanía y a sus organizaciones políticas para tener derecho a participar en elecciones, lo cual no implica utilizar recursos públicos para ello. Esto significa que una organización política pueda obtener “registro condicionado” y aparecer en las boletas electorales como partido político nacional acreditando el apoyo en firmas de un porcentaje mínimo del padrón, contar con declaración de principios, programa y estatutos y comprobar actividad política previa a nivel nacional; que un partido político con registro condicionado pueda validar su registro y obtener el reembolso de gastos de campaña si, y sólo si, cumple cabalmente con las obligaciones establecidas en ley en materia de transparencia y rendición de cuentas, hasta por el monto que para tal efecto se haya establecido, y siempre y cuando haya obteniendo al menos el 1% de la votación efectiva; que un partido con registro condicionado tenga el derecho a la asignación de legisladores por el principio de representación proporcional cuando obtenga al menos el 2% de la votación nacional efectiva (en el marco de un sistema electoral mixto, con 50 por ciento de mayoría y 50 por ciento de representación proporcional para la integración de la Cámara de Diputados).
d. Por establecer que los partidos políticos con registro local puedan postular candidatos a diputados federales y senadores en el ámbito de la entidad federativa que corresponda, recibiendo en consecuencia las prerrogativas y financiamiento en condiciones de equidad respecto de los partidos políticos nacionales.

Estamos convencidos que el esfuerzo para una reforma política orientada a la consolidación democrática y a la eficacia del ejercicio de gobierno en un marco de pluralidad y libertades, quedaría inconcluso si no se aprovecha la oportunidad histórica de ajustar el diseño de las instituciones, sus mecanismos y procedimientos, a estas exigencias; si no se establecen límites y controles democráticos a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como a los llamados poderes fácticos; y si no se abre el sistema de partidos y se incorpora y garantiza el derecho a candidaturas independientes a cargos de elección popular.

No puede haber democracia sin ciudadanía. No puede haber ciudadanía sin derechos universales y efectivos de participación política. La disyuntiva es clara: o consolidamos una democracia de verdad que, en la pluralidad, permita responder a las demandas de desarrollo y bienestar de la sociedad, o corremos el riesgo de destruir la democracia que aún no hemos sido capaces de construir con la calidad, la eficiencia, la responsabilidad, el compromiso ético y la transparencia que la ciudadanía demanda con toda razón.

Propuesta al Senado para la apertura del sistema de partidos

Este es el texto de la propuesta para la apertura del sistema de partidos que un grupo de ciudadanos mexicanos presentamos al Senado de la República. Lo hicimos preocupados por la tendencia que exhiben los tres grandes partidos políticos a cerrar aún más la posibilidad de que nuevas organizaciones políticas tengan la posibilidad de participar en elecciones. Si se lee y entiende bien el texto, se verá qu no se trata de formar nuevos negocios que medren del erarario público (de hecho, solicitamos eliminar el subsidio a priori las elecciones), sino de eliminar las injustas trabas que prevalecen actualmente para la formación de partidos emergentes que los obligan, entre otras cosas, a recurrir a pactos corporativos y clientelares para poder participar en las elecciones.


México D.F., a 9 de marzo de 2010

SEN. CARLOS NAVARRETE RUÍZ
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

SEN. GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ
Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

SEN. SENADOR MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA
Presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

SEN. LUIS MALDONADO VENEGAS
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia

SEN. ALBERTO ANAYA GUTIÉRREZ
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo


P R E S E N T E S

Asociarse pacíficamente, así como participar en elecciones para votar y ser votados son derechos elementales de los ciudadanos en cualquier democracia y están expresamente consagrados en nuestra Constitución. Resulta por ello necesario, en el marco de un ánimo generalizado de participar en la reforma política del país, que en el tema de la representación estos elementos prevalezcan. No deben ser ni el gobierno, ni mucho menos los partidos políticos ya existentes, los que determinen quienes deben participar en los comicios, sin escuchar la voz del ciudadano. Esta voz exige más espacios de participación, requisitos sencillos para organizar nuevos partidos y competir en condiciones de equidad, independencia y pluralidad como principios fundamentales del sistema democrático.

Desde la promulgación de la ley electoral federal de 1946, han regido disposiciones destinadas a restringir la creación y participación de nuevos partidos. De hecho, nuestra legislación electoral ha sido un caso sui generis a nivel internacional, pues prácticamente en ninguna democracia del mundo se exigen tantos requisitos para la constitución y registro de nuevos partidos, al mismo tiempo que se mantiene el monopolio de registro de candidatos a favor de los partidos existentes. En las democracias consolidadas, existen criterios diferenciados para el registro de los partidos políticos. Se exigen diferentes condiciones para participar en elecciones, para recibir recursos públicos y/o para lograr acceder a la representación parlamentaria.
Nuestro marco legal vigente establece que para constituir un partido político se deberá formular una declaración de principios, un programa de acción y estatutos, así como contar con 3,000 afiliados en por lo menos veinte entidades federativas, o 300 afiliados en por lo menos 200 distritos uninominales. Esto, sin que el número total de afiliados pueda ser inferior al 0.26% del Padrón Electoral Federal. Además de realizar asambleas en ese mismo número de entidades o distritos, con un elevado número de asistentes y en presencia de notarios públicos o funcionarios electorales.

