¿José Luis Rodríguez Zapatero llegará a fin de año?

¿José Luis Rodríguez Zapatero llegará a fin de año? Es la gran pregunta que se hacen los españoles, mientras persisten los rumores de posibles elecciones anticipadas. Desde su elección en 2008 la situación se complica constantemente para el líder socialista. Mientras el resto de Europa se encamina tímidamente hacia la reactivación económica España -como Grecia o Portugal- no consigue ver la salida del túnel: la tasa de desempleo ronda el 20%, el déficit público supera el 11% del PIB y el crecimiento seguirá siendo negativo en 2010, según el FMI. Ya hasta se habla en Europa (con toda la sorna del mundo, desde luego) de los PIGS, los remolones y acomodaticios y fiscalmente irresponsables países del sur de Europa: Portugal, Italy, Greece and Spain, verdaderos lastres para el desarrollo de la Unión Europea, esa es la verdad.

El gran problema del jefe del gobierno español reside en que adolece de los arrestos suficientes para iniciar las indispensables medidas de austeridad que urge aplicar a la economía española para evitar un eventual desastre a la griega. Recortar presupuestos podría costarle apoyo popular, sobre todo de los sindicatos, que ya lo tienen amenazado. Pobre España, tan huérfana de estadistas.

Los tontos de rigor de Javier Marías

Nadie como el estupendo escritor español Javier Marías para describir y lamentarse de esa clase de palurdos lamentables que son los solemnes sin remedio, los poseídos de su rectitud, los tontos de rigor que este blog desprecia tanto. Esos personajes que viven de tomarse las cosas demasiado en serio (sobre todo a si mismos) abundan, desgraciadamente, en los ambientes políticos y pseudointelectuales de México, país con escaso sentido del humor, así como en el submundillo ese de los opinadores profesionales. Dice Marías en su última colaboración para el EPS (Suplemento semanal de El País):

Es sorprendente, así pues, que en esta época mucho más afortunada y menos sombría esté proliferando un tipo de español solemne, envarado, ceñudo, poseído de su rectitud, que no sólo no tolera una chanza ni una exageración, sino que parece incapaz de detectarlas. Un individuo que se toma todo a pecho y al pie de la letra, dificultando así, cada vez más, la aparición de la sal de la lengua, su chispa y su gracia. Los columnistas lo sabemos bien: ojo con la ironía, no digamos con el sarcasmo y la hipérbole, porque abundan los lectores que no captan esos tonos, que todo lo entienden en su más estricta literalidad, y que, para nuestro pasmo, pueden acusarnos de defender lo que atacábamos o de atacar lo que defendíamos, si para hacerlo no hemos sido puerilmente frontales y hemos hecho uso de ese viejísimo recurso de la ironía.

Pobreza y compra de votos, los temas de fondo de una genuina reforma electoral democrática

Mucho me llama la atención que dentro de todo el alud de popuestas, contrapropuestas, opiniones, desplegados, análisis y reclamos que ha habido últimamente en los medios respecto a la reforma electoral se olvide que México es un país con profundas desigualdades sociales donde el fenómeno de la extendidísima pobreza es un distorsionante muy grave para cualquier democracia que quiera consolidarse en el país. La relaidad nacional es que aquí se compran los votos. Bajo esas condiciones, ningún mecanismo electoral o constitucional podrá garantizar comicios justos y democracia efectiva. Es por eso que en la propuesta que presentamos al Senado un grupo de, digamos, patriotas, incluimos la necesidad de corregir las distorsiones legislativas e institucionales que, si bien no son materia propia del ámbito electoral, lo afectan directamente y, en los hechos, anulan las condiciones imprescindibles para el desarrollo de contiendas equitativas, sobre todo por la intervención abierta o encubierta de recursos públicos provenientes de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como por la persistente participación de los llamados poderes fácticos en las campañas políticas que, en la práctica, han adquirido cada vez mayor peso en la formación y en el ejercicio del poder público, en contra de los principios más elementales de la representación política democrática, situando por encima de los intereses generales la representación y promoción de intereses particulares.

Proponemos, en concreto, poner fin a la intervención apenas simulada de recursos ilícitos, provenientes de empresas, sindicatos y crimen organizado, para la promoción de candidaturas y, en efecto, para la formación y el ejercicio de los órganos del poder público, violando con ello la legislación electoral y los principios básicos para contiendas electorales transparentes y equitativas. Es fundamental si queremos que la democracia funcione en México maizar en la mayor medida posible el vicio clientelar. Y por democracia me refiero a cualquier democracia: presidencial, palamentaria, a dos vueltas, con reelección, bipartidista, multipartidista, etc. Nuestros más cándidos opinadores, anulistas, adalides ciudadanos y enamorados del sistema políticos suelen perderlo de vista, pero lo cierto es que es más importante para el fortalecimiento de un sistema verdaderamente competitivo fortalecer los mecanismos de revisión de las cuentas de los partidos, limitar de manera más eficaz los financiamientos privados, establecer topes de campaña más estrictos y castigar con mayor severidad los casos de flagrante o simulada compra de votos que decidir si reelegimos o no a los diputados, quitamos la representación proporcional o nos vamos a una segunda vuelta en los comicios presidenciales.

