Cinco Estrellas: nuevo partido, viejas ideas

El Movimiento Cinco Estrellas está a punto de hacerse del poder en Italia. Producto del descontento y el hastío en contra “Establishment” político, está organización está a punto de formar gobierno con La Liga, impresentable organización de derecha antiinmigracionista y antieuropa. Cinco Estrellas, un partido joven, conformado en 2010 y que, con un discurso antisistema, se ha abierto un espacio político en un país que por más de veinte años estuvo dividido entre la izquierda y la derecha. Lo ha hecho sin enarbolar ideologías o convicciones políticas claras, pero con formas de organización completamente novedosas: se trata de el primer gran experimento exitoso de la política digital en el mundo, sin dirigencias centrales, sin subsidio público y los candidatos son electos vía internet de manera abierta. Su origen es el blog del comediante Beppe Grillo, estrella de televisión y activista social.

En 2007 Grillo convocó a través de su blog a miles de personas en la Plaza Mayor de Bolonia, en una iniciativa popular de recogida de firmas para prohibir que llegaran al Parlamento políticos condenados judicialmente. La movilización fue el embrión del que dos años después se convertiría en el Movimiento Cinco Estrellas, el “no partido” de los indignados italianos. En este sentido, su contribución política fue absolutamente positiva, ya que dio visibilidad con formas novedosas a un sentimiento generalizado que se palpa en Italia contra la corrupción e ineficacia de los partidos tradicionales.

Pero en 2013 el M5E dejó de ser un mero experimento y se consolidó como un actor político importante. En las elecciones parlamentarias de ese año, y a pesar de que no tenían candidato y sus propuestas apenas iban más allá de la protesta, obtuvieron la mayoría del voto, superando a to dos partidos tradicionales. Hoy cuentan con 45 alcaldías, 15 parlamentarios europeos, 92 diputados, 36 senadores y casi dos mil concejales. Los problemas que implica la responsabilidad del poder no tardaron en aparecer. En 2016, el amplio triunfo de Virginia Raggi a la alcaldía de Roma despertó amplió interés. Sin embargo, la gestión de esta joven “antipolítica” ha sido un desastre. Lo mismo puede decirse de alcaldes de este partido en ciudades más pequeñas. Asimismo, la labor de muchos de sus legisladores ha dejado mucho que desear, incluso en los terrenos del manejo honesto de recursos. Sin embargo, el movimiento mantuvo su auge y en los comicios parlamentarios de este año obtuvo el triunfo, aunque sin mayoría absoluta. Se dice que este éxito de Cinco Estrellas reside precisamente en su inexperiencia. Muchos votantes italianos han optado por darle una oportunidad , pues aunque no se sabe si son capaces de gobernar, prefieren eso a entregarles el poder a los políticos de siempre. ¿Dónde hemos oído eso? 

Hoy  M5E está a punto de gobernar con una ambigua plataforma que combina posturas populistas  de derecha e izquierda por igual, representado en el parlamento por legisladores sin mayor formación política ni experiencia, con el joven Luigi di Maio, de 31 años, como líder y muy probable próximo primen ministro y aliados a la extrema derecha que representa La Liga. 

¿Qué experiencia puede dejar M5E a la construcción de partido políticos en el siglo XXI? Quizá mucho en los terrenos de organización laxa, elección de candidatos y obtención libre de recursos, pero creo que también nos enseña la importancia de mantener bases ideológicas y rasgos identitarios comunes. 

Socialdemocracia y Populismo en el Final de los Tiempos*

 La importancia de la socialdemocracia como una de las grandes tendencias del pensamiento político universal es incuestionable. Mucho contribuyó el siglo pasado en la lucha por el bienestar de la humanidad al constituirse en una alternativa progresista empeñada en conciliar el respeto irrestricto a las libertades individuales y los derechos humanos con la justicia social y el equilibrio económico. Sin embargo, hoy atraviesa por una ingente crisis que para muchos incluso es terminal. En lo que llevamos del siglo XXI se ha producido un creciente declive del modelo socialdemócrata y aunque aún no es un desastre total, si se trata de una decadencia constante y pronunciada. La socialdemocracia había terminado el siglo XX con pronósticos muy optimistas, pero ahora su proyecto ha perdido el rumbo y no existen indicios sólidos de que sea capaz de enfrentar con lucidez los retos de los años por venir. La característica más grave de esta crisis es su casi completa “pérdida de identidad” como una opción política plausible, lo que ha llevado a algunos de los nuevos dirigentes de los partidos socialdemócratas a procurar un “regreso a los orígenes” y reinstaurar los programas, discursos e identidades que caracterizaron a la socialdemocracia durante los años setenta e incluso antes. Este es el caso, por ejemplo, de Jeremy Corbyn en el Partido Laborista Reino Unido, Pedro Sánchez en PSOE español, Benoit Hamon en el Partido Socialista Francés, entre varios más. En otros casos, los socialdemócratas asisten desconcertados e incrédulos al surgimiento de un izquierdismo populista que, en buena medida, enarbola sus banderas tradicionales y les roba segmentos cada vez más grandes del electorado de izquierda, sobre todo el juvenil. Este es el caso de Podemos en España, Syriza en Grecia y La Francia Insumisa, por citar los casos europeos más conspicuos, mientras que en América Latina un poderoso resurgimiento del populismo en personajes como Chávez y su sucesor Maduro, Los Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales y otros más han eclipsado los intentos -muchas veces tímidos- de hacer crecer y consolidar alternativas de izquierda moderada. Un caso similar sucede en México, donde Andrés López Obrador y la opción partidista que encabeza (Morena) monopolizan el panorama político de la izquierda, mientas que el PRD, opción que intentó ser “socialdemócrata” de una forma bastante fragmentaria y torpe, se hunde en el fango.

Incluso mucho del electorado socialdemócrata tradicional ha desertado para favorecer a opciones populistas de extrema derecha, como quedó claro en el voto del Brexit de 2016, las elecciones francesas y neerlandesas de 2017 e incluso en las presidenciales norteamericanas de 2016. En todos estos casos regiones industriales que tradicionalmente simpatizaban con la centroizquierda, pero que han sido particularmente castigadas por la globalización, optaron por cambiar su voto en favor del populismo de derecha. Obviamente, esta pérdida de popularidad también ha afectado a los partidos de centro derecha, pero de una manera menos acentuada. Los grandes efectos de la crisis económica que estalló en 2007 han dañado mucho más en las urnas a la socialdemocracia que a las opciones conservadoras, es cierto, pero también lo es que en la actualidad es toda la democracia representativa la que está en un gran dilema. Por ello han aparecido “hombres fuertes” en el gobierno de cada vez más naciones. Al comenzar el nuevo siglo fue electo presidente ruso Vladimir Putin, quien se ha consolidado de forma descomunal en el poder a lo largo de los últimos 15 años. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el primer ministro húngaro Viktor Orban, el premier de la India Narendra Modi y el mandatario Filipino Rodrigo Duterte también fueron electos democráticamente en las urnas. Lo mismo sucedió con Chávez/Maduro, Corea, Morales y Ortega en Latinoamérica. Todos estos personajes han concentrado tanto poder en sus manos que sus naciones poco se parecen ya a lo que entendemos como una democracia liberal. Prolifera lo que el politólogo norteamericano Fareed Zakaria describió como “democracias iliberales”, es decir: “Regímenes elegidos democráticamente, especialmente aquellos reelectos o reafirmados mediante referendos, irrespetan de manera rutinaria los límites constitucionales y despojan a sus ciudadanos de sus derechos básicos y sus libertades primordiales”. Incluso en China, un sistema tradicionalmente autoritario pero que desde hace tiempo enfatiza el liderazgo colectivo, los medios de comunicación han calificado al presidente Xi Jinping de "Presidente de Todo", como reflejo de la cantidad de poder que ha acumulado, la mayor que cualquier líder chino desde Mao Zedong. 

La tendencia al personalismo tuvo en 2016 un impulso inusitado con la elección como presidente de Estados Unidos de Donald Trump, la cual ha inaugurado una etapa de incertidumbre global, de hecho, un todo un cambio de paradigma instalado como una especie de “Caja de Pandora”. Dueño de un estilo marcadamente personalista, Trump dice detestar a los políticos, personificar “al pueblo” y ser el único capaz de resolver, él solo, todos los problemas de Estados Unidos (I alone can fix it). Triunfó utilizando los estilos y retóricas características de los caudillos latinoamericanos, lo que refleja una profunda fractura social en la otrora principal democracia del mundo. Polarización y desencanto como movilizadores para un gobierno que llega con una “identidad antisistema” y no tiene muy en claro con cuales valores y formas cobrará cuerpo, pero abiertamente gira alrededor del voluntarismo del líder.