Las condiciones que impone la ley, de afiliar y celebrar asambleas estatales o distritales en un tiempo límite, han tergiversado la naturaleza de la participación ciudadana, que debe sustentar el origen y derecho al registro legal de los partidos. En la práctica, ha obligado a las organizaciones que aspiran a constituir un nuevo partido político a depender de grupos y corporaciones con capacidad de movilización, utilizando métodos innobles, como efectuar rifas, sorteos y eventos populares o, descaradamente, pagar por la presencia de los supuestos afiliados.

Mantener un criterio restrictivo, privilegiando dinámicas del pasado, favorece la petrificación y esclerosis del actual sistema de partidos, quienes están lejos de representar la pluralidad existente en nuestra sociedad. Si aspiramos a vivir una democracia plena, debemos acabar con ese círculo vicioso que pervierte a los institutos políticos desde su creación, levantar las restricciones que aún pesan sobre el ejercicio del derecho de asociación política y permitir la participación de candidatos independientes a cargos de elección popular. Ofrezcamos más canales de participación a nuevos actores que, de manera individual o colectiva, quieren participar en la transformación nacional.

Es imperativo garantizar la consolidación de un sistema de partidos fuerte y representativo con el propósito de trabajar en favor de la gobernabilidad, pero también es importante ampliar los canales de participación. Hay formas de abrir la competencia sin debilitar el sistema de partidos, como lo prueban las experiencias de otros países en donde participar en elecciones es fácil, pero no lo es tanto acceder al parlamento y/o recibir financiamiento público. Urge abrir el abanico de opciones sin que esto implique mayores recursos del contribuyente. Por ello, pedimos se considere volver a adoptar en nuestro país el modelo de “registro condicionado al resultado en las elecciones” para nuevos partidos políticos. Por ello, proponemos a esta H. Soberanía:

1. Establecer requisitos asequibles a la ciudadanía y a sus organizaciones políticas para tener derecho a participar en elecciones, lo cual no implica utilizar recursos públicos para ello. Esto es, que una organización política pueda obtener “registro condicionado” y aparecer en las boletas electorales como partido político nacional acreditando el apoyo en firmas de un porcentaje mínimo del padrón (0.5%), contar con declaración de principios, programa y estatutos y comprobar actividad política previa a nivel nacional.

2. Que un partido político con registro condicionado pueda validar su registro y obtener el reembolso de gastos de campaña si, y sólo si, cumple cabalmente con las obligaciones establecidas en ley en materia de transparencia y rendición de cuentas, hasta por el monto que para tal efecto se haya establecido, y siempre y cuando haya obteniendo al menos el 1% de la votación efectiva.

3. Que un partido con registro condicionado tenga el derecho a la asignación de legisladores por el principio de representación proporcional cuando obtenga al menos el 2% de la votación nacional efectiva.

4. Establecer que los partidos políticos con registro local puedan postular candidatos a diputados federales y senadores en el ámbito de la entidad federativa que corresponda, recibiendo en consecuencia las prerrogativas y financiamiento en condiciones de equidad respecto de los partidos políticos nacionales.

El esfuerzo de una reforma política quedaría inconcluso si no se aprovecha la oportunidad histórica de abrir el sistema de partidos y de acercar a éstos a los ciudadanos. Retomemos el espíritu de la reforma política de 1977 y apostemos a un México plural. Oxigenemos la vida política de México fortaleciendo y fomentando la participación, abriendo más opciones para los ciudadanos.


ATENTAMENTE,

Las falacias contra la representación propocional

Otra de las muy controvertidas propuestas de reforma electoral que presentó Calderón consiste en elevar el tamiz que los partidos deben alcanzar para conservar el registro y adquirir representación parlamentaria del 2% a 4% de la votación nacional emitida. Desde luego, a primera vista puede parecer beneficioso para el sistema político mexicano deshacerse de la recua de chiquipartidos actuales, esa hez integrada por el PVEM, Nueva Alianza, el PT y Convergencia, que no son sino sucios negocios de vivales que fueron capaces de cubrir las condiciones corporativas que impone el código electoral para otorgar el registro a los partidos y que sólo son auténticas patentes de corzo de políticos oportunistas y corruptos como Anaya, Dante y González Torres. ¿Cómo no aplaudir, entonces, la eventual desaparición de tales garitos con una reforma que eleve el porcentaje que deben conseguir para seguir medrando de las arcas públicas? Por supuesto que México saldría ganando si todas estas miasmas desaparecieran. El problema estriba en que dicha medida no va acompañada de una reforma que abra la posibilidad de competencia a organizaciones políticas verdaderamente ciudadanas y representativas.