Desde luego, algo se ha avanzado en México en estos renglones, pero de ninguna manera basta. Con demasiada facilidad son burlados los topes de campaña. Es muy fácil simular y disfrazar la utiilización de recursos públicos con propósitos electorales. En México cambiar favores por votos es una prática masiva. El problema no es en absoluto baladí. El clientelismo es, ni más ni menos, una forma antidemocratica de dominación, basada en el control social que tiene lugar gracias a la pobreza y marginalidad. Y es en el interés de este clientelismo que lo beneficiarios de programas sociales no desarrollen una capacidad de autogestión ni que tengan éxito sus emprendimientos y proyectos, ya que la relación real con los beneficiarios se basa en la recepción pasiva de prebendas por parte de éstos. Estas prebendas son a su vez la base de la reciprocidad en el cumplimiento de instrucciones a los clientes de otorgar votos a sus benefactores.
La principal vinculación entre la exclusión social, la pobreza y clientelismo es el poder, el cual se da como coacción, es decir, como control de un grupo sobre otro expresado en la exclusión a favor de la inclusión de un grupo que ostenta el poder. Esto, bien lo sabemos, es moneda corriente en México y, obviamente, no es democracia. Entonces, ¿Por qué lo olvidamos con tanta facilidad?

Varias son las naciones que han procurado reformas y esfuerzos por lograr mayor transparencia en la gestión pública y mejor control sobre el financiamiento a las campañas y los topes a los gatos electorales para contribuir a disminuir el grave impacto distorsionador que tiene el clientelismo sobre la democracia. Sin embargo, para lograr un cambio real los ciudadanos deben orientar sus acciones hacia una distribución equitativa del poder, pensando en un empoderamiento ciudadano amplio y en la redefinición en un sistema de partidos anquilosado y obsoleto como el mexicano en uno mucho más abierto y genuinamente competitivo.

Respuesta a Jorge Castañeda

Perdóname, querido Jorge que difiera nuevamente de tus puntos de vista, pero en lo personal me parece imprescindible defender la pluralidad política en México. Me permití hacer algunos comentarios al artículo que publicaste hoy en Reforma :

Dices: "La proporcionalidad perfecta como proponen el PRD y algunos analistas, inspirada en el modelo alemán, parece más democrática y sí permite la plena expresión de las minorías. Su desventaja es, como lo vemos en México, la parálisis."

Digo yo: En México no tenemos un sistema "proporcional perfecto". Lo que en esencia tenemos es un sistema tripartidista cuyos principales protagonistas no permiten la apertura a nuevas expresiones. Nuestra ley es una de las más restrictivas del mundo en lo concerniente a la posibilidad de participar en comicios (como bien te consta). La triada está protegida, con lo que muchas expresiones políticas genuinas se encuentran sin voz en México. Eso no es justo, ni democrático.

Dices: “La generación de mayorías tiene la ventaja de la gobernabilidad y da al Presidente una mayoría al menos tres años para poner en práctica su programa. Su inconveniente radica en la sobrerrepresentación, que puede ser excesiva y con el riesgo de borrar minorías. Hay que optar: he optado por el sistema mayoritario desde mi libro Somos Muchos en 2004, y en particular en el ensayo con Aguilar Camín que publicamos en Nexos. Las posturas no son conciliables, se pueden atemperar pero no compatibilizar”.

Digo yo: “Muy bien Jorge, pero ahora explícame la meridiana contradicción en que caes. Tú has hecho una certera y profunda crítica a los partidos dominantes del México actual y has luchado para que el sistema se abra a la participación de candidatos independientes, lo cual mucho te honra, pero también nos dices que quieres que un solo partido con mayoría sólida maneje la mayoría en el Congreso para garantizar la gobernbilidad. En ese caso, dejemos de luchar por candidaturas independientes y permitamos que el PRI y PAN definan la mayoría absoluta en el congreso en distritos uninominales, para que el ganador goce de una clara mayoría y gobierne sin obstáculos. ¿Para qué queremos Jorges Castañedas y candidatos independientes que podrían perturbar la buena marcha de la mayoría absoluta? (Por cierto, ¿Sabes que efectos tuvo para la dichosa gobernabilidad la presencia de más de un centenar de independientes en la Duma rusa durante el régimen de Yeltsin. Échale un ojo, te va a interesar)

Por otra parte, ¿Cómo es posible que pidas reelección legislativa con el argumento de que los ciudadanos tendrán mayor posibilidad de llamar a cuentas a sus representantes al mismo tiempo que ponderas como un bien mayor la obtención por parte de un partido de mayoría absoluta en las Cámaras para poder aplicar su programa de gobierno. Es obvio que para lograr esa gobernabilidad sin mácula de la que nos hablas la disciplina de voto de los parlamentarios a las directrices de la dirigencia partidista sería indispensable. Entonces, ¿Dónde quedó la dizque llamada a cuentas ciudadana?