Evidentemente, los regímenes personalistas están muy lejos de ser un fenómeno nuevo. Al contrario, han sido la norma durante gran parte de la historia desde los faraones de Egipto hasta los dictadores del siglo XX. Pero tras la ola democratizadora que experimentó el mundo tras la caída del muro de Berlín muchos pensaban que las dictaduras, los cultos a la personalidad y los “hombres fuertes” eran cosa del pasado. Contra los pronósticos de los más optimistas, el personalismo ha vuelto en iracunda vorágine al inicio de este siglo XXI. Casi siempre lo ha hecho con la pretensión de corregir graves desequilibrios sociales. Ante las transformaciones del mundo globalizado los ingresos y las perspectivas de futuro de la gente común se han estancado, si no es que reducido. La indignación cunde contra las elites y las instituciones de representación política. Esto, desde luego, tampoco es nuevo. Líderes mesiánicos y providenciales han aparecido en el seno de sociedades fracturadas desde hace mucho tiempo, pero lo han hecho con la pretensión de instaurar abiertamente dictaduras implacables. Los hombres fuertes de hoy (y mujeres, si pensamos -por ejemplo- en Marine Le Pen) se valen de los métodos de las democracias tradicionales y de los nuevos medios de comunicación para llegar al poder y sostenerse en él. Y si hasta el inicio de la actual centuria liberalismo y democracia se habían sostenido como un binomio indisoluble, ahora vemos como se disgregan. Una parte creciente de los electorados admite que el líder gobierne incluso si ello significa sacrificar derechos liberales. Lo que es tan peligroso de hombres fuertes es precisamente que no sólo desprecian los derechos individuales, sino que lo hacen con el consenso de los gobernados.

La mente popular es incapaz de escepticismo y esa incapacidad la entrega inerme a los engaños de los estafadores y al frenesí de los jefes inspirados por visiones de un destino supremo. Pero con el tiempo las intenciones iniciales se olvidan. La acumulación de poder se convierte en el único fin y las elecciones en el medio propicio para alcanzarlo. Los votos, las mayorías electorales, que en teoría deberían controlar los abusos de poder, sirven en la práctica de subterfugio para justificar los excesos del poder y la violación de las libertades. Los hombres fuertes despiertan grandes ilusiones. Tienen en común la idea de que las cosas pueden cambiar a base de pura voluntad, por ello desprecian a las instituciones y no tardan en socavarlas. Así sucede con los procesos electorales, las cámaras legislativas, el Poder Judicial, los partidos, etc. Como siempre, usan y abusan de la propaganda del miedo y de la mentira. “Miente, mil veces miente y tu mentira se convertirá en realidad”, el famoso apotegma goebbelsiano es la pauta básica de Steve Bannon, principal vicario de la posverdad. Pero depender tanto de la fuerza de “la voluntad” termina en constantes cambios de opinión por capricho, en políticas volátiles, en decisiones erráticas. Por otra parte, los regímenes personalistas han sido casi siempre los más corruptos, los menos transparentes y los más propensos al clientelismo. Llegan los hombres fuertes al poder con un amplio apoyo popular y por lo general comienzan sus mandatos con la aplicación de políticas que gozan de un enérgico respaldo, pero cuando se vuelven impopulares (como sucede con la mayoría de los gobernantes después de algún tiempo en el cargo) no están dispuestos a renunciar al aplauso y al poder absoluto. ¡El Pueblo soy yo, Carajo!, exclamó Chávez. Trump le hizo eco al comandante cuando aseguró en su toma de posesión que con él a la Casa Blanca entraba “el Pueblo”. Convencidos de su capacidad única para canalizar las opiniones de la gente común, los hombres fuertes abuzan del discurso nacionalista, de la manipulación informativa y de la estrategia maniquea de culpar de todo mal a la oposición, a los enemigos internos y externos, y a todo tipo de imaginarios traidores y villanos. Electos como los campeones del pueblo, primero pervierten a las democracias que dominan para hacerlas “iliberales” y de ahí ya no queda demasiado lejos la ruta a la autocracia directa, como lo demuestra en estos días el triste caso venezolano.

El reto de la socialdemocracia actual es hoy exactamente la misma de siempre: asegurar que una proporción más alta y pertinente del crecimiento económico beneficie a la mayor parte posible de la gente y no sólo como una cuestión de justicia distributiva, sino también como la mejor esperanza de evitar el deslizamiento de la democracia liberal a la democracia “iliberal” y de ésta a una autocracia absoluta que barra con las garantías ciudadanas y los derechos humanos. El drama reside, lamentablemente, en que la visión, enfoque y proyecto de los socialdemócratas parece carecer hoy con un esquema sólido con el cual afrontar los retos de la presente centuria. El keynesianismo estatista (inversión pública exorbitante, déficits presupuestales, ampliación del Estado bienestar, etc.) que enarbolan algunos socialdemócratas añorantes de viejo cuño y los populistas ha demostrado, en reiteradas ocasiones, su inviabilidad. No basta con señalar a los “excesos del neoliberalismo” como explicación de los problemas sociales y económicos del sistema capitalista. El viejo estatismo podrá, eventualmente, ganar algunas elecciones, pero terminará en el desastre, tal como lo atestigua la hecatombe venezolana o los fracasos de los gobiernos populistas en Argentina y Brasil. También resulta muy significativa la “vuelta en u” del partido Syriza en Grecia, que mientras estuvo en la oposición sostuvo un discurso ferozmente izquierdista y en el poder se ha limitado a acatar las directrices que le dicta la Unión Europea, el FMI y el Banco Mundial. Se ha hecho evidente que crecimiento sostenido del Estado del bienestar es insostenible debido a las tensiones y paradigmas propios de la globalización y a las ingentes limitaciones de recursos económicos para garantizar más y mejores políticas sociales. El incremento progresivo del peso del Estado en la economía de las naciones se ha convertido más en un pasivo que en un activo para el libre desarrollo de un modelo económico competitivo. Asimismo, el otro gran tema del momento, la corrupción, se hace presente como uno de los principales defectos del estatismo exacerbado. Al amparo del Estado omnipresente la corrupción política y los abusos de particulares en la captación de rentas públicas crecen a la sombra de una escasa transparencia y un ineficiente control.

Asimismo, concurre a la crisis socialdemócrata en esta época de grandes cambios tecnológicos el gran auge de las redes sociales y la progresiva simplificación de todo mensaje político, lo cual redunda a favor de la banalización de la política y de la consiguiente manipulación burda de amplísimos sectores de la opinión pública. Los populistas –de izquierda y de derecha– encuentran en este escenario una vía de penetración impensable hace tan solo unos pocos años.

El regreso al estatismo y recurrir a la simplificación del discurso no es el camino por el que pueda transitar la socialdemocracia del siglo XXI. Con este equipaje, el viaje es menos que imposible. Solo a través de análisis precisos y soluciones actualizadas y audaces que estén a la altura del compromiso exigido por los nuevos tiempos es posible imaginar una democracia con vocación social y progresista. En este sentido, algunos analistas ven una nueva opción ciudadana, alejada a los esquemas corporativos de la socialdemocracia tradicional, pero que manejan un discurso progresista en lo social y de irrestricta defensa de los valores de la democracia liberal y propone poner al tono del siglo XXI las formas y elementos de hacer política. Muchos analistas han nombrado esta nueva corriente “la rebeldía del centro” y tiene a algunos de sus principales representantes en políticos como Emmanuel Macron, Mateo Renzi, Albert Rivera, Martin Schulz y (en su momento) Barack Obama. Quizá en estas alternativas se encuentre la esperanza de ver resucitar en la política mundial una forma de “socialdemocracia renovada” capaz de sostener aquella altura intelectual de los partidos que no asumen un “credo de cruzada”, sino una actitud profundamente crítica del entorno real, y, como lo propuso ya en los años cincuenta el teórico Anthony Crosland “con una filosofía escéptica pero no cínica; independiente, pero no neutral; racional, pero no dogmáticamente racionalista”. Sólo el tiempo hablará de su viabilidad.

