Tabaré en la encrucijada.

El presidente de Uruguay ha planteado un tema muy de fondo en cuestiones políticas al vetar la Ley Integral de Salud Sexual y Reproductiva, que reconocía el derecho de las mujeres a abortar. Lo hizo aduciendo "Razones de conciencia personal" a pesar de que fueron los legisladores del Frente Amplio, que llevó al actual presidente al poder, quienes propugnaron por que se apobara dicha ley. La gran pregunta es ¿Hace bien Tabaré Vázquez en darle la espalda a la mayoría ciudadana del Uruguay (que está a favor de la despenalización del aborto) al Parlamento uruguayo y al Frente Ampio para imponer su punto de vista particular en un tema de salud pública? El Oso piensa que no.

Vázquez había anunciado que vetaría la ley tiempo atrás. Pero los legisladores del Frente Amplio habían acordado pedirle expresamente que desistiera. No les hizo caso. También la mayoría de los integrantes del gabinete apoyan la despenalización. Tampoco les hizo caso. La ley, sancionada el martes en el Senado por 17 votos contra 13, con las adhesiones de los legisladores oficialistas, habilitaba a la mujer a “decidir la interrupción de su embarazo durante las doce primeras semanas de gravidez”, alegando situaciones de penuria económica, familiares o de edad. Y más allá de ese plazo por razones de salud, malformaciones o peligro de la vida de la mujer.


Un gobernante debe saber cuando renuinciar a sus convicciones personales en temas cómo éste cuando lo prioritario es respetar y defender el deseo de la mayoría de la sociedad, interpretada cabalmente por un Parlamento. Debió tomar el ejemplo del presidente francés Valery Giscard D’Estaing, quien siendo ferviente católico, no vetó en la década de los setenta la despenalización del aborto y explicó al entonces papa Juan Pablo II las razones por las cuales no interpuso su criterio personal: un gobernante no debe interponer sus conviccions personales cuando es obvio que el interés público va en sentido contrario".

Según una encuesta de la empresa Interconsult, el 57 por ciento de los uruguayos aprueba el aborto, 42 por ciento está en contra y uno por ciento dice no tener posición. Como siempre sucede, el veto se dio en el marco de fuertes presiones de la jerarquía eclesiástica: la Iglesia católica anunció que negaría la eucaristía a los legisladores que aprobaron legalizar el aborto y que serán excomulgados quienes intervengan directamente en la interrupción de un embarazo.
Desde la vuelta a la democracia, en Uruguay se presentaron diversos proyectos para despenalizar el aborto, prohibido desde 1938. En 2004 el Senado, por un voto rechazó una iniciativa con media sanción de Diputados. Se estima que se practican alrededor de 33,000 abortos al año en la clandestinidad. Las consecuencias de abortos inseguros, realizados en malas condiciones sanitarias, son la principal causa de muerte materna en el país.