Ya en un pasado post reflexionamos sobre la necesidad de establecer un triple registro a los partidos que permita a organizaciones de nuevo cuño participar en las elecciones estableciendo condiciones relativamente sencillas de alcanzar para tener derecho a la participación electoral pero que imponga condiciones más estrictas a las actuales para la obtención de prerrogativas y para contar con representación en las cámaras legislativas. Es obvio que al no ir complementado este incremento en el tamiz que los partidos deben alcanzar para conservar el registro y la representación parlamentaria con una apertura a la posibilidad de que nuevas fuerzas políticas acedan a la participación electoral lo que busca Calderón es mantener intacto al oligopolio partidista actual de “dos partidos y medio” (para utilizar los términos duvergerianos), con dos organizaciones, PRI y PAN, con implantación nacional disputándose el poder a nivel federal y un “medio partido”, el PRD, capaz sólo de disputar el gobierno del DF, un puñado de gubernaturas y un número relativamente reducido de diputaciones uninominales y senadurías.

En México urge revalorizar la representación proporcional, hoy víctima de una campaña del gobierno calderonista y tan mal comprendida por algunos de esos “campeones ciudadanos” y demagogos superficiales que señalan a los partidos como los grandes enemigos a vencer. Pese a sus defectos, los partidos, per se, no son enemigos de la representación ciudadana. Quien afirme lo contrario desconoce profundamente la lógica real de la representación política en las democracias contemporáneas. Armar un pretendido “discurso ciudadano” en base de verdades a medias y sofismas producto de pruritos pseudoacadémicos únicamente desemboca en demagogia de lo más vulgar. Obviamente, lo deseable es que dichos partidos sean expresiones reales de opciones políticas legítimas y no sucios negocios como los que padecemos en México con la “chiquillada” producto de nuestra deficiente legislación en la materia. Por ello es indispensable abrir la competencia a la participación de nuevos partidos erradicando las condiciones corporativas y clientelares hoy vigentes. Tratar de erradicar la representación proporcional atenta contra de la gran diversidad ideológica y cultural de México. No debe pasar.

Es hora de abrir la participación electoral en México

Las iniciativas presidenciales presentadas tan a destiempo para la supuesta "reforma del Estado" dejan de lado el que, quizá, sería el tema primordial para la auténtica revigorización de nuestra vida democratica: las reglas que deben funcionar en lo concerniente a la participación de partidos en México. Lo cierto es que desde la promulgación de la ley electoral de 1946, en nuestro país han regido disposiciones muy estrictas destinadas a restringir la participación de nuevos partidos en las elecciones federales y, sobre todo, diseñadas para evitar lo más posible escisiones de última hora en el partido hegemónico. De hecho, en este sentido podemos afirmar que nuestra legislación electoral ha sido un caso sui generis a nivel internacional, ya que prácticamente en ninguna democracia del mundo se exigen tantos requisitos a los partidos y a los candidatos en lo individual para poder participar en las elecciones (salvo, en alguno casos, cuando se trata de elección presidencial, como veremos más adelante).

La ley electoral de agosto de 1918, la primera importante redactada en México tras la promulgación de la Constitución de 1917, establecía requisitos mínimos para que los partidos pudieran participar en las elecciones federales. De hecho, las condiciones se limitaban a la celebración de una asamblea constitutiva que contara con la presencia de por lo menos cien ciudadanos, a la presentación de un programa político y de gobierno, a la impresión de un órgano informativo y a la designación de una mesa directiva. Asimismo, la ley no impedía la posibilidad de candidaturas independientes. Evidentemente, al momento de entrar en vigor esta ley, en México no existía un antecedente sólido de sistema de partidos. Durante toda la vida republicana previa, la política era un juego personalista que dependía de caudillos y de “personalidades fuertes”, además de que la vía electoral no era precisamente la fórmula para garantizar la obtención del poder.

Pero con la formación del Partido Nacional Revolucionario, en 1929, las cosas cambiaron. El nuevo partido tenía pretensiones hegemónicas, y no estaba dispuesto a participar en una competencia electoral justa y equitativa en la que pudiera perder el poder. En los comicios presidenciales de 1940, un hombre salido del propio sistema, el general Almazán, retó con relativo éxito al partido oficial, por lo que seis años más tarde, en preparación para las elecciones de 1946, el Congreso de la Unión aprobó una nueva legislación que pondría obstáculos excepcionales a la participación de nuevos partidos, y procuraba impedir al máximo la escisión de grupos inconformes al interior del PRI.

La ley electoral de 1946 tenía un grado de complejidad notablemente mayor a la de su predecesora. Introdujo el concepto de “registro nacional“ e impuso a los partidos procedimientos difíciles de cumplir para acceder a dicho registro: celebración de asambleas constitutivas en por lo menos dos terceras partes de los estados certificadas por un notario público; contar, como mínimo, con treinta mil miembros a nivel nacional, mil por lo menos en dos terceras partes de las entidades de la República; implementar un programa de educación política y mecanismos de sanciones para los militantes que no acataran los estatutos; una organización interna con Asamblea Nacional, Comité Ejecutivo Nacional y Comité estatal en cada entidad; publicar una gaceta informativa periódica; y tener por lo menos un año de existencia previo a la celebración de los comicios en los que se pretendía participar. Además, la Comisión Federal Electoral, órgano de reciente creación totalmente dependiente de la Secretaría de Gobernación, otorgaba discrecionalmente el certificado de registro. Cabe señalar que a partir de entonces, quedaron suprimidas las candidaturas independientes.