*Publicado en el numero del mes de marzo 2018 de la revista Campaings and Elections

Mitos y Realidades de la “Política Ciudadana”*

 En todo el mundo surgen opciones electorales que se auto denominan “ciudadanas” para tratar de distinguirse de la “política tradicional”, actualmente tan desprestigiada. Abundan por doquier candidatos ciudadanos que exponen como su principal virtud en la búsqueda de posiciones políticas la de, precisamente, no ser políticos, e incluso partidos y organizaciones de vieja raigambre adoptan el purificador apelativo de “ciudadano” para ponerse a la moda de los tiempos. Hacia las elecciones presidenciales de 2018 en México el PAN y el PRD bautizan un curioso intento de coalición “pos-ideológica” como “Frente Ciudadano”, al que se suma, gustoso, el Movimiento Ciudadano (no podría ser de otra forma) de ese viejo lobo de la política que es Dante Delgado. Personajes que militaron por décadas en partidos como El Bronco, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter se limpian de todo pecado y pretenden, grotesca impostura, ser candidatos “independientes” junto con decenas de aspirantes más, todos ciudadanos impolutos, pero, eso sí, unos más orates que otros. La pregunta es: ¿De verdad es esta pretendida “ciudadanización de la política” la solución a los graves problemas de representatividad y eficacia que presenta hoy la democracia?

El derecho a votar y ser electo es un binomio elemental en cualquier genuina democracia, tal y como lo establecen todos los instrumentos jurídicos de defensa y promoción de derechos políticos y humanos internacionales. Los ciudadanos, de manera individual, están facultados para solicitar el registro como candidatos independientes a cualquier cargo de elección popular en la inmensa mayoría de los países del mundo. Pero debe frenarse la idealización. Las candidaturas independientes y no son ninguna panacea, sino una fórmula complementaria de la democracia representativa. Exagerar su importancia puede resultar contraproducente y dar lugar a una excesiva personalización de la política y los riesgos autoritarios que ello supone

La idealización de política ciudadana tiende a simplificar las relaciones de poder puede dar lugar a grandes desilusiones, en el mejor de los casos, y a autoritarismos, en el peor. La práctica de adular a los ciudadanos diciéndoles exclusivamente lo que quieren escuchar es tan vieja como la democracia misma y no debe sorprendernos que los pueblos, periódicamente, opten por los más descarados y cínicos demagogos en las urnas. En todo caso, lo que cambian son los medios de propalar los mensajes, los cuales viajan hoy a velocidad de la luz por el internet y las redes sociales. Sorpresa será cuando suceda lo contrario. El día en que la gente opte por un candidato más por su responsabilidad, formación y meticulosidad antes que su carisma o capacidad de emocionar a los electores llegaremos, quizá, también al final de la civilización tal y como la conocemos ahora. Mientras tanto, los recursos de populistas y demagogos seguirán siendo la mejor garantía de éxito electoral.

El discurso ciudadano corre el peligro de al que al confrontarse contra lo político se convierta en una estrategia facilona que haga sentir al electorado como una perpetua víctima de sus gobiernos: pobres hombres y mujeres que son objeto de constantes expolios de los malvados políticos y que carecen de toda responsabilidad alguna en lo que pasa a su alrededor. Se fomenta una hipócrita actitud enfocada a la destrucción de la política responsable y de los esfuerzos por tratar de abordar de manera racional las complicaciones de la vida real, con todas sus enrevesadas contradicciones. El carisma, las simplificaciones, el maniqueísmo y el victimismo sustituyen así la incómoda necesidad de profundizar.  La ciudadanía no quiere pensar, no quiere analizar, no quiere tener que estudiar nada. ¿Habrá alguien que se tome la molestia de leer los programas electorales? Todo debe ser todo masticadito, inmediato, facilito, listo para consumir. ¿Para qué partidos si lo mejor es un ciudadano impoluto y noble?

La antipolítica es un lloriqueo irresponsable que afirma que todos los políticos son iguales. Pero como no ha existido sociedad sin organización y autoridad, ese destierro de “los políticos” no es otra cosa que una invitación a otro tipo de liderazgo. En ese terreno abonado por la antipolítica no tarda en aparecer el caudillo: “Ha llegado la salvación, soy yo”. El líder autoritario es el mesías, el esperado, el cual no puede emerger de entre las estructuras de la política formal ni, mucho menos, llevar a cabo su misión redentora en los lentos y controlados cauces de la institucionalidad democrática. La exasperación con las discusiones políticas, la creencia de que los antagonismos se podrían erradicar si se antepusieran los “intereses nacionales” y que los conflictos sociales son accidentales y eliminables “si se hicieran bien las cosas”, evidencian una concepción de la política como simple gestión de “lo que hay que hacer”. Fruto de ese pragmatismo falsamente desideologizado que recorre este mundo lleno de ya Donalds Trumps, Bepes Grillos, Pablos Iglesias y Hugos Chávez.

Cierto es que los partidos están en profundos problemas, al grado que la viabilidad misma de la denominada “democracia representativa” está en entredicho. La democracia moderna tiene lo que a juicio de muchos es un irresoluble problema de representatividad, un dilema nada fácil de resolver. Por supuesto, no basta con la pretendida asepsia de la “ciudadanización”. Las controversias sobre el tema llegan a ser interminables y las respuestas esquivas. Si bien los organismos tradicionales de representación han perdido legitimidad y eficacia, nada ha surgido aun que pueda desafiar su preeminencia y nada puede vislumbrarse claramente en el horizonte, y más vale entender de una buena vez que el problema de la representatividad no se superará con simplemente aprobar algunas reformas electorales tales como la reelección legislativa, imponer restricciones al proporcionalismo electoral, dar rienda suelta a las candidaturas ciudadanas  y redactar una nueva ley de partidos. Pero mucho puede ayudar trabajar a fondo en la democratización interna de los partidos, lo que implica, en primer término, respetar escrupulosamente las reglas de organización internas, asegurar la participación de los adherentes en la vida del partido, descentralizar la toma de decisiones y propiciar métodos para la rendición de cuentas de la dirigencia sobre cómo se administran las prerrogativas de ley y los recursos públicos.

El vertiginoso desarrollo que experimentan las sociedades democráticas contemporáneas obliga a los partidos a procurar vivir en constante transformación. Por décadas se consideró que los partidos eran una especie de “ejércitos” para los cuales era imprescindible una estructura férrea y una incuestionable disciplina si es que querían salir victoriosos de la “guerra democrática”. Recuérdese, por ejemplo, la célebre ley de hierro de la oligarquía enunciada por Robert Michels: “quien dice organización, dice tendencia a la oligarquía” y la descripción de Max Weber de los partidos, a los que definió como “cuerpos que luchan por el poder marcados por la tendencia a dotarse de una estructura marcadamente dominante”. Para sobrevivir al siglo XXI, los partidos deberán transformarse para dejar de ser los andamiajes rígidos y burocratizados descritos por Michels, Ostrogorski y Weber, y convertirse en organismos dinámicos y flexibles.

Otro tema que ha vulnerado gravemente la credibilidad de los partidos es el del financiamiento. Es fundamental mejorar los mecanismos de fiscalización y ser muy cuidadosos en lo que concierne a las formas en las que los partidos obtienen recursos de campaña, así como vigilar de forma más estricta los topes de campaña. No faltan las voces que claman por finalizar el financiamiento público a los partidos, pero nada mejor que el derecho y en la transparencia como solución para evitar prácticas ambiguas o ilícitas. Las regulaciones sobre el control de los recursos públicos entregados a los partidos deben ser cada vez más estrictas. Ahora bien, el caso mexicano constituye una notable excepción, ya que el Estado otorga cuantiosos recursos a los partidos que han obtenido registro oficial, tras un proceso largo y complicado, y lo hace previo a la celebración de elecciones. El atípico caso mexicano de establecer condiciones muy difíciles de cumplir para que un partido pueda obtener el registro y, una vez alcanzada esta meta, soltar mucho dinero y canonjías ha corrompido notablemente al sistema de partidos. Como lo escribió el ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, “Mucho dinero ha tenido efectos perversos: ha burocratizado a los partidos, elevado sus nóminas, estimulado el clientelismo y los ha alejado de la sociedad. Asimismo, ha encarecido las campañas porque en lugar de que el dinero público inmunizara a los partidos de la adicción al dinero privado, ha atraído más dinero privado”. Dinero llamó más dinero. Los partidos se han convertido en administradores de “vacas gordas”, según expresión de Jorge Alcocer, después de décadas de haber sobrevivido con poco dinero, pero con mucha convicción, sacrifico y trabajo voluntario. Ahí empezaba el ciclo destructor de la mística de la lucha opositora. Para Alcocer “el dinero en exceso pudrió a los partidos”.