Dices: “Ni la proporcionalidad perfecta ni el sistema mayoritario son válidos para todos los países todo el tiempo. Depende de cada país en cada coyuntura. En Alemania la proporcionalidad perfecta ha funcionado porque ha existido un amplio consenso a lo largo de estos cinco años entre los principales partidos. En Francia, en los 80 cuando Mitterrand la restableció, no dio resultados.”

Digo: Perdóname Jorge, pero el resultado de las elecciones parlamentarias de 1986 en Francia, únicas que funcionaron con la reforma de Mitterrand, fue exactamente el mismo qué el que hubiese arrojado una elección con el sistema tradicional a dos vueltas: mayoría de la alanza de centro derecha UDF-Gaullistas, la cual gobernó aplicando sin mayores obstáculos su programa de gobierno con Chirac como primer ministro. ¿Te acuerdas? Digo, exactamente el mismo resultado. Entonces, ¿Por qué dices que no funcionó? La centroderecha volvió al sistema de dos vueltas por que le convenía, únicamente por eso. Pero de ahí a que no haya funcionado para efectos de la gobernabilidad hay una distancia.

Dices. “Para México hoy me parece preferible el sistema mayoritario, eso no quiere decir que sea permanentemente idóneo, ni para este país ni para otros. La razón es que el país requiere de capacidad de decisión. Las mayorías se pueden lograr mediante segunda vuelta en las elecciones legislativas o eliminando el candado de sobrerrepresentación y/o restableciendo la cláusula de gobernabilidad o alineando las elecciones legislativas con las presidenciales -propuestas ya adelantas por Aguilar Camín y por mí. Todas tienen ventajas y desventajas. Todas logran más o menos el mismo objetivo.”

Digo: Vuelvo a lo mismo, si la prioridad es la gobernabilidad y los partidos que tenemos son los indicados ¿Para qué tomarse la molesta en participar? ¿De qué sirve lanzarse como independiente? ¿Qué justifica la critica a la “partidocracia”? Mejor pedimos nuestra afiliación al PRI o al PAN y ya está ¡A trabajar en aras de la gobernabilidad!
Y sobre todo, ¿Para qué diablos querríamos que un intelectual independiente eventualmente llegara a la presidencia del país sin el apoyo en las cámaras de una mayoría absoluta y disciplinada bajo la férula de un partido?

Dices: “El país tiene un gran futuro sólo con reformas de gran calado. Por eso, hoy en día, se necesita un sistema que dé al Presidente la posibilidad de aplicar el programa por el cual fue electo, y que puede ser rectificado en elecciones de medio periodo si así quieren los ciudadanos”.


Digo: Jorge, la dicotomía que manejas multiupartidismo = desmadre, gobierno de mayoría = progreso es completamente falsa y basta con darse una asomadita a la experiencia internacional para darse cuenta de ello. Aquí varios botones de muestra:

¿Qué me dices de Brasil, impresionante país que se asoma como una potencia del siglo XXI, donde Cardoso y Lula han sacado adelante reformas de gran caldo pese a que en el congreso brasileño coexisten ¡más de una decena de partidos!?

O Uruguay, país extraordinariamente estable que sale adelante con los partidos Blanco, Colorado y la más de una decena de organizaciones que integran el Frente Amplio, actualmente en el poder

O Chile, otro buen ejemplo de desarrollo y estabilidad, donde bajo la cobertura de dos grandes coaliciones tienen presencia en el parlamento la UDI, los Renos, el PSCh, el PPD, el PRSD, el PD, los humanistas y los comunistas.

¿Qué pasó en Colombia, donde el ineficaz bipartidismo tradicional liberal-conservador (cuántos gobiernos colombianos gozaron de mayoría en las cámaras, y ya ves) quebró para dar lugar a un sistema de partidos más abierto y mucho más funcional?

¿Por qué Italia (Sí, la desmadrosa Italia, donde le echaban la culpa de todo al proporcionalismo y la partitocrazia) regresó al proporcionalismo?

¿Por qué tronó el tradicional bipartidismo radical-perionista en Argentina? ¿Qué sucedió cuando los peronistas (con Menem) y los radicales (con de la Rúa) y nuevamente los peronistas con Kirchner pudieron aplicar sin trabas sus programas de gobierno gracias a que contaban con mayorías parlamentarias? ¿Es eso un ejemplo a seguir?

¿Por qué en el Reino Unido el parlamento acaba de aprobar un sistema electoral que supone la aplicación de un tipo de correctivo presidencial (sistema de voto único alternativo, se llama) que daría al traste con el gobierno de mayoría para dar lugar a la posibilidad del gobierno de coaliciones?

Dices: “Entiendo la preferencia de otros por el empate tripartidista. No entiendo a quienes buscan conciliar ambos sistemas, ni a quienes evitan escoger entre ellos”.