En la década de los años cincuenta, las condiciones para registrar partidos se hicieron aún más difíciles. Tras la campaña del general Henríquez Guzmán, efectuada en los comicios presidenciales de 1952, se elevó el número de afiliados que un partido debía tener de 30 a 75 mil, con un mínimo de 2,500 militantes en por lo menos dos terceras partes de las entidades. Todas estas limitaciones impuestas a la participación de los partidos desalentaron efectivamente la aparición de nuevas alternativas y coadyuvaron decididamente a convertir a los procesos electorales en ritos inocuos que no despertaban el interés de la ciudadanía.

Pero a partir de los setentas, el régimen empezó a preocuparse seriamente por la inutilidad y la absoluta falta de credibilidad de las elecciones. Se trataba de devolverle vida a los procesos electorales, pero sin que por eso corriera peligro la hegemonía del PRI. La ley electoral de 1971 bajó de 75 a 65 mil el requisito de número de militantes a nivel nacional y de 2,500 a 2,000 afiliados en las dos terceras partes de los estados. Con la reforma política de 1977 y la promulgación de LFOPPE se establece una doble vía para obtener el registro: la definitiva y la condicionada. Para obtener la primera era necesario contar con por lo menos 65 mil afiliados (3,000 en la mitad de las entidades federales o 300 en la mitad de los distritos uninominales), y la celebración de una asamblea nacional constitutiva y de asambleas en por lo menos la mitad de los estados o de los distritos; mientras que la segunda se limitaba a exigir a los partidos a los que la CFE decidiera dar una oportunidad excepcional lograr el 1.5% de los votos en una elección federal (diputados, senadores o presidencia).

Sin embargo, a pesar de esta relativa flexibilización, el registro a un partido se hizo más difícil desde el punto de vista del tiempo de existencia previo a la celebración de los comicios, ya que éste se elevó de uno a cuatro años.

Con el Código Federal Electoral de 1987, se puso fin a la figura de registro condicionado. Por último, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, promulgado en 1989, estableció las condiciones para el registro de partidos que actualmente tienen vigencia, siendo las principal, para la figura definitiva, 65,000 afiliados como mínimo a nivel nacional, con 3,000 en por lo menos la mitad de las entidades o 300 en cada uno de la mitad de los distritos electorales; y para el registro condicionado (restaurado por este código), haber realizado permanentemente actividades políticas propias y de forma independiente de cualquier otra organización o partido por lo menos durante los dos años previos a la solicitud de registro. En la actualidad rige la disposición que obliga a los partidos a celebrar por lo menos 20 asambleas estatales o 200 distritales para obtener el dichoso registro, lo que ha dado lugar a una mayor corporativización de del sistema y al exceso de clientelismo.

Es cuando comparamos las condiciones que han estado vigentes en México con las disposiciones en la materia que rigen en otras naciones, que nos damos cuenta que se trata de requisitos exageradamente difíciles de alcanzar, por lo menos en lo concerniente a las elecciones para integrar al parlamento. En la gran mayoría de las naciones europeas, la autoridad sólo considera, en principio, el registro de candidatos individuales. En los casos de sistemas electorales proporcionales puros, se demanda a las personas que aspiren a aparecer en una lista de candidatos reunir un número relativamente reducido de firmas de ciudadanos habitantes en la circunscripción respectiva. En los sistemas uninominales, como Francia y Gran Bretaña, al requisito de las firmas se suma el pago de un depósito que el candidato sólo recupera si rebasa en la votación una determinada proporción de votos.

En América Latina, es más común que la legislación considere a los partidos políticos para efectos de la participación electoral, pero, aún así, las condiciones que se imponen no son demasiado difíciles de alcanzar. Por ejemplo, en Argentina, se estipula que un partido cuente como militantes a por lo menos un número equivalente al 0.4% del total de inscritos en el padrón electoral en un mínimo de cinco provincias distintas. En Bolivia, se demanda a los partidos una militancia que se equipare a por lo menos el 0.5% del total de votos válidos en la elección general inmediata anterior. En Brasil, las principales condiciones son: la celebración de una convención nacional y un mínimo de nueve convenciones estatales, o contar con el apoyo de por lo menos el 10% de los diputados o senadores, o reunir un número de firmas equivalente al 5% del total de votos válidos en la elección inmediata anterior.

Es importante señalar que los requisitos para registrar candidato a la presidencia en algunos regímenes presidenciales o semipresidenciales no son tan sencillas de llenar. Por citar algunos casos, en Rusia, el aspirante a la presidencia debe reunir la nada despreciable cantidad de un millón de firmas, en Estados Unidos, los candidatos tienen que cubrir los requisitos de inscripción que impone cada uno de los 50 estados de la Unión, y en Francia, deberán contar con la firma de por lo menos de 500 funcionarios electos (alcaldes, diputados, senadores etc.) y aportar 100,00 francos como depósito, que recuperarán sólo si rebasan el 5% de los votos a nivel nacional.