En México debe cambiarse la política de financiamiento a los partidos, pero ello pasa por una reforma electoral que elimine el proteccionismo del que disfrutan en la actualidad las organizaciones tradicionales. Se debe entender de una vez que en las democracias actuales existen criterios escalonados en lo concerniente al registro de los partidos políticos. Es decir, se exigen diferentes condiciones a los protagonistas electorales para participar en elecciones, recibir recursos públicos y acceder a la representación parlamentaria. Se necesitan condiciones más estrictas que las actuales para la obtención del financiamiento, el cual deberá cederse únicamente después de celebrada la elección y solo a las organizaciones que han demostrado poseer un mínimo de representación social real, tal y como sucede en la inmensa mayoría de las democracias actuales.

Como lo ha dicho Seymour Martin, nada erosiona más la vida democrática como el desprestigio y la parálisis de los partidos y su incapacidad para ofrecer respuestas eficaces a las demandas de la ciudadanía. No basta con reformar las instituciones y las reglas de la política sí se carece de una visión estratégica que permita recuperar la credibilidad en la política, hacerla eficaz y reconectarla con la gente. La labor demanda una genuina voluntad de la clase gobernante de transformarse a fondo para incrementar la participación popular en los procesos de toma de decisiones, ampliar los horizontes de ciudadanía, establecer mecanismos más efectivos para el combate de la corrupción. Si no se tiene en mente todo esto cuando hablamos de modificar un sistema político, los cambios podrían terminar por ser percibidos como superficiales o meramente cosméticos por la opinión pública.

También es posible que, dentro del maremágnum del nuevo orden social, cuyas estructuras están aún por definir, las formas de la democracia puedan renovarse y fortalecerse con aportaciones originales plausibles y modelos inspirados en prácticas comunitarias no necesariamente electorales. Movimientos, colectivos, organismos no gubernamentales y una enorme cantidad de grupos no vinculados con los mecanismos de organización política tradicionales ni interesadas en la participación electoral trabajan enfocados en abordar temas específicos. Renovar la democracia pasa por otorgar más poder de decisión a un mayor número de actores sociales, con un espíritu abierto que destierre la anacrónica idea de que sólo la acción gubernamental es suficiente para atender los temas sociales. Se requiere incorporar la energía e iniciativa de la sociedad en la formulación de un cambio razonado y participativo. Ello demanda descubrir nuevos términos de la relación humana; remoción de prejuicios, una vigorosa revaluación intelectual, anímica y organizacional y estar preparados para tomar más decisiones entre más alternativas y con más participación.

*Publicado en Campaing & Elections México 

El Impeachment a Dilma y el “Presidencialismo de Coalición”

La escandalosa caída de Dilma Rousseff ha abierto nuevamente la polémica en torno a la viabilidad del sistema presidencial. Se critica al presidencialismo porque, presuntamente, propicia la personalización del poder, da lugar a una legitimidad democrática dual parlamento/presidente, establece mandatos rígidos y prevalece en él un “juego de suma cero” donde el jefe del Ejecutivo puede integrar a su gobierno exclusivamente con miembros de su partido sin importar el margen con el que haya obtenido la victoria en las urnas. Pero un análisis de la experiencia histórica reciente de América Latina nos demuestra la insuficiencia de datos empíricos para sustentar la afirmación de que el sistema presidencial irremediablemente lleva al caos.

No todos los presidencialismos son idénticos. En cada país el sistema presidencial se adapta a las circunstancias nacionales específicas, creándose así diferentes variantes. En algunos casos se han adoptado algunos rasgos propios de los sistemas parlamentarios que coadyuvan a la implantación de una relación más fluida entre el Ejecutivo y el Legislativo, tales como el nombramiento de un primer ministro políticamente responsable -en mayor o menor grado- ante el parlamento; la aprobación de los miembros del gabinete por parte del Poder Legislativo; la censura parlamentaria a los miembros del gabinete; y la solicitud gubernamental de la cuestión de confianza al Legislativo. Pero el mecanismo que ha resultado clave en la renovación del presidencialismo latinoamericano es la capacidad demostrada por los partidos de formar coaliciones estables de gobierno, lo que algunos analistas han llamado “presidencialismo de coalición”.

El estudio de las coaliciones se ha circunscrito casi siempre a los sistemas parlamentarios, donde su conformación es casi siempre un imperativo institucional, y se relega su importancia en los regímenes presidenciales. La formación de coaliciones es hoy clave en la consolidación de los presidencialismos latinoamericanos. Desde principios de los años sesenta a la fecha se han formado casi 90 coaliciones en América Latina, destacando los casos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay. El éxito del presidencialismo de coalición llevó a México a aprobar una reforma constitucional en virtud de la cual el presidente tiene la facultad de optar “en cualquier momento” por formar un gobierno de coalición.

Particularmente exitosa había sido la experiencia de Brasil en el presidencialismo de coalición, país que vivió una estabilización palmaria durante los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, Luis Ignacio “Lula” da Silva y el primer mandato de la propia Dilma. Las coaliciones contribuyeron al funcionamiento del régimen democrático al garantizar a los gobiernos un apoyo parlamentario efectivo y estable para sus políticas, factor que redujo considerablemente los riegos de inestabilidad producto de un eventual enfrentamiento entre los Poderes del Estado. Sin embargo, esta estabilización tuvo un precio: las alianzas se lograban en buena medida gracias que se “aceitaban” mediante pactos clientelares y tolerancia a la corrupción, defecto que, por cierto, mucho se ha visto en regímenes parlamentarios (Italia y Japón son buenos ejemplos de ello). Hoy que ante la crisis económica se ha desvergüenzas añicos la coalición de gobierno en Brasil, los críticos del presidencialismo han vuelto al ataque, pero a pesar de lo desenfrenos a veces grotescos del impeachment a Dilma, lo cierto es que no se ha verificado todavía una debacle institucional. En todo caso, los electores sabrán cobrarle en las urnas a aquellos políticos y partidos que hayan cometido desvergüenzas y atropellos.

El presidencialismo de coalición ha demostrado su efectividad y no debe ser abandonado como opción de estabilización política, mucho menos ahora que los partidos tradicionales encaran una profunda crisis de credibilidad y que la ciudadanía es cada vez más plural y exigente. 

Liberales en la encrucijada

Mal, y mucho, la están pasando dos de los partidos liberales más significativos de Europa, y eso que ambos lograron hace poco reingresar al gobierno después de muchos años (décadas, en el caso británico) de ostracismo en la oposición. Me refiero a los alemanes del FDP y a al Lieral Party de Nick Clegg.

En Alemania el liberalismo esta pasando de obtener un excelente 14.6% en las elecciones generales más recientes, que les permitió firmar una coalición con la Unión Demócrata Cristiana de Angela Merkel, a poner en duda incluso su supervivencia parlamentaria, de acuerdo a lo mal posicionado que está en las encuestas. El gran responsable de esta debacle es Guido Westerwelle, máximo dirigente liberal, convertido hoy en  uno de los políticos menos populares del país.  El elocuente ministro de relaciones exteriores alemán de 49 años ha sido acusado de aguda ineficiencia al frente de la diplomacia alemana, nepotismo en beneficio de su pareja -el empresario deportivo Michael Mronz- y de un manejo bastante torpe frente al semiescándalo  de Wikileaks. Más grave que los traspiés del frívolo Westerwele ha sido embargo la pérdida de identidad de los liberales. El matrimonio en la centro-derecha alemana  ha redundado en un abrazo del oso (y no de Bruno) para el más chico. Los liberales han logrado que muy poco de su programa pro empresa privada y anti estatista sea adoptado por el gobierno. En marzo habrá comicios locales en el rico Land sureño de Baden-Württemberg. Un mal resultado liberal en esta región tan dinámica económicamente y tan propensa  al liberalismo seguramente sellará la suerte de Westerwelle en el próximo congreso federal del partido, que será en mayo.




Los liberal-demócratas británicos están también hundidos en las encuestas a menos de un año de la formación de la coalición gubernamental con los tories. Nick Clegg  ha caído al papel de héroe pre-electoral a Judas de la política británica -como él mismo ha reconocido en una entrevista a la revista Prospect, y su partido no ha logrado convencer a la gente de que los rudos ajustes presupuestales aprobados en la Gran Bretala hubiesen sido peores sin ellos en el poder. El pronblema de los liberales-demócratas es también de identidad. El tradicional Partido Liberal se fusionó en los años ochenta con una escisión de los laboristas, por lo que sus tradicionales postulados debieron correrse a la izquierda, un fenómeno que se fue agudizando en los años noventa, durante los gobiernos de Blair, así los liberales incluso pasaron a estar más a la izquierda que los laboristas. Por ello es que el pacto de coalición con el Partido Conservador cayó en el hígado de muchos de sus militantes  sobre todo enlas zonas urbanas. Es un descontento con el que Nick Clegg ya contaba y que esperaba ir superando con el tiempo y con el argumento de que ni tenían votos y escaños para gobernar, ni podían mantener al desgastado Partido Laborista en Downing Street, ni podían dejar pasar la oportunidad de moderar el radicalismo conservador de los tories gobernando con ellos, ni, quizás por encima de todo, podían dejar pasar la oportunidad de ejercer el que parece su destino electoral en el mejor de los casos: demostrar que las coaliciones son una forma de gobernar más democrática y tan eficiente como las mayorías absolutas.

Pero estas explicaciones no le han servido de nada al pobre de  Clegg. La revuelta estudiantil contra el significativo aumento de las tasas universitariasha sido la gota que derramó el vaso.  Los sondeos otorgan a los liberales-demócratas una intención de voto de entre el 11% y el 8%, frente al 23% que lograron en las elecciones de mayo pasad para mayo los británicos serán llamados a referéndum para aprobar o rechazar una reforma electoral que de lugar a alguna forma de proporcionalismo electoral en la Gran Bretaña y con los liberales (principales beneficiarios de la reforma) convertidos en objetivo del voto de castigo,  las posibilidades de que gane el sí empiezan a parecer muy remotas, y un revés en ese referéndum podría sentenciar a muerte a la coalición.

El contraste de dos poderosas damas

El cambio de año nos ha ofrecido un contraste interesante entre dos de las mujeres dedicadas a la política más importantes del mundo. Por un lado tenemos a la nueva presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, cuya primera decisión importante luego de tomar posesión fue dar a conocer su plan de privatizar los aeropuertos, una medida sumamente significativa porque marca una distancia con Lula, quien siempre rehuyó tomar este tipo de decisiones por miedo a ser considerado un "privatizador". De hecho, aplicar este calificativo fue estrategia del PT frente a sus rivales del partido socialdemocrata PSDB, del expresidente Fernando Henrique Cardoso. Bien por la presidenta, a quien le urge demostrar que es algo más que una protegida de su popular antecesor.



Y esto es una nueva muestra, una más, de que más allá de la parafernalia demagógica de los neopopulistas, de los lugares comunes de la izquierda y de tanto bla, bla, bla, la verdad es que los gobiernos progresistas de América Latina gobiernan obedeciendo a pie juntillas los cánones contenidos en el perverso "Consenso de Washington" (ñaca, ñaca).

Más desapercibida, pero sin dejar de ser importante, pasó la noticia de la derrota del candidato republicano al Senado en el estado de Alaska, el loquito Joe Miller, un ultraconservador que ganó la nominación del partido republicano apoyado por Sarah Palin derrotando a la senadora en funciones Lisa Murkowski, republicana moderada y enemiga de Palin. La senadora no se resignó a su derrota en las primarias y decidió postularse como candidata independiente. Dentro de uso ideario político, Miller asegura que el calentamiento global es un fraude, que el aborto debe ser declarado ilegal incluso en casos de incesto, violación y cuando esté en peligro la vida de la madre, y se aventó la puntada de poner a la extinta RDA como un buen ejemplo de control efectivo sobre el flujo de tráfico en las fronteras.

Después de un complicado recuento, Murkowski fue declarada vencedora el 30 de diciembre. La derrota de su protegé justo en el estado donde fue gobernadora pone, otra vez, en perspectiva la victoria republicana de este año: los ultraconservadores como Palin tienen una muy limitada fuerza electoral y no todo el Tea Party  debe se identificado con estos fanáticos. Palin fue una de las derrotadas de los comicios de este año, pese lo que algunos opinólogos ignorantes y superficiales en México afirmen lo contrario.

Chávez aprende a hacer fraude a la gringa

No cabe que es sumamente defectuosa es la democracia gringa. Innumerables e ingentes vicios la afectan. Van sus desventuras desde el alto abstencionismo hasta el fraude abierto, pasando por el abrumador encarecimiento de las campañas, el exceso de influencia de los lobbyngs y grupos de presión, la ausencia de un sistema electoral federal verdaderamente confiable que se responsabilice de los comicios a nivel nacional, la falta de controles eficaces que moderen los financiamientos de campaña, y un largo etc. Uno de los tantos problemas de esta democracia pretendidamente ejemplar es el llamado Gerrymandering, que consiste en delinear las circunscripciones electorales para favorecer arbitrariamente a un bando. Lo hizo por primera vez en 1812 un gobernante de Massachussets de nombre Eldridge Gerry, quien redibujó la geografía electoral para favorecer a los republicanos . Los periodistas vieron que una de las nuevas circunscripciones creadas se parecía a una salamandra (Salamander, ver imagen). Por eso bautizaron el ardid del gobernante como Gerrymandering. Un buen ejemplo contemporáno de este ardid se puede ver en la forma en que los republicanos redelinearon un distrito electoral en Texas, y para nada es la excepción: casos como este abundan.

Pues bien, el inefable y vociferante Hugo Chávez, autoproclamando adalid anti-imperialista, quien despotrica constantemente en contra Estados Unidos y su deficiente democracia, bien ha sabido imitar de sus odiados gringos este vicio de Gerrymandering para poder imponer una mayoría artificial en las pasadas elecciones parlamentarias venezolanas. Por ejemplo, : la oposición logró en Caracas el 47.8% de los votos frente al 47.7% que logró el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV). Pues bien, de los siete diputados en juego, Chávez se llevó seis y la Mesa de la Unidad Democrática sólo uno. ¿Cómo es esto posible?

Informa El País que Chávez pudo diseñar una reglamentación electoral a la medida justa de sus necesidades, habilitado por la mayoría absoluta de la que ha gozado su partidos en el parlamento venezolano. Como informa El chavismo reformó la ley del sufragio y participación política en diciembre de 2009. De esta reforma resultó que las regiones menos pobladas del país tienen ahora más representación en el Parlamento y cada uno de los diputados que se eligen allí cuesta menos votos que en los estados más grandes.Un ejemplo muy claro es Amazonas, un estado pobre y despoblado, donde un diputado se elige con 20,000 votos. Sin embargo, en el estado de Zulia, un estado petrolero donde tradicionalmente ha ganado la oposición, se requieren unos 400,000 votos para ganar un escaño.

Además del cambio de proporcionalidad, la ley de Chávez también cambió el diseño de las circunscripciones electorales para favorecer al chavismo en número de diputados en aquellos lugares donde es más fuerte. Ahí están los casos de Mérida y de Miranda. Como informa la prensa hoy en la mañana, en Mérida, el PSUV se lleva cuatro de los seis diputados en juego, pese a que la lista de la Mesa de la Unidad Democrática tiene el 50.04% de los votos y la de Chávez, el 48.7%. Y en Miranda, más de lo mismo: el comandante presidente -así lo llaman sus fieles- se lleva cinco de los diez diputados, pese a que sólo lograron el 41,4% de los votos frente al 57% que consiguió la oposición..

¿Más ejemplos? Los hay, si seguimos con la revisión que aportan distintos medios en internet. En Carabobo, la lista de la oposición logra el 53,66% y la de Chávez tiene el 43,04%, pero pese a ganar por 10 puntos, el reparto de las demarcaciones electorales hace que de los 10 escaños la oposición se lleva sólo tres y Chávez seis, aunque faltan aún los datos de una circunscripción. Y hay todavía otro dato muy interesante: los nueve estados donde se concentra el 67% de la población electoral del país (Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Lara, Miranda, Táchira, Zulia y Distrito Capital, cinco de ellos gobernados por la oposición) eligen el 53% de los escaños (87 curules). Otro grotesco ejemnplo de Gerrymandering lo da el municipio Sucre elige varios diputados, por ser muy populoso. Está compuesto por 5 parroquias. 3 parroquias son de barrios pobres: Mariches, Caucagüita y La Dolorita. 1 es mixta y es la más populosa: Petare (compuesta por barrios como José Felix Ribas pero también urbanizaciones como Palo Verde), Y finalmente la parroquia Leoncio Martínez (donde está la urbanización de clase media alta llamada El Marquás). El CNE decidió sacar de esa circunscripción electoral a la parroquia Leoncio Martínez y llevarla a la circunscripción de los municipios Baruta y El Hatillo (también de clases medias y media alta), donde siempre gana la oposición. Se creó una circunscripción que elegirió dos diputados. De esta manera, queda el municipio Sucre un poco menos populoso, pero casi todo integrado por barrios populares, y se une para elegir dos diputados con Guarenas y Guatire, y queda la parroquia Petare sola, eligiendo un diputado.

Gerrymandring en su más burda expresión, aunado al clima de atosogamiento a la oposición, el abuso en la repartición indiscriminada de recursos públicos, el retraso sospechoso e injustificable de más de ocho horas en la aportación de los primeros resultados por parte de la autoridad electoral (cuando pasa en México la izquierda lo llama fraude), y la prohibición de hacer encuestas de salida hacen que la presunta democracia venezolana siga en entredicho.

Aprender del Reino Unido

Muy pocos opinadores políticos mexicanos se han tomado la molestia de sopesar el actual proceso electoral británico desde la óptica mexicana actual, y muy concetamente desde el punto de vista del proceso de reforma electoral que vivimos.

Primero, a la vista de todos los que lo quieran entender lo quieran ver está la relatividad del concepto ese de que reelegir a los parlamentarios es una forma de "catigar" o de "premiar" a los diputados por su labor individual. Hoy vemos en el Reino Unido una implacable personalizacón de la política. A quien se premia o se castiga es al primer ministro y la gente, en la inmensa mayoría de los casos, no sabe ni como se llama el miembro del parlamento del distrito donde vive. Prueba de ello es la imparable y poderosa fuerza de las imágenes mediáticas (fenómeno, por cierto, para nada nuevo) de los tres principales candidatos.

Y segundo, la necesidad que tiene la política británica -cuyo sistema electoral es el arquetipo universal del uniniminalismo- de adoptar correctivos proporcionales en su forma de elegir al Parlamento para contrarestar la conspícua injusticia que representa anular en los hechos millones de votos de electores que optan por terceras opciones.

Y mientras todo esto sucede en una de las democracias más importantes del mundo, en México "sesudos" opinadores ("politólogos", intelectuales divas y ex eminancias grises) añoran el sistema uninominal puro esgrimiendo argumentos decimonónicos.

Ojalá que muchos de nuestros opinadores se asomaran, aunque fuese sólo un poquito, a ver lo que sucede en el mundo.

"Ciudadanos" contra políticos: el caso de Italia

Por fin pude ver la estupenda película Il Divo, basada en los últimos años en el poder de Giulio Andreotti, viejo zorro de la política italiana durante un periodo asaz turbio y complicado. Cuando uno reflexiona sobre un político profesional como Andreotti, siete veces jefe de gobierno y sempiterno dirigente de la desaparecida Democracia Cristiana, no se puede evitar darse cuenta de cuán falaz es el discurso pretendidamente "ciudadano" que algunos esgrimen para tratar de enterrar a la clase política con el agumento de que los políticos no están a la altura de los "impolutos" ciudadanos a quienes dicen representar. Italia es el caso más claro que demuestra la falsedad de ese discurso que hoy abajofirmantes y anulistas nos quieren endilgar en México. La vieja clase política italiana fue barrida por corrupta para ser sustituida por unos gobernantes aún más corruptos, ineficientes y pedestres pero, eso sí, muy "ciudadanos". Silvio Berlusconi es su epítome.

"Que todo cambie para que todo permanezca igual"; la vieja fórmula gatopardiana cobró plena vigencia en su país de origen. Tras varios años de haberse suscitado la histórica rebelión de un electorado harto de inestabilidad y corrupción, que llevó a la espectacular caída en desgracia de casi la totalidad de la clase política tradicional, los italianos son testigos hoy de como sus nuevos dirigentes no solo han sido incapaces gobernar con honradez y eficacia, sino que son aún más venales y frívolos que sus vilipendiados antecesores. Se trata, como la definió Indro Montanelli, de una generación de “políticos pigmeos”, que hacen aparecer a los turbios Andreottis, Craxis, La Malfas y Martellis del pasado como estadistas añorables.

Por cierto que una de las pocas reformas que concretó la nueva clase política italiana tiene que ver con una propuesta hoy en boga en México: la reduccióin de los espacios para la representación proporcional en el Parlamento. Uno de los males principales que le reprochaban a la llamada Primera República italiana (el sistema que sustituyó a la monarquía parlamentaria tras la Segunda Guerra Mundial) consistió en el exceso de poder que ostentaban sobre el sistema político las burocracia partidistas, fenómeno al que se le conoce como partitocrazia. La solución de los aladides ciudadanos de allá fue aprobar una reforma para hacer que la mayoría de los escaños parlamentarios fueran electos en distritos uininomilaes dizque para que "los parlamentarios tuvieran un contacto más directo con los ciudadanos". Muy ponto se comprobó la ineficacia de dicha medida. Los parlamentarios siguen dependiendo en la misma proporción que antes de las burocracias partidistas y la partitocrazia goza de cabal salud en Italia. ¿Por qué, pues porque los partidos tienen varios mecanismos internos para lograr disciplinar a sus cuadros palamentarios, y eso es válido tanto para sistemas parlmentaristas como para los presidenciales. Cualquiera que se tome la molestia de conocer a fondo estos sistemas se dará cuenta que con la mera implantación de recetas facilonas no basta para obtener resultados genuinamente si no se atacan también los vicios, usos y prácticas que están más arraigadas en una cultura política disfuncional comno la italiana (o la mexicana, para el caso) como lo son el clientelismo, el patrimonialismo, el corporativismno, etc. ¿Cuándo entenderán esto los abajofirmantes? ¿Cuándo se van a poner a estudiar política comparada nuestros politólogos?

En Italia, bajo estas "ciudadanizadas" nuevas reglas electorales se celebraron los comicios de 1994, los cuales marcaron el fin definitivo al viejo sistema de partidos. La Democracia Cristiana sucumbió para dar lugar a formaciones centro derechistas pequeñas. El Partido Socialista desapareció definitivamente de escena. En cambio, surgió como la principal fuerza electoral la formación Forza Italia, una coalición de personalidades y grupos de derecha capitaneada por el empresario y ciudadano Silvio Berlusconi, quien fue designado por el Parlamento para formar gobierno gracias a la alianza que entonces concertó con el líder de los neofascistas (ahora disfrazados bajo nueva denominación) Giafranco Fini y en el dirigente de la Liga Norte, el enjundioso Umberto Bossi.

Todos esperaban que la administración de Berlusconi fuera revolucionaria. Después de todo, se trataba del ascenso al poder de una clase política completamente nueva, "ciudadana", sin nexos con los viejos partidos ni con los intereses que estos representaban y, por lo tanto, comprometidos únicamente con el cambio. Además, la representación proporcional había mnguada en favor de un sistema que supuestamente permitía mayor contacto (y, en consecuencia, mayor rendición de cuentas entre el ciudadano de a pie y su diputado). Pero las esperanzas de reforma fueron nuevamente desairadas. El gobierno de Berlusconi y de sus aliados Fini y Bossi navegó el la indecisión y la mediocridad, hasta que cayó víctima del mismo mal que había llevado a la vieja clase política al desastre: la corrupción. En 1996 se hicieron necesarias nuevas elecciones generales, las terceras en cuatro años, de las que salió triunfante la centro izquierdista Coalición del Olivo, formada principalmente por el Partido de la Izquierda Democrática, la cual postuló como candidato a primer ministro al ex democristiano. Romano Prodi, hombre de poca experiencia política, pero que se había destacado como un gran administrador. También fracaso estrepitosamente. Hoy Berlusconi está de nuevo en el poder con una serie de sumarios anticorrupción que lo persiguen y con el país estancado económica, social y políticamente.

Es evidente la diminuta dimensión de la nueva clase política italiana, integrada por magnates egocéntricos, neofascistas renovados, independentistas mesiánicos y comunistas reconvertidos en socialdemócratas. No hace mucho, mediante una genial alegoría, Michelangelo Bovero imaginó el más execrable régimen posible, la Kakistocracia, resultado de la nefasta combinación de las peores formas de gobierno: tiranía, oligarquía y oclocracia, en una crítica apenas velada contra tres de los principales dirigentes de la Italia actual: Fini, Berluscuni y Bossi.

Lo que sucede en Italia es una advertencia, por cierto que no la única, que debemos tomar en cuenta en México cuando escuchamos las voces seráficas de nustros adalides ciudadanos: no basta con la disolución de una vieja clase política corrompida e ineficaz para garantizar el éxito de un régimen democrático, si quienes la relevan en el poder son aún más corruptos e ineficaces. Y menos aún si a corrupción e ineficacia sumamos demagogia, populismo y mesianismo.

Las inminentes elecciones británicas y sus lecciones para México y sus abajofirmantes.

Se acercan las elecciones en Gran Bretaña y para México estos comicios representan una oportunidad muy especial para comprobar como funcionan en la realidad ciertos mecanismos electorales que ahora mismo algunos (el gobierno de Calderón, para empezar) nos quieren vender como si se tratase de la última Coca Cola en el desierto. En concreto, me refiero a la reelección parlamentaria y a la guerra que se pretende declarar en contra del proporcionalismo. El Reino Unido tiene un añejo sistema electoral donde no existe representación proporcional y, por lo tanto, todos los miembros del parlamento son electos en distritos uninominales, lo cual, desde la óptica de nuestros frívolos adalides de la democracia "ciudadana" es ideal ya que permite, se supone, que exista una relación directa entre representantes y gobernados y, por lo tanto, los electores se ven en la posibilidad de aprobar o censurar con su voto la actuación del diputado de su distrito. Eso sencillamente es falso. Lo es en el caso del Reino Unido y lo es en el de otras naciones que carecen de representación proporcional (el de Estados Unidos es un ejemplo sui generis y difícilmente ejemplar, como lo hemos visto en otros post del Oso Bruno). Los electores asisten a las urnas no con el afán de "premiar" o "castigar" la labor de su representantes en concreto, sino para elegir al gobierno nacional. Encuestas más o menos recientes (2004) efectuadas en el Reino Unido demuestran que poco menos del 30% de los ciudadanos que asisten a las urnas sabe el nombre del representante de su distrito ante el Parlamento de Westminster, y que la abrumadora mayoría vota teniendo en mente quien será el próximo primer ministro y no como reacción a la forma particular en que el diputado del respectivo distrito se haya desempeñado en lo personal.

En mayo los británicos eligiran entre dos candidatos: Brown o Cameron, y quien afirme lo contario sencillamente no conoce al sistema político británico. Y si uno se asoma en el resto de las democracias europeas, latinoamericanas e incluso asiáticas la actitud del elector es practicamente idéntica: asiste a votar en los comicios generales sabiendo qué lo que está en juego es la formación de un gobierno nacional y por lo tanto vota antes por el partido que por el candidato, cuyo nombre incluso ignoran en la inmensa mayoría de las veces. Y si esto sucede en el Reino Unido y en naciones sin representación proporcional como Canadá, Chile, Francia y otros más, con mayor razón se experimenta en países donde priva l proporcionalismo como Brasil, Argentina, España y un largo etc.

Otra lección que deberían sacar los abajofirmantes del caso británico (si de verdad tiene algo de honestidad intelectual) es la apremiante necesidad que tiene el Reino Unido de adoptar esquemas de representación proporcional para lograr que las fuerzas políticas del país obtengan una bancada parlamentaria más afín a la votación que reciben en las urnas. Las demandas en este sentido son añejas e incluso ya fue aprobado en el Parlamento de Westminster un esquema de Voto Único Alternativo que podría funcionar en comicios futuros. Pero nuestros abajofirmantes creen que es muy democrático reducir los espacios a la representación proporcional. ¿Por qué no dejan de lado sus clichés y buenos deseos y se ponen a estudiar lo que pasa en el mundo real con las fórmulas que nos proponen? ¿Por qué no dejan por un rato a un lado el tonito melodramático y cursi con el que redactan sus desplegados y hacen uso de la famosa curiosidad intelectual para darle un repaso crítico a la historia electoral de las democracias modernas?

La realidad que los mexicanos debemos entender de los próximos comicios británicos es la siguiente: pronto habrá elecciones en Gran Brataña. Los electores irán a las urnas no para "premiar" o castigar" a su diputado, sino en la inteligencia de que decidirán entre Gordon Brown y David Cameron para ser primer ministro, entre laboristas o conservadores para definir al partido del gobierno, y lo harán haciendo uso de un deficiente sistema electoral que reduce injustamente la influencia política que deberían tener terceras fuerzas con destacada presencia nacional, como es el caso del Partido Liberal, a causa de no contar aún con ningún tipo de paliativo proporcional.

En el Reino Unido y sus maneras de elegir gobernante hay un par de lecciones para México. ¿Cuáles creen que sean, señores abajofirmantes?

Los temas de fondo en una democracia

La democracia norteamericana, cuyas instituciones y prácticas son admiradas como modélicas por muchos de nuestros opinólogos, está llena de deficiencias e imperfecciones. Es un sistema donde las corporaciones y el dinero tienen cada vez más influencia mientras el proceso de toma de decisiones se aleja cada vez más del ciudadano común. La gravísima sentencia dictada la semana pasada por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que permitirá a las entidades privadas financiar de forma ilimitada a los partidos y candidatos en las campañas electorales, así como la autorización a estas a expresarse a favor o en contra de los candidatos, empeorará considerablemente la tendencia a la oligarquización del sistema político norteamericano, lo que necesariamente tendrá repercusiones a nivel global. "Esa sentencia es un golpe a la democracia. No puedo imaginarme otra cosa más devastadora para el interés público", declaró el presidente Obama en su discurso radial. Tiene mucha razón. Esta decisión tan controvertida anula una decisión de hace dos décadas que obligaba a las empresas a usar fondos sólo mediante un "comité de acción política" especial y que prohibía a empresas y a sindicatos usar su dinero para costear y transmitir anuncios que pedían la elección o la derrota de un candidato particular mencionándolo por su nombre y la cual fue aprobada como reacción natural ante la ola de escándalos políticos de corrupción que afecto a Estados Unidos desde Watergate.
Los grandes triunfadores con este dictamen de la Suprema serán los lobbystas y de los representantes de los grupos de poder. Desde ahora aquellos congresistas que intenten enfrentarse o aprobar leyes en detrimento de instituciones como bancos, empresas petroleras, aseguradoras de la salud y un largo etc. serán susceptibles a jugar con desventaja frente a sus eventuales rivales en las urnas, quienes gozarán de los ilimitados recursos que proporcionan las corporaciones. ¿Es esto una democracia?

El máximo tribunal, integrado por nueve miembros, aprobó la infame sentencia con el voto a favor de los cinco miembros conservadores, herencia de las administraciones republicanas de Reagan y los Bush, mientras que los cuatro liberales votaron en contra. La medida permitirá que cualquier empresa financie anuncios televisivos o cualquier tipo de campaña contra candidatos cuyas políticas consideren contrarias a sus intereses o apoyar a aquellos que los puedan favorecer sin límite o tope alguno. Desde luego, fue la derecha republicana la primera en aplaudir la medida y saludarla como una "restauración de la libertad de expresión".

Estos son los temas de fondo en la agenda de una democracia. Las cuestiones de forma como la reelección legislativa, la proporcionalidad, el número de integrantes de un Congreso, las candidaturas independientes, las dos vueltas y otros más que tanto nos desvelan actualmente en México son importantes, sin duda, pero los temas que verdaderamente tienen trascendencia para definir el carácter genuino de una democracia son los que tienen que ver con cuestiones como la regulación de los fondos para las campañas electorales, el papel de los medios de comunicación, la actuación de los grupos de poder, el clientelismo y el corporativismo. Mientras ataquemos los meollos del quehacer político y nos limitemos a defender o criticar medidas formales padeceremos una democracia frágil y espuria.

¿Y el clientelismo, apá?

No deja de llamarme la atención el entusiasmo con el que muchos de nuestros opinadores políticos enarbolan la idea de implantar reformas electorales como la reelección legislativa, la ampliación del número de senadores o diputados, la posibilidad de las candidaturas independientes y otras más sin detenerse a meditar sobre su viabilidad dentro la realidad política que nos circunda o de pensar si en México cumplimos los prerrequisitos básicos para ejercer una verdadera ciudadanía democrática. Las lecciones que nos han dado la mayoría de las experiencias latinoamericanas y de otras latitudes es que los movimientos ciudadanos muy frecuentemente fracasan en el intento por sacar ventaja de las reformas institucionales. Desdeñan nuestros sesudos analistas temas fundamentales en la degradación de nuestra vida democrática como el clientelismo, el cual detiene el poder de los ciudadanos y frustra las promesas de los cambios institucionales.

Definido por la Academia Española de la Lengua como "sistema de protección y amparo con que los poderosos patrocinan a quienes se acogen a ellos a cambio de su sumisión y de sus servicios", el clientelismo aflora en sociedades con situaciones económicas precarias donde se orilla a sectores mayoritarios de la población a valorar los
beneficios inmediatos de cambiar favores por votos en perjuicio de los beneficios abstractos y a largo plazo de la representación política. Quienes con tanto frenesí apuestan por las meras reformas formales a las leyes deberían entender que los
políticos y sus maquinarias han mostrado una extraordinaria habilidad para adaptarse a los cambios en las reglas políticas e institucionales y lo peor es que no solo las desigualdades sociales y las fallas estructurales de la economía dictaminan el carácter clientelar de un sistema político, sino que también hay prevalecen en el obvios elementos culturales e ideológicos. Democracias desarrollas tan señeras como Japón, Italia, España y Estados Unidos (entre otras varias) padecen de forma ostensible el fenómeno clientelar, al grado que uno se pregunta si esto del clientelismo es una especie de “mal necesario” con el que la democracia debe aprender a convivir y aspirar únicamente a tratar de mantenerla dentro de unos márgenes más o menos aceptables.

Po encima de los buenos deseos y las visiones rosas de muchos opinólogos y de los autonombrados “líderes de la ciudadanía impoluta” es indispensable encarar el gran problema del clientelismo entre nosotros para tratar de entenderlo mejor y tratar de moderarlo con iniciativas que se adapten a las realidades nacionales y no con ideas que lejos de garantizar una mayor apertura del sistema político acaben por contribuir a la promoción de sus vicios, como podría ser el caso de la reelección. También un poquito de menos soberbia ayudaría un tanto. Hace poco un distinguido constitucionalista, el Dr. Lorenzo Córdova, se lanzó la puntada de publicar en el universal algo así como “No se necesita ser un doctor en ciencia política para saber que mientras más miembros integren un parlamento myor será el la representación”. ¿Considerará entonces Córdova al parlamento de China Popular, con sus más de 2,200 delegados, el más representativo del mundo a pesar de ser una institución que se limita a aprobar de forma acrítica todo lo que resuelve el gobierno? ¿No dudará Cordova de la representatividad democrática real del mastodóntico Parlamento Europeo (750), el cual fue electo con el voto de apenas el 43% del electorado?
Nada hay de definitivo en eso de cuantos diputados debe haber en cada país, pero lo cierto es que para atender al tema se necesita algo más allá de los lugares comunes y de las respuestas “por librito”.

Es cierto que un parlamento demasiado pequeño podría dejar sin representación o silenciar intereses importantes, pero uno demasiado grande puede provocar que el proceso legislativo se vuelva poco manejable y generar la necesidad de una compleja estructura de comités y subcomités, animar la delegación de mayor autoridad legislativa en el poder ejecutivo y, desde luego, pude acarrear problemas de gobernabilidad. Y aunque Córdova tiene razón cuando nos dice que reducir el número de diputados y senadores tendría un impacto mínimo en el gran total de las cuentas públicas, lo cierto es que los reiterados abusos de los “representantes populares” sobre sus canonjías y sobresueldos han despertado la indignación ciudadana. Lo simbólico también pesa en política, y mucho. Por eso no deberíamos desechar la idea de recortar el número de diputados, aunque sin perjudicar el número de representantes elector por la representación proporcional. También, insisto, es hora de repensar las funciones y utilidad del Senado de un país que no necesita la duplicación de la función parlamentaria pero que es (o aspira a ser) una república federal plena.

Los Term Limits en Estados Unidos...y sus razones

Menos mal que la propuesta presidencial para instalar en México la reelección legislativa incluye límites al número de mandatos que los diputados y senadores podrán ejercer de forma consecutiva. Lo que me preocupa es que los académicos empleados de la Secretaría de Gobernación y los analistas que hacen de compañeros de viaje de aquellos, que con tanto entusiasmo nos presentan la idea de la reelección legislativa con tan hermosos colores, se aferren a una actitud de soberbia cada vez que alguien les cuestiona sobre la efectividad real que ha exhibido la reelección legislativa (y la de alcaldes) en los países que la permiten. Menos prepotencia y más análisis comparado llevaría a estos señores a ponderar en mucho los panegíricos que constantemente dedican a la reelección. ¿Por qué estos analistas no han profundizado en las razones por las que se han impuesto límites al derecho de reelección de los gobernadores, legisladores locales y alcaldes (Term Limits) en Estados Unidos? Sigue creciendo en la Unión Americana una irrefrenable tendencia a imponer limitaciones al número de mandatos que pueden ejercer los gobernantes a nivelo local, y sigue cobrando fuerza la idea de establecer estos límites a los legisladores a nivel federal. Abundan los trabajos analíticos serios (que nuestros “especialistas”, obviamente, no conocen) que explican que estas limitaciones al derecho de reelección se han hecho indispensables como una forma eficaz de combatir varios males, de los cuales yo destacaría tres: lobbysmo excesivo, clientelismo e injusticias en las condiciones de competencia electoral que dan a los candidatos en ejercicio, ventajas adicionales frente a sus opositores. ¡Y algunos de los “pundits” que pretender vender la idea de la reelección nos dicen en México que este mecanismo es el “ideal” para evitar precisamente estos problemas! ¡Pues en qué mundo viven? Vuelvo a preguntar.

Reitero que es muy más grave la afirmación de algunos opinadores favorables a la reelección de legisladores y alcaldes en el sentido de que el fenómeno clientelar es menor es menor (¡¡¡???!!!¿¿¿) en las naciones donde existe la reelección. Tal aserto sencillamente no resiste el menor análisis. El clientelismo es un fenómeno universal que cada vez cobra una mayor importancia, desgraciadamente, y para evitarlo de poco ha servido la presunta "rendición de cuentas" que es, según los panegiristas de la reelección , es resultado natural de este mecanismo. Los casos de corrupción y clientelismo pululan en numerosas ciudades norteamericanas en donde los alcaldes pueden reelegirse. ¿Por qué? Las cosas no son mucho mejores en América Latina y en naciones famosas por sus prácticas clientelares como Italia, Japón o las de Europa del Este. ¡Y en todos los casos se reelige a los alcaldes!

Esta es una lista con la información de los estados en los que los ciudadanos han impuesto límites al derecho de reelección de sus legisladores locales:


Arizona 1992 Diputados: 4 mandatos (8 años)
Senado: 4 mandatos (8 años)

Arkansas 1992 Diputados: 3 mandatos (6 años)
Senado: 2 mandatos (8 años)

California 1990 Diputados: 3 mandatos (6 años)
Senado: 2 mandatos (8 años)

Colorado 1990 Diputados: 4 mandatos (8 años)
Senado: 2 mandatos (8 años)

Florida 1992 Diputados: 4 mandatos (8 años)
Senado: 2 mandatos (8 años)

Louisiana 1995 Diputados: 3 mandatos (12 años)
Senado: 3 mandatos (12 años)

Maine 1993 Diputados: 4 mandatos (8 años)
Senado: 4 mandatos (8 años)

Michigan 1992 Diputados: 3 mandatos (6 años)
Senado: 2 mandatos (8 años)

Missouri 1992 Diputados: 4 mandatos (8 años)
Senado: 2 mandatos (8 años)

Montana 1992 Diputados: 4 mandatos (8 años)
Senado: 2 mandatos (8 años)

Nebraska 2000 Unicameral: 2 mandatos (8 años)

Nevada 1994 Diputados: 6 mandatos (12 años)
Senado: 3 mandatos (12 años)

Ohio 1992 Diputados: 4 mandatos (8 años)
Senado: 2 mandatos (8 años)

Oklahoma 1990 Unicameral: 4 mandatos (12 años)

Dakota del Sur 1992 Diputados: 4 mandatos (8 años)
Senado: 2 mandatos (8 años)

Wyoming 1992 Diputados: 6 mandatos (12 años)
Senado: 3 mandatos (12 años)


A: Los “term limits” fueron cancelados por ser considerados “anticonstitucionales” por las cortes supremas de Idaho, Massachusetts, Oregon, Utah y Washington pese a que en todos los casos la propuesta contó con una abrumadora mayoría a favor en los respectivos referéndums.

B: En Arizona, Florida, Louisiana, Maine, Ohio y Dakota del Sur la limitación al derecho de reelección es sólo para mandatos consecutivos

C: En Arkansas, California, Michigan, Missouri, Nevada and Oklahoma la limitación al derecho de reelección es de por vida.

D: En Colorado, Montana y Wyoming la limitación no es de por vida, pero deben pasar por lo menos cuatro años para poder volver a presentarse a la reelección.

E: Varias ciudades han impuesto límites al número de mandatos que los alcaldes pueden ejercer al frente del gobierno local, dentro de las que destacan Nueva York, Cincinnati, Los Ángeles, Houston, Filadelfia, Phoenix, San Antonio, San Diego, Dallas y San José