El Narco en América Latina

México padece una ola de violencia criminal sin precedentes a causa de la creciente presencia del narcotráfico y, desde luego, no es ni de lejos la única nación con problemas de esta naturaleza. El creciente comercio de drogas afecta a gobiernos y sociedades en toda la región, impone su lógica en países productores, de tránsito y de consumo por igual, y en todos los casos establece su dominio territorial mediante la violencia y el terror. Un informe especial del Grupo de Diarios América da cuenta de este fenómeno y alerta sobre algunos de sus efectos más evidentes: más delitos, más deserción escolar y un deterioro acelerado de la salud de la población.

El fenómeno del narcotráfico echa raíces y se extiende por América Latina. Así lo confirman las cifras oficiales recogidas en este reportaje especial sobre el dominio o la territorialización del tráfico de drogas. Cada nación lo sufre de manera diferente. Pero existe un consenso: estamos, como región, ante un problema cada vez más acuciante y un enorme desafío para los gobiernos y las sociedades del continente, corroídos ambos por este flagelo. Es que la venta de drogas ha dejado de ser un mal exclusivo de los países ricos. El consumo de drogas se ha incrementado en la gran mayoría de ciudades de la región, agravando las contingencias de seguridad y de salud pública. Allí donde se comercializa cocaína y pasta base la delincuencia se dispara, crece la deserción escolar y la salud de los ciudadanos (sobre todo la de los jóvenes) se deteriora aceleradamente.

De acuerdo con sus necesidades y con las condiciones políticas, sociales, naturales y geográficas que encuentra en cada país, el narcotráfico se asienta según su conveniencia. Algunos países son productores y exportadores de cocaína, otros son empleados para el tránsito y reexportación de cargamentos ilícitos, y varios más son sólo puntos de venta y comercialización de estupefacientes, meros mercados. Pero siguiendo la lógica que dicta el negocio, esta actividad delictiva siempre reclama para sí el control de territorios, zonas y barrios en los cuales instaura su autoridad por medio de la violencia y el terror. Sucede así en las regiones cocaleras de Colombia y Perú, en los corredores de la droga del norte del Ecuador, en la mayoría de las ciudades froterizas de México, en la larga franja que forma la frontera entre Colombia y Venezuela, en las favelas brasileñas y en algunos barrios marginales de ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba en la Argentina, Santiago de Chile, Ciudad de México, San José de Costa Rica y Lima y Trujillo en Perú.

Desde los años 70 y 80, Bolivia y Perú tuvieron el dudoso honor de convertirse en los principales productores de hoja de coca y pasta base de cocaína del mundo. La conversión en cocaína de estos productos y su posterior envío al resto del planeta estuvo a cargo de traficantes colombianos. Pero desde fines de los 80, por impulso de los carteles de la droga, Colombia se transformó en el primer productor de hoja de coca del mundo. En las últimas décadas, los poderosos cárteles colombianos perdieron en parte de su capacidad de corrupción y dominio territorial. Hoy, según la policía local, sólo existen organizaciones de narcos con fuerte influencia en los Llanos Orientales, desde donde se envía la coca a México y Estados Unidos a través de Venezuela y Brasil. También suelen moverse por la región de Urabá, la Costa Atlántica, el Putumayo, Nariño, el Valle y los límites entre Antioquia y Córdoba. Informes recientes de inteligencia, sin embargo, aseguran que pese a no tener ya el absoluto control territorial, los cárteles colombianos ejercen presión mediante ejércitos privados, conformados por paramilitares desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Su área de influencia comprendería grandes extensiones de cultivos en esos departamentos, ríos y esteros utilizados para sacar la droga hacia las costas y hacia zonas de difícil acceso.

El último estudio de la Oficina contra el Delito y las Drogas de Naciones Unidas, de 2007, muestra que el área afectada alcanza a las 78,260 hectáreas, 9% menos que en 2005 y bastante menos que las 163,000 hectáreas detectadas en 2000, cuando se registró el récord histórico. En la actualidad hay cultivos ilícitos en 23 de los 32 departamentos del país. Según la ONU, en regiones como Antioquia, Nariño, Chocó, Córdoba y Meta -parte de las zonas estratégicas de conflicto y disputa entre las nuevas organizaciones de narcos-, entre 2001 y 2006 crecieron hasta 2% las áreas sembradas. La más perjudicada es la del Pacífico, con un aumento del 68%. En departamentos como Magdalena, Meta, Guaviare, Nariño y Antioquia, estas bandas delinquen en alianza con la guerrilla de las FARC, que financia gran parte de su gasto militar con los dividendos del narcotráfico, aunque ya no a la escala de algunos años atrás.

En el caso de Perú, durante los años del primer boom de la coca (de 1980 a 1995), el Huallaga, una extensa región de la selva central peruana, se convirtió en el paraíso del narcotráfico. En medio de los bosques y los pantanos y con el respaldo de la violencia más criminal que haya sacudido al país (desatada por Sendero Luminoso), prosperaron, se arruinaron, murieron o fueron encarcelados decenas de narcos. Si bien la situación allí ha mejorado, el narcotráfico aún mantiene en vilo a la región.

En el último lustro, los cárteles han comenzado a utilizar a otros países de la región como centros de acopio y reexportación de embarques ilícitos, a fin de evitar los estrictos controles que inspeccionan las cargas provenientes de Colombia, Perú y Bolivia. Venezuela, Ecuador, Chile y la Argentina son las naciones que más se han visto afectadas por esta modalidad. El Departamento de Estado norteamericano calcula que por el territorio venezolano transitan anualmente entre 200 y 300 toneladas de drogas. Los medios de transporte preferidos por los grandes traficantes son los aéreos, por la escasa vigilancia de los cielos venezolanos, especialmente en las regiones sur y oriental del país.