Tenemos, entonces, que en México participar en las elecciones no es fácil. ¿Realmente hay justificación para que esto sea así? En la actualidad, son numerosas las voces de quienes sostienen que abrir indiscriminadamente la puerta a nuevas organizaciones y a los candidatos independientes para facilitar su participación electoral iría en detrimento de la estabilidad de nuestro sistema de partidos, el cual apenas se encuentra en una etapa de transición, ya que, según esta óptica, facilitaría la actuación de políticos oportunistas, fomentaría el personalismo y promovería la atomización política. Quienes así opinan señalan que si no logramos consolidar un sistema fuerte y representativo estaremos actuando en contra de la gobernabilidad del país y, eventualmente, se daría lugar a un caos que muy bien podría desembocar en un nuevo autoritarismo.

Pero, por otra parte, hay quienes opinan que en una democracia deben ser los electores los únicos que definan mediante su sufragio cuales son los partidos “fuertes y representativos” y cuales no. Para esta postura, mantener un criterio restrictivo sólo favorece al mantenimiento de los partidos gastados y desprestigiados que hoy tenemos, los cuales no aportan soluciones plausibles a la sociedad, no representan eficazmente a la ciudadanía y no están respondiendo eficazmente al reto de la verdadera competencia electoral. Si, todavía siguiendo esta lógica, aspiramos verdaderamente a vivir una democracia plena, debemos levantar las restricciones que aún pesan sobre la participación de los partidos, e incluso debemos permitir la participación de candidatos independientes.

En realidad, las dos posturas tienen razón en algunos aspectos fundamentales. En México es imperativo garantizar la consolidación de un sistema de partidos fuerte y representativo con el propósito de trabajar en favor de la gobernabilidad, pero también es importante abrir los canales de participación a nuevos actores. Creo que los dos objetivos no están necesariamente reñidos. Hay formas de abrir la competencia y al mismo tiempo evitar la destrucción del sistema de partidos, como lo prueban las experiencias de otros países, donde participar en elecciones es fácil, pero no lo es tanto el acceder al parlamento y al financiamiento público. Es decir, se trata de adoptar en México un triple registro a los partidos.

Aunque ninguna fórmula electoral basta por si misma para garantizar la gobernabilidad de un país, lo cierto es que tratar de impedir la proliferación de partidos débiles en el parlamento siempre ha ayudado a este propósito. Por eso es que debemos pensar en establecer un tamiz alto a los partidos para que estos tengan derecho a representación parlamentaria, digamos, exigir un mínimo de 4% o 5% de los votos a nivel nacional. Ahora bien, para que un partido conserve sus prerrogativas de ley (derecho al financiamiento público, acceso gratuito a medios de comunicación, representación ante el IFE, etc.) se me ocurre exigir por lo menos el 1.5% de la votación. Por último, la participación electoral en las elecciones para integrar al Congreso de la Unión se limitaría a exigir a los partidos un mínimo de militantes equivalente al 0.5% del total del padrón electoral en, por lo menos, la mitad de las entidades federativas, quedando derogada la condición de dos años previos de existencia a la celebración de la elección. Por otra parte, un candidato independiente para senador o diputado podría obtener su registro si consigue la firma de por lo menos un equivalente del 1% de los ciudadanos del distrito uninominal o del estado que pretende representar.

En un régimen presidencial puro como México, el mayor riesgo para la gobernabilidad se encuentra en la posibilidad de que un presidente no cuente con un apoyo por lo menos significativo en el Congreso. Dramáticas experiencias en otros países al respecto (Rusia, Brasil, Perú) son prueba fehaciente de este fenómeno. Es imprescindible para el futuro de nuestro sistema político evitar a toda costa que una situación similar se viva en México, por lo que creo pertinente establecer restricciones especiales a los partidos para poder presentar candidato a la presidencia, como mantener el requisito de los dos años, impedir las candidaturas independientes o imponer un requisito adicional de firmas de, por ejemplo, un millón, para obtener el registro de un aspirante a la primera magistratura.

Se bien que algunas de estas propuestas podrán parecer al lector poco ortodoxas, pero debemos recurrir a la imaginación para enfrentar los problemas que nos irán apareciendo en el proceso de democratización. Por otra parte, reitero que las fórmulas electorales jamás han bastado por si mismas para garantizar el buen funcionamiento de un régimen. Habrá también que pensar en mecanismos constitucionales y en otras ideas para la construcción de una auténtica gobernabilidad democrática.

¿Son necesarias dos vueltas?

Dentro del paquete de reformas políticas que acaba de presentar Calderón se incluye la posibilidad de instituir la elección presidencial a dos vueltas. No debe sorprendernos. A final de cuentas, la mayoría de los regímenes presidenciales y semi presidenciales utilizan en la actualidad este mecanismo para la designación del jefe de Estado. Es por ello importante que los actores políticos realicen un análisis exhaustivo sobre las virtudes y defectos del sistema de dos vueltas para la elección presidencial, sobre todo a la luz de la experiencia internacional, que es bastante elocuente al respecto. Asimismo, vale la pena reflexionar acerca de la conveniencia de adoptar las dos vueltas no sólo a nivel presidencial, sino también para la conformación de los órganos legislativos.

La idea fundamental de la elección a dos vueltas reside en evitar que un presidente llegue al poder con un porcentaje minoritario o relativamente reducido de la votación, lo cual, para muchos analistas, lo deslegitimaría frente al electorado. Según esta lógica, cuando un candidato llega a ganar una elección presidencial con, digamos, un 35 o 40% del a votación esto querrá decir que un porcentaje mayoritario habría votado por alguno de los adversarios y, por lo tanto, indirectamente están en contra de que el ganador gobierne al país. La celebración de una segunda vuelta con los candidatos mejor ubicados daría la seguridad de que el elegido tendría la su favor a mayoría absoluta de los votos y, por lo tanto, mayor legitimidad.

El primer país importante en adoptar la elección presidencial a dos vueltas fue Alemania durante el período de entreguerras. Los redactores de la Constitución de Weimar diseñaron un sistema político que funcionaría en un esquema multipartidista con la presencia de un presidente directamente electo por el pueblo, que serviría, teóricamente, de contrapeso efectivo ante un parlamento (Reichstag) demasiado fragmentado. Como ninguno de los partidos que prevalecieron en la Alemania weimeriana tenía la fuerza suficiente como para conseguir por si mismo un porcentaje demasiado grande de la votación en una primera vuelta, se diseño la realización de una segunda ronda con los dos candidatos mejor ubicados en la preliminar para garantizar que el jefe de Estado llegaría con un máximo de apoyo popular. Sin embargo, el presidente de la República, el general Von Hindenburg, jamás sirvió como una “balanza efectiva” frente al atomizado y anárquico Reichstag, en virtud, entre otras poderosas razones, a que no se identificaba prácticamente con ninguno de los partidos que lo habían postulado en la segunda vuelta como el “mal menor” y, de hecho, ni siquiera era afecto a la República misma.

Décadas más tarde, al establecerse en Francia la V República, se instaura el sistema de dos vueltas para elección presidencial y también para la conformación de la Asamblea Nacional. Como sucedió en la República de Weimar, la segunda vuelta empieza a funcionar en Francia en un escenario multipartidista exacerbado. A partir de entonces, las dos vueltas funcionan con gran éxito: han coadyuvado a simplificar el sistema de partidos y a propiciar en Francia un muy largo período de estabilidad que ha prevalecido incluso en las épocas de “cohabitación”. Vale decir, sin embargo, que el caso francés es único y de cierta manera irrepetible, a pesar de lo que digan algunos adoradores de los mecanismos de V República. Recuérdese que el éxito del sistema en mucho dependió de la presencia al principio de un “hombre fuete”, el general De Gaulle, y no se pierda de viste la enorme madurez que presenta el sistema de partidos francés.

También es importante destacar que el sistema a dos vueltas contribuyó a la simplificación del sistema de partidos francés no tanto por estar vigente para la elección presidencial, sino por que es el método para la integración del parlamento. Al ser electos los diputados en distritos uninominales a dos rondas, los partidos tienen un poderoso incentivo para la formación de coaliciones eficientes y duraderas. Asimismo, no debemos olvidar que el régimen semipresidencial francés implica la presencia de un primer ministro responsable ante el parlamento, lo cual obliga a los partidos a mantener sus coaliciones después de las elecciones.

Siguiendo el ejemplo francés, la segunda vuelta ha sido instituida por el resto de las naciones semipresidenciales europeas (excepto Finlandia) y por la mayor parte de los estados latinoamericanos. Actualmente, México, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Venezuela, Honduras y Nicaragua son las naciones latinoamericanas donde aún se resuelve la elección del presidente con mayoría relativa en una sola jornada, mientras que en Brasil, Colombia, Ecuador El Salvador, Guatemala, Haití, Perú y Uruguay se requiere de una segunda vuelta en caso de que ningún candidato alcance la mayoría absoluta. En Argentina, un candidato se declara vencedor si gana por lo menos el 45 por ciento de los votos en la primera vuelta, y en Costa Rica basta con que rebase el 40 por ciento, de lo contrario, en ambos casos se procede a una segunda ronda. Por último, Bolivia presenta un caso único en el subcontinente, aquí es el Congreso quien decide el nombre del ganador cuando ningún candidato consiga mayoría absoluta en las urnas.

Los defensores del sistema de mayoría relativa aseguran que las dos vueltas en América Latina, lejos de ayudar a consolidar un sistema de partidos fuerte, contribuye a la fragmentación política. El problema fundamental de nuestros países reside consiste en que al no adoptarse las dos vueltas para conformación de la parlamento (ningún país latinoamericano lo hace) y al tampoco funcionar con sistemas semipresidenciales, con un primer ministro responsable ante el parlamento, se pierden los incentivos para mantener coaliciones permanentes, es por ello que la alianzas suelen ser efímeras y construidas al calor del oportunismo electoral. Coaliciones armadas únicamente alrededor de una coyuntura específica y cimentadas tan sólo por el carisma de un candidato popular están condenadas a desaparecer al mudar las fortunas políticas y la popularidad del jefe de Estado.

Se afirma, además, que la mayoría relativa permite a los electores elegir una opción política coherente sobre alternativas claras de gobierno, lo cual permite, a la larga, la consolidación del sistema de partidos. En base a la realización de un exhaustivo estudio empírico, los politólogos Matthew Shugart y John Carey llegaron a la conclusión de que las elecciones de mayoría relativa, contra lo que pudiera pensarse “tienden a inducir la formación de dos bloques en la elección presidencial, mientras que los comicios a dos vueltas, por lo general, son considerablemente más fragmentadas.…Irónicamente, mediante la mayoría relativa es más probable obtener a un ganador por una mayoría electoral genuina que con el método de dos vueltas El candidato que eventualmente emerge ganador de una segunda vuelta por lo general queda muy lejos de obtener una mayoría clara en la primera ronda y, de hecho, casi siempre queda cerca de obtener sólo un tercio de los votos o menos” .

Obtener una cifra relativamente baja de votación en la primera ronda hace a los candidatos que califican a la segunda demasiado dependientes del apoyo de los partidos medianos y pequeños que fueron eliminados. Asimismo, otro problema que emerge con las dos vueltas es que se agudiza el problema de la personalización de la política, al darse, como de hecho se da, mucha más importancia a la persona del candidato que a los programas y propuestas de gobierno. Si bien es cierto este fenómeno esta presente en casi todos los regímenes políticos actuales, por su naturaleza es lógico que en las dos vueltas se acentúa aún más la importancia del candidato sobre los programas.

La experiencia latinoamericana con las dos vueltas a partir de la democratización de los años ochentas y noventa da claros ejemplos de la inestabilidad que puede generar la elección de un presidente que ha ganado únicamente en base a su carisma pero que no cuenta con una base partidista sólida. Los casos de Collor de Mello en Brasil, Fujimori en Perú, Bucaram en Ecuador, Aristide en Haití y Serrano Elías en Guatemala son pruebas más que convincentes de que las dos vueltas de ninguna manera constituyen un remedio infalible contra la inestabilidad. Por el contrario, las naciones que conservan la mayoría relativa han logrado mantener, en mayor o menor grado, una estabilidad política aceptable, incluso en los casos en los que el presidente no cuenta con mayoría en las cámaras legislativas. Hasta la fecha, todos los casos graves de enfrentamiento entre los Poderes en países de América Latina suscitados a raíz de la última democratización, se han dado en naciones con elección presidencial a dos vueltas.

Desde luego, esto no quiere decir que todas las naciones que utilizan la segunda vuelta están condenadas a experimentar enfrentamientos graves entre los Poderes y que los países con mayoría relativa sean irremediablemente estables. Brasil es un buen ejemplo de una nación multipartidista con elección presidencial a dos vueltas donde el sistema político funciona bien, aunque esto mucho debe al talento político que ha demostrado el presidente. Lo importante es entender que no hay nada escrito en cuanto a la eficacia de las fórmulas electorales, y que sostener empecinadamente que el sistema de dos vueltas son mejores per se es producto de un prejuicio.

En el caso particular de México, pienso que el sistema de partidos no está maduro aún para plantearse la instauración del sistema de dos vueltas, ni para la elección presidencial, ni para la conformación del Congreso de la Unión. Piénsese que, por lo menos hasta el momento, vivimos un régimen tripartidista protagonizado por tres grandes formaciones nacionales sumamente disímbolas ideológicamente entre sí. Imaginar una segunda vuelta en el actual escenario mexicano nos lleva a pensar en un presidente electo necesariamente con el apoyo de dos de los tres actores principales, el cual obtendría un triunfo pírrico muy probablemente condenado a enfrentar una grave situación de inestabilidad una vez que la alianza que lo llevó al poder quiebre ante los primeros intentos de llevar a cabo un programa común de gobierno.

Trabajar por un sistema presidencial estable pasa primero por diseñar mecanismos constitucionales que hagan más viable la relación entre Ejecutivo y Legislativo, más que en insistir en el experimento de las dos vueltas. En el proceso de reforma del Estado que esta por comenzar debemos evitar caer en extrapolaciones y en imitaciones insensatas. Hay que anteponer la necesidad que tenemos de garantizar la gobernabilidad democrática mediante en el establecimiento de un sistema de partidos fuerte y representativo y en la construcción de una clase política capaz y responsable.

Ya que tanto nos cuestan, obliguemos a los partidos a abrirse.

La Cámara de Diputados argentina acaba de aprobar una reforma para hacer obligatorias, abiertas y simultáneas las elecciones primarias para elegir a los candidatos presidenciales en todos los partidos que gocen de personería jurídica, tal y como sucede en Uruguay desde la reforma constitucional de 1997. En general es una buena idea esa de celebrar primarias abiertas. Es cierto que en México PRD y PRI, con las sucias prácticas a las que son tan afectos, nos han dado ejemplos muy claros de lo como no deben realizarse elecciones primarias, y el PAN –por antonomasia un partido “cerrado”- se obstina en celebrar sus procesos de forma cerrada, es decir, en la que participan exclusivamente los militantes del partido, y no como debería de ser, extendiendo ese derecho a cualquier ciudadano interesado bajo la lógica de que se trata de entidades de “interés público” que viven a expensas del erario nacional. Los vicios que hemos presenciado en lo concerniente a los comicios internos mexicanos muy bien podrían corregirse si responsabilizamos al IFE (libre ya de la incompetencia de “maguito” Ugalde) de la organización, supervisión y sanción de estos comicios y si los convertimos en mecanismos abiertos y simultáneos, es decir, en elecciones que se celebrarían obligatoriamente en todos los partidos que disfrutan (¡y vaya que lo disfrutan!) de registro, abiertos a cualquier ciudadano que quiera participar en ellos (con la limitante de que sólo podría sufragar en la elección primaria de un único partido político) y celebradas simultáneamente en una única fecha electoral. Eso ayudaría a democratizar a instituciones tan cuestionadas por sus malas prácticas, derroches y crisis de representatividad.

La crisis de los partidos es uno de los sucesos políticos cardinales del fin de siglo. Rebasados por el vertiginoso desarrollo que experimentan las sociedades democráticas contemporáneas, los partidos han sido relativamente lentos en adaptarse a tantos y tan profundos cambios. Sin embargo, ni de lejos han aparecido, instituciones que logren sustituirlos eficazmente. Incluso para los más escépticos, los partidos son “males necesarios” cuya supervivencia está garantizada aún por mucho tiempo, sobre todo si es que logran responder a las demandas de nuestra época y superan el dilema de representatividad por el que atraviesan al establecer vínculos más plausibles con la sociedad.

En efecto, el principal problema de los partidos se refiere a la representatividad. Los nuevos electores y grupos sociales no se sienten necesariamente identificados con los partidos tradicionales, de ahí que defeccionen hacia opciones de la llamada “antipolítica” (ecologistas, chauvinistas, humanistas, milenaristas etc.), se dejen engañar por “el canto de las sirenas” del personalismo demagógico o autoritario (desgraciadamente tan socorrido aún en América Latina) o, simplemente, se abstengan de cualquier participación política, como sucedió en México con nuestros castos anuladores del voto, que vimos actuar con motivo de las elecciones de este año. Es por ello que en la actualidad presenciamos en todo el mundo, en mayor o menor medida, una tendencia a la democratización de las estructuras internas de los partidos políticos, los cuales pretenden perfeccionar su relación con la sociedad y reducir la casi siempre desproporcionada influencia de las burocracias partidistas, señalada por muchos como la principal responsable de esta crisis de representatividad. Por décadas se estimó que los partidos eran una especie de “ejércitos” para los cuales era imprescindible una estructura férrea y una incuestionable disciplina si es que querían salir victoriosos de la “guerra democrática”. Recuérdese, por ejemplo, la célebre ley de hierro de la oligarquía enunciada por Robert Michels: “quien dice organización dice tendencia a la oligarquía” y la descripción de Max Weber de los partidos, a los que definió como “cuerpos que luchan por el poder marcados por la tendencia a dotarse de una estructura marcadamente dominante”. Ahora bien, uno de los efectos más trascendentes que experimentan, o deberán experimentar, los partidos como parte fundamental de su proceso de adaptación a las circunstancias sociales contemporáneas es el progresivo declive del “aparato”. Para sobrevivir, tarde o temprano los partidos deberán transformarse para dejar de ser los andamiajes rígidos y burocratizados descritos por Michels, Ostrogorski y Weber y convertirse en organismos dinámicos marcados por la desideologización y la descentralización de las decisiones. Los partidos del futuro necesariamente serán menos rígidos y estructurados, pero muy probablemente sean más eficientes en su relación con la sociedad. Desde luego, esta flexibilización no deja de tener sus riesgos. Partidos más laxos podrían caer ante los embates del personalismo, ser más dóciles frente a la excesiva influencia de los medios de comunicación, más proclives a vender la imagen de candidatos como si se tratara de detergente, y más dispuestos a caer en la tentación de convertirse en organizaciones “atrapa todo” dedicadas al oportunismo electoral o a cubrir únicamente necesidades coyunturales. No obstante los riesgos, los partidos están en transición y los cambios se refieren fundamentalmente al reordenamiento de sus estructuras organizativas.

Uno de los aspectos fundamentales de la modernización de los partidos se refiere a la selección de candidatos. Precisamente es en este rubro donde las tendencias oligárquicas mencionadas por los estudiosos se han hecho presentes en la vida de los partidos con mayor evidencia. La selección de candidatos a puestos de elección popular en la inmensa mayoría de los partidos ha estado muy lejos de satisfacer plenamente los principios democráticos, al atender la necesidad de mantener la unidad de acción y criterio de la organización frente al reto que supone la competencia en las urnas. Sin embargo, en la actualidad las fórmulas tradicionales de selección de candidatos son poderosamente impugnadas, incrementándose las voces de quienes opinan deben instituirse mecanismos más democráticos. Las elecciones primarias abiertas son un instrumento indispensable para fortalecer los vínculos de los partidos con la sociedad. Y cada vez son consideradas por más gente como la fórmula del futuro para partidos de todas las latitudes, aunque, reitero, el mecanismo no ha estado exento de problemas, errores y otros obstáculos. No todos lo defienden, y es cierto que en algunos casos los resultados han sido francamente contraproducentes. Lo hemos visto en México, pero eso se debe a que no se ha responsabilizado al IFE de su organización y supervisión.

Pugnemos por hacer obligatorias, abiertas y simultáneas las elecciones primarias o internas de los partidos mexicanos como una forma de hacer efectivo aquello de que se trata de instituciones dizque de interés público, digo, ya que le cuestan tanto a nuestros vapuleados bolsillos.