Digo: Otra falsa dicotomía. La discusión sobre el sistema de partidos va más allá de la de gobierno de mayoría Vs el tripartidismo actual a la mexicana. En concreto, nosotros proponemos:
a. Un sistema electoral y de representación política que promueva la construcción de ciudadanía y la participación ciudadana en la formación y el ejercicio del poder público, mediante la apertura del sistema de partidos y las candidaturas a cargos de elección popular, de tal forma que se superen el ambiente de descrédito y la pérdida de legitimidad de nuestra frágil e incipiente democracia. En este sentido, hace falta señalar que, desde la promulgación de la ley electoral federal de 1946, han regido disposiciones destinadas a restringir la creación y participación de nuevos partidos. De hecho, nuestra legislación electoral ha sido un caso sui generis a nivel internacional, pues prácticamente en ninguna democracia del mundo se exigen tantos requisitos para la constitución y registro de nuevos partidos, al mismo tiempo que se mantiene el monopolio de registro de candidatos a favor de los partidos existentes. En las democracias consolidadas, existen criterios diferenciados para el registro de los partidos políticos. Se exigen diferentes condiciones para participar en elecciones, para recibir recursos públicos y para lograr acceder a la representación parlamentaria.

b. Generar mayores incentivos para la participación política ciudadana y por asumir el genuino sentido de la pluralidad en las democracias constitucionales, para lo cual se requiere romper el círculo vicioso de las reglas que pervierten a los institutos políticos desde su creación, levantar las restricciones que aún pesan sobre el ejercicio del derecho de asociación política y permitir la participación de candidatos independientes a cargos de elección popular. Se trata de abrir la competencia sin debilitar el sistema de partidos, como lo han hecho y lo prueban las experiencias de otros países en donde participar en elecciones es fácil, aunque con exigencias mayores para acceder al parlamento y, sobre todo, para recibir financiamiento público.

c. Establecer la figura del “registro condicionado al resultado electoral”, con requisitos asequibles a la ciudadanía y a sus organizaciones políticas para tener derecho a participar en elecciones, lo cual no implica utilizar recursos públicos para ello. Esto significa que una organización política pueda obtener “registro condicionado” y aparecer en las boletas electorales como partido político nacional acreditando el apoyo en firmas de un porcentaje mínimo del padrón, contar con declaración de principios, programa y estatutos y comprobar actividad política previa a nivel nacional; que un partido político con registro condicionado pueda validar su registro y obtener el reembolso de gastos de campaña si, y sólo si, cumple cabalmente con las obligaciones establecidas en ley en materia de transparencia y rendición de cuentas, hasta por el monto que para tal efecto se haya establecido, y siempre y cuando haya obteniendo al menos el 1% de la votación efectiva; que un partido con registro condicionado tenga el derecho a la asignación de legisladores por el principio de representación proporcional cuando obtenga al menos el 2% de la votación nacional efectiva (en el marco de un sistema electoral mixto, con 50 por ciento de mayoría y 50 por ciento de representación proporcional para la integración de la Cámara de Diputados).

China y su obsoleta Realpolitik

Los dirigentes chinos son uno de los principales problemas que deberá enfrentar el mundo en el siglo XXI. La dictadura del PCCH mantiene una obsoleta visión de realpolitik basada en esquemas y ópticas cortoplazistas y “westfalianas” (soberanista a ultranza) que deberá ser rebasada si el siglo XXI pretende ser aunque sea un poco menos violento que la pasada centuria. Esto no quiere decir que Estados Unidos, Europa y, sobre todo, Rusia, no pequen (en mayor o menor medida) de mantener visiones realistas en sus relaciones internacionales, pero las democracias liberales en alguna medida han logrado matizar las ambiciones demasiado desmedidas o egocéntricas de sus gobiernos, mientras que la dictadura China no tiene absolutamente ningún contrapeso que ayude a moderar los atentados que constantemente perpetran contra el orden internacional

Fue Bismarck quien inauguró el concepto de Realpolitik siguiendo principios acuñados por Metternich tras las guerras napoleónicas: una política exterior fundada exclusivamente en el interés nacional, en desmedro de cualquier actitud de solidaridad con otros pueblos y alejada de los principios de generales de ética. Claro que a Bismarck, igual que a muchos de sus antecesores y sucesores en las aventuras de la política internacional, le funcionó la receta de la Realpolitik en la lucha por hacer más grande a sus Estado, pero el problema qué tenemos hoy consiste en que el planeta ya no da para soportar que las naciones resuelvan sus disputas mediante la ley del más fuerte o del más astuto. Los recursos se acaban, el medio ambiente declina y las armas nucleares hacen inviable la resolución de disputas entre las potencias mediante conflictos armados, como sucedía en las gloriosas épocas de Alejandro, Napoleón o Julio César.

Sólo el establecimiento de sistemas en los que las naciones puedan a arribar a consensos sobre sus conflictos de interés y en los que se responsabilicen mutuamente a sacar adelante los acuciantes temas. Ahora que mi amigo Rodolfo Santos trabajo en un libro la historia, panorama actual y perspectivas del G8/20 nos damos cuenta que pese a sus limitaciones esta instancia tuvo la posibilidad de generar acuerdos trascendentales en materia de política exterior entre las principales democracias en el mundo. Quizá en su momento no se notó y las cumbres parecían ser solo photo ops irrelevantes, pero decisiones clave en política económica y comercial, así como en los terrenos de la paz y seguridad internacional, se adoptaron en este ámbito de negociación. Pero la unilateralidad del gobierno de Bush y ahora las reticencias de China a aceptar someterse a unas reglas del juego mundiales que la obligarían a renunciar al cortoplacismo y al hiperrealismo hacen que el futuro del ahora g 20 sea demasiado prometedor. Sencillamente se ha roto el consenso sobre cuáles son las formas para tratar de resolver los grandes temas mundiales, y las autoridades chinas son las principales (si bien no las únicas) responsables.

Frase para ser escrita en letras de oro en la Cámara de Diputados.

"Las instituciones no se construyen con monosílabos. El no es estéril; el sí crédulo. Sólo con el escepticismo del pero se constituyen las democracias". Los abajofirmantes deberían de leer más seguido A Chucho Silva Herzog Márquez.

Nueva Propuesta al Senado de Reforma Política

México D.F., a 11 de marzo de 2010


SEN. CARLOS NAVARRETE RUÍZ
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

SEN. GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ
Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

SEN. SENADOR MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA
Presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

SEN. LUIS MALDONADO VENEGAS
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia

SEN. ALBERTO ANAYA GUTIÉRREZ
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo


P R E S E N T E S

La reforma política debe atender, desde nuestro punto de vista, tres exigencias indispensables para la consolidación de la democracia y para un ejercicio de gobierno eficaz en el marco de la pluralidad:

1. Garantizar que los cambios en el diseño, los mecanismos y los procedimientos de las instituciones democráticas establezcan las condiciones y los incentivos necesarios para la construcción de acuerdos en el ámbito del Poder Legislativo Federal y, sobre esta base, generar una relación funcional entre éste y el Poder Ejecutivo Federal. Esto supone desechar la pretensión, a la vez autoritaria y simplista, de resolver los retos de la pluralidad a través de la supresión o la reducción de la pluralidad misma. Y supone también asegurar que los acuerdos para la formación de mayorías y la elaboración de la agenda legislativa sean una expresión de responsabilidad y transparencia. Por ello manifestamos lo siguiente:

a. Reconocemos en los proyectos de reforma del PRI y el PRD elementos significativos a favor de la incorporación de principios, mecanismos y procedimientos parlamentarios, orientados a la funcionalidad del sistema presidencial en el marco de la pluralidad, como la ratificación del gabinete, el nuevo formato presidencial y la moción de censura.
b. Observamos en los proyectos del Ejecutivo y del PRI un compromiso a favor del fortalecimiento del Poder Legislativo, mediante la reelección de los representantes en ese ámbito (siempre y cuando no se combine con la segunda vuelta y otras restricciones directas a la pluralidad).
c. Rechazamos, en cambio, las propuestas del Ejecutivo para reducir la pluralidad a su mínima expresión, a través de la segunda vuelta en las elecciones presidencial y legislativa (que conducen a un formato bipartidista) y del incremento del porcentaje (al 4 por ciento) para la preservación del registro de los partidos y la obtención de representación parlamentaria, así como la intención del Ejecutivo y del PRI de reducir el componente de la representación proporcional en la integración de la Cámara de Diputados.

2. Corregir las distorsiones legislativas e institucionales que, si bien no son materia propia del ámbito electoral, lo afectan directamente y, en los hechos, anulan las condiciones imprescindibles para el desarrollo de contiendas equitativas, sobre todo por la intervención abierta o encubierta de recursos públicos provenientes de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como por la persistente participación de los llamados poderes fácticos en las campañas políticas que, en la práctica, han adquirido cada vez mayor peso en la formación y en el ejercicio del poder público, en contra de los principios más elementales de la representación política democrática, situando por encima de los intereses generales la representación y promoción de intereses particulares. En este sentido, proponemos:

a. El fortalecimiento de la pluralidad en los congresos locales y el establecimiento de la función electoral con carácter nacional, mediante bases constitucionales generales con ese fin, de tal modo que se fijen límites democráticos al ejercicio del poder público de los gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal. El objetivo es revertir una de las paradojas de la transición a la democracia que, al acotar o suprimir los poderes extra constitucionales del viejo régimen presidencial, no sustituyó los contrapesos centralistas y autoritarios por contrapesos y controles democráticos y, con esa omisión, abrió paso a la conformación de poderes sin límites efectivos en los ámbitos de las entidades federativas.
b. Poner fin a la intervención apenas simulada de recursos ilícitos, provenientes de empresas, sindicatos y crimen organizado, para la promoción de candidaturas y, en efecto, para la formación y el ejercicio de los órganos del poder público, violando con ello la legislación electoral y los principios básicos para contiendas electorales transparentes y equitativas.

3. Regular y garantizar en los hechos el derecho ciudadano de asociación y participación política y, por lo tanto, el derecho a votar y ser votados, como derechos imprescindibles en cualquier democracia, expresamente consagrados en nuestra Constitución, pero restringidos en la práctica y, peor aún, colocados en la mira de quienes pretenden, como lo hace el Ejecutivo en su proyecto de reformas, reducir la pluralidad a su mínima expresión. Con esos fines nos pronunciamos:

a. Por un sistema electoral y de representación política que promueva la construcción de ciudadanía y la participación ciudadana en la formación y el ejercicio del poder público, mediante la apertura del sistema de partidos y las candidaturas a cargos de elección popular, de tal forma que se superen el ambiente de descrédito y la pérdida de legitimidad de nuestra frágil e incipiente democracia. En este sentido, hace falta señalar que, desde la promulgación de la ley electoral federal de 1946, han regido disposiciones destinadas a restringir la creación y participación de nuevos partidos. De hecho, nuestra legislación electoral ha sido un caso sui generis a nivel internacional, pues prácticamente en ninguna democracia del mundo se exigen tantos requisitos para la constitución y registro de nuevos partidos, al mismo tiempo que se mantiene el monopolio de registro de candidatos a favor de los partidos existentes. En las democracias consolidadas, existen criterios diferenciados para el registro de los partidos políticos. Se exigen diferentes condiciones para participar en elecciones, para recibir recursos públicos y para lograr acceder a la representación parlamentaria.
b. Por generar mayores incentivos para la participación política ciudadana y por asumir el genuino sentido de la pluralidad en las democracias constitucionales, para lo cual se requiere romper el círculo vicioso de las reglas que pervierten a los institutos políticos desde su creación, levantar las restricciones que aún pesan sobre el ejercicio del derecho de asociación política y permitir la participación de candidatos independientes a cargos de elección popular. Se trata de abrir la competencia sin debilitar el sistema de partidos, como lo han hecho y lo prueban las experiencias de otros países en donde participar en elecciones es fácil, aunque con exigencias mayores para acceder al parlamento y, sobre todo, para recibir financiamiento público.
c. Por establecer la figura del “registro condicionado al resultado electoral”, con requisitos asequibles a la ciudadanía y a sus organizaciones políticas para tener derecho a participar en elecciones, lo cual no implica utilizar recursos públicos para ello. Esto significa que una organización política pueda obtener “registro condicionado” y aparecer en las boletas electorales como partido político nacional acreditando el apoyo en firmas de un porcentaje mínimo del padrón, contar con declaración de principios, programa y estatutos y comprobar actividad política previa a nivel nacional; que un partido político con registro condicionado pueda validar su registro y obtener el reembolso de gastos de campaña si, y sólo si, cumple cabalmente con las obligaciones establecidas en ley en materia de transparencia y rendición de cuentas, hasta por el monto que para tal efecto se haya establecido, y siempre y cuando haya obteniendo al menos el 1% de la votación efectiva; que un partido con registro condicionado tenga el derecho a la asignación de legisladores por el principio de representación proporcional cuando obtenga al menos el 2% de la votación nacional efectiva (en el marco de un sistema electoral mixto, con 50 por ciento de mayoría y 50 por ciento de representación proporcional para la integración de la Cámara de Diputados).
d. Por establecer que los partidos políticos con registro local puedan postular candidatos a diputados federales y senadores en el ámbito de la entidad federativa que corresponda, recibiendo en consecuencia las prerrogativas y financiamiento en condiciones de equidad respecto de los partidos políticos nacionales.

Estamos convencidos que el esfuerzo para una reforma política orientada a la consolidación democrática y a la eficacia del ejercicio de gobierno en un marco de pluralidad y libertades, quedaría inconcluso si no se aprovecha la oportunidad histórica de ajustar el diseño de las instituciones, sus mecanismos y procedimientos, a estas exigencias; si no se establecen límites y controles democráticos a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como a los llamados poderes fácticos; y si no se abre el sistema de partidos y se incorpora y garantiza el derecho a candidaturas independientes a cargos de elección popular.

No puede haber democracia sin ciudadanía. No puede haber ciudadanía sin derechos universales y efectivos de participación política. La disyuntiva es clara: o consolidamos una democracia de verdad que, en la pluralidad, permita responder a las demandas de desarrollo y bienestar de la sociedad, o corremos el riesgo de destruir la democracia que aún no hemos sido capaces de construir con la calidad, la eficiencia, la responsabilidad, el compromiso ético y la transparencia que la ciudadanía demanda con toda razón.

"Ciudadanos" contra políticos: el caso de Italia

Por fin pude ver la estupenda película Il Divo, basada en los últimos años en el poder de Giulio Andreotti, viejo zorro de la política italiana durante un periodo asaz turbio y complicado. Cuando uno reflexiona sobre un político profesional como Andreotti, siete veces jefe de gobierno y sempiterno dirigente de la desaparecida Democracia Cristiana, no se puede evitar darse cuenta de cuán falaz es el discurso pretendidamente "ciudadano" que algunos esgrimen para tratar de enterrar a la clase política con el agumento de que los políticos no están a la altura de los "impolutos" ciudadanos a quienes dicen representar. Italia es el caso más claro que demuestra la falsedad de ese discurso que hoy abajofirmantes y anulistas nos quieren endilgar en México. La vieja clase política italiana fue barrida por corrupta para ser sustituida por unos gobernantes aún más corruptos, ineficientes y pedestres pero, eso sí, muy "ciudadanos". Silvio Berlusconi es su epítome.

"Que todo cambie para que todo permanezca igual"; la vieja fórmula gatopardiana cobró plena vigencia en su país de origen. Tras varios años de haberse suscitado la histórica rebelión de un electorado harto de inestabilidad y corrupción, que llevó a la espectacular caída en desgracia de casi la totalidad de la clase política tradicional, los italianos son testigos hoy de como sus nuevos dirigentes no solo han sido incapaces gobernar con honradez y eficacia, sino que son aún más venales y frívolos que sus vilipendiados antecesores. Se trata, como la definió Indro Montanelli, de una generación de “políticos pigmeos”, que hacen aparecer a los turbios Andreottis, Craxis, La Malfas y Martellis del pasado como estadistas añorables.

Por cierto que una de las pocas reformas que concretó la nueva clase política italiana tiene que ver con una propuesta hoy en boga en México: la reduccióin de los espacios para la representación proporcional en el Parlamento. Uno de los males principales que le reprochaban a la llamada Primera República italiana (el sistema que sustituyó a la monarquía parlamentaria tras la Segunda Guerra Mundial) consistió en el exceso de poder que ostentaban sobre el sistema político las burocracia partidistas, fenómeno al que se le conoce como partitocrazia. La solución de los aladides ciudadanos de allá fue aprobar una reforma para hacer que la mayoría de los escaños parlamentarios fueran electos en distritos uininomilaes dizque para que "los parlamentarios tuvieran un contacto más directo con los ciudadanos". Muy ponto se comprobó la ineficacia de dicha medida. Los parlamentarios siguen dependiendo en la misma proporción que antes de las burocracias partidistas y la partitocrazia goza de cabal salud en Italia. ¿Por qué, pues porque los partidos tienen varios mecanismos internos para lograr disciplinar a sus cuadros palamentarios, y eso es válido tanto para sistemas parlmentaristas como para los presidenciales. Cualquiera que se tome la molestia de conocer a fondo estos sistemas se dará cuenta que con la mera implantación de recetas facilonas no basta para obtener resultados genuinamente si no se atacan también los vicios, usos y prácticas que están más arraigadas en una cultura política disfuncional comno la italiana (o la mexicana, para el caso) como lo son el clientelismo, el patrimonialismo, el corporativismno, etc. ¿Cuándo entenderán esto los abajofirmantes? ¿Cuándo se van a poner a estudiar política comparada nuestros politólogos?

En Italia, bajo estas "ciudadanizadas" nuevas reglas electorales se celebraron los comicios de 1994, los cuales marcaron el fin definitivo al viejo sistema de partidos. La Democracia Cristiana sucumbió para dar lugar a formaciones centro derechistas pequeñas. El Partido Socialista desapareció definitivamente de escena. En cambio, surgió como la principal fuerza electoral la formación Forza Italia, una coalición de personalidades y grupos de derecha capitaneada por el empresario y ciudadano Silvio Berlusconi, quien fue designado por el Parlamento para formar gobierno gracias a la alianza que entonces concertó con el líder de los neofascistas (ahora disfrazados bajo nueva denominación) Giafranco Fini y en el dirigente de la Liga Norte, el enjundioso Umberto Bossi.

Todos esperaban que la administración de Berlusconi fuera revolucionaria. Después de todo, se trataba del ascenso al poder de una clase política completamente nueva, "ciudadana", sin nexos con los viejos partidos ni con los intereses que estos representaban y, por lo tanto, comprometidos únicamente con el cambio. Además, la representación proporcional había mnguada en favor de un sistema que supuestamente permitía mayor contacto (y, en consecuencia, mayor rendición de cuentas entre el ciudadano de a pie y su diputado). Pero las esperanzas de reforma fueron nuevamente desairadas. El gobierno de Berlusconi y de sus aliados Fini y Bossi navegó el la indecisión y la mediocridad, hasta que cayó víctima del mismo mal que había llevado a la vieja clase política al desastre: la corrupción. En 1996 se hicieron necesarias nuevas elecciones generales, las terceras en cuatro años, de las que salió triunfante la centro izquierdista Coalición del Olivo, formada principalmente por el Partido de la Izquierda Democrática, la cual postuló como candidato a primer ministro al ex democristiano. Romano Prodi, hombre de poca experiencia política, pero que se había destacado como un gran administrador. También fracaso estrepitosamente. Hoy Berlusconi está de nuevo en el poder con una serie de sumarios anticorrupción que lo persiguen y con el país estancado económica, social y políticamente.

Es evidente la diminuta dimensión de la nueva clase política italiana, integrada por magnates egocéntricos, neofascistas renovados, independentistas mesiánicos y comunistas reconvertidos en socialdemócratas. No hace mucho, mediante una genial alegoría, Michelangelo Bovero imaginó el más execrable régimen posible, la Kakistocracia, resultado de la nefasta combinación de las peores formas de gobierno: tiranía, oligarquía y oclocracia, en una crítica apenas velada contra tres de los principales dirigentes de la Italia actual: Fini, Berluscuni y Bossi.

Lo que sucede en Italia es una advertencia, por cierto que no la única, que debemos tomar en cuenta en México cuando escuchamos las voces seráficas de nustros adalides ciudadanos: no basta con la disolución de una vieja clase política corrompida e ineficaz para garantizar el éxito de un régimen democrático, si quienes la relevan en el poder son aún más corruptos e ineficaces. Y menos aún si a corrupción e ineficacia sumamos demagogia, populismo y mesianismo.

El estilo y el porte no bastan (por lo menos en Gran Bretaña)

Por primera vez en muchos meses los sondeos electorales en Gran Bretaña indican la posibilidad de que los laboristas británicos conserven el poder en las elecciones previstas para el 6 de mayo. Según esas encuestas, el partido del primer ministro Gordon Brown obtendría 35% de los votos, contra 37% para los conservadores, pero por las pecularidades del sistema electoral británico,esa frágil diferencia podría traducirse en 317 bancas para el laborismo contra sólo 236 para los tories . Brown debería, en ese caso, gobernar apoyándose en una coalición con los demócratas-liberales (LibDem), el tercer partido en importancia en el escenario británico.

Tras una terrible travesía del desierto, esta recuperación representa casi un milagro para el primer ministro británico. La crisis financiera, la recesión, el escándalo de los gastos de representación de sus parlamentarios, el pantano afgano, las luchas intestinas del laborismo y sus repetidas gaffes habían terminado por cansar a los británicos. Y pensar que hasta hace pocas semanas, David Cameron, líder de los conservadores desde 2005, parecía seguro de la victoria.

¿Qué pasó?, ¿Cómo es posible que un gobernante comprobadamente ineficaz y impopular aspire, de repente y contra todo pronóstico, a salvar la chamba? ¿Cómo es posible que los tories haya perdido la abismal ventaja que tenían hasta hace poco. Pues señores, es que en política el estilo y el buen porte no basta (o no debería bastar). Los británicos no sólo esperan de él estilo, sino también contenidos que justifiquen el relevo en Downing Street. David Cameron, antiguo ejecutivo de Relaciones Públicas, ha sabido crearse la imagen de líder próximo y carismático, pero le han faltado ideas de cómo resolver los problemas económicos del país. El estilo sin contenido no sirve de nada.

Cameron es el líder del partido conservador (los “Tories”) desde hace tres años. Llegó a este cargo con 39 años, siendo un auténtico desconocido pra la mayoría de l opinión pública. Poco a poco, su equipo fue “desvelando” detalles sobre él: hijo de un stockbrocker, creció en una casa de campo, se educó en el elitista Eton (donde también fueron los príncipes Guillermo y Enrique) y se graduó en la no menos presitigiosa Oxford. Su mujer está emparentada con la realeza y tuvo un hijo que nació con parálisis cerebral (ya murió). Guapo y de porte aristocrático, trabajó como Director de Comunicación en una gran empresa de la City (Carlton Communication), donde aprendió a manejar su propia imagen ante los medios y reposicionar a su partido. Llegó a hacerlo tan bien, que la prensa internacional llegó a decir que Cameron había conseguido “make Conservatives cool again”. Sin embargo, las dudas sobre su capacidad de gestión planean desde el principio. Gordon Brown lo ha etiquetado como el “do-nothing conservative” y aprovecha cualquier oportunidad para llamarlo “novato”.

Y es que Cameron ha tenido momentos en los que no ha sabido dar respuesta a problemas del país. Como en septiembre del año pasado: cuestionado por la quiebra del Lehman Brothers apareció dubitativo, no supo decir si estaba a favor o en contra de apoyar a los bancos con dinera público. Ahora carga con el sambenito de “insustancial” que le han endilgado los labroristas, que está calando entre el electorado.Quizá sea demasiado tarde para salvar al pobre de Gordon Brown, pero toda esta caída tan inesperada y de último momento de Cameron demuestran que el británico es un electorado relativamente más refinado que algunos otros que se conforman con un buen copete y una historia de telenovela.

¿Verdad, Enrique Peña Nieto?

Propuesta al Senado para la apertura del sistema de partidos

Este es el texto de la propuesta para la apertura del sistema de partidos que un grupo de ciudadanos