La droga viaja por rutas secundarias desde la Amazonia, para regresar a Colombia a través del departamento de Nariño. Al otro lado de la frontera, se encuentran los laboratorios más grandes para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, con una producción aproximada de 600 toneladas al año. El estupefaciente refinado retorna vía fluvial o terrestre a Ecuador para ser enviado al exterior. El acopio de la mercadería ilegal se efectúa en urbes como Santo Domingo, Quito, Guayaquil. La droga se reenvía, luego, a los mercados internacionales desde puertos de las provincias de El Oro, Guayas y Manabí. En el caso de Chile, su lucha contra las drogas tiene en la geografía un inesperado enemigo. Sus vecinos del norte, Bolivia y Perú, son líderes en la producción de cocaína.

Sin duda, las ciudades que más se han visto afectadas por el avance del narcotráfico en la región son las brasileñas Río de Janeiro y San Pablo. Muchas de sus barrios pobres o favelas hoy son pasto de los narcos. Desde lo alto del conglomerado de 12 favelas -enclavadas en el macizo que se extiende por los barrios de Ramos, Inhaúma, Bonsucesso, Olaria y Penha, en el suburbio de Río-, los traficantes invaden incluso la frecuencia radial de la policía: en una demostración de poder intentan intimidar a los agentes, llamándolos "gusanos" y amenazándolos con matarlos si suben la colina. El dominio territorial de los traficantes es sostenido por armas de guerra como metralletas antiaéreas y fusiles AK-47. Poseen dominio territorial en incontables favelas del Río, comercializan drogas, alquilan armas, subyugan habitantes, pero aún no cuentan con representación política o estructuras profesionales de lavado de dinero, como sucede con la mafia.

Dada la gravedad de lo que ocurre en Brasil, la presencia del narcotráfico en otras ciudades del continente parecerían ínfimos en comparación, pero no son como para ignorarlos. Chile, por ejemplo, cuenta ya con un tentador mercado de consumidores. Hace mucho que Chile dejó de ser un país de tránsito y hoy es totalmente consumidor: consumen escolares, mujeres y adultos. Según cifras del último Estudio Nacional de Drogas de Conace, realizado en 2006, en el país 640,200 personas consumen uno o más estupefacientes. Una situación similar se da en Venezuela. Las estadísticas oficiales indican que en 2007 fueron atendidas 6,604 personas. Esta cifra representa un crecimiento del 1,2% con respecto al año anterior. El crack también está haciendo estragos en Costa Rica. En venta a precios muy accesibles (un dólar la dosis), en cada barrio populoso existe al menos un punto de venta. De esta forma, los traficantes extienden sus redes de distribución de costa a costa y de frontera a frontera. En el transcurso de 2007, los agentes antidrogas desarticularon 284 puntos de venta de esta droga, y en el primer trimestre de este año hicieron lo propio con otros 62. Pero la clientela crece a un ritmo acelerado. En el centro de la capital, unos 2,000 adictos deambulan por un área de escasas 10 cuadras.

Desde luego, México medrece un capítulo aparte. Reportes elaborados por la Procuraduría General de la República (PGR) durante la (des) administración de Vicente Fox señalaban a siete carteles de la droga: los Arellano Félix o de Tijuana; de los Carrillo Fuentes o Juárez; de los Palma-Guzmán o de Sinaloa; de Osiel Cárdenas o del Golfo; de los Amezcua; de los Valencia; y de los Díaz Parada. Ahora, el análisis de la situación actual es que la concentración de la actividad del tráfico de drogas la tienen tres fuerzas: una conformada por el Cartel de Tijuana; otra por el Cartel del Golfo, y una más de los carteles de Juárez y Sinaloa que se han aliado. Ha habido una recomposició, misma que en buena medida es responsable de la ola de volencia actual.

Tradicionalmente enfocadas al tráfico hacia Estados Unidos de marihuana y goma de opio producidas en México y de cocaína y heroína procedente de Sudamérica, las organizaciones han comenzado a incorporarse a la venta de drogas sintéticas como las metanfetaminas, debido principalmente al cambio del mercado. El cambio en el mercado, junto con la captura de algunos de los más importantes barones de la droga, ha llevado a los carteles mexicanos a modificar sus estructuras y a diversificar sus actividades, que ahora no se limitan al tráfico de estupefacientes sino incluso al secuestro como medio de financiamiento. os cambios en los mercados implica una disputa entre ellos, fusiones o alianzas que hacen menos preciso el mapeo de las organizaciones. Los factores de mercado y de busca de nuevos territorios son los que explican la ola de violencia que se desató en México en los últimos años con miles de ejecuciones, algunas con una violencia inusitada reflejada en la decapitación de rivales y policías.

Evidentemente, se hace mención a la necesidad de que Estados Unidos, el mayor centro de consumo mundial, haga mayores esfuerzos en varios frentes: en el consumo de drogas, en el control del tráfico de armas y del flujo de dinero, y en el control de sus puertos del oeste por donde llegan precursores químicos de Asia.

Este Oso opina que el drama del narco seguirá avanzando con sus inusitadas olas de violencia y como un cáncer que devora a las débiles estructuras políticas de Latinoamérica mientras no se aborde de manera frontal la necesidad de recurrir a la legalización de las drogas como única solución viable y racional para terminar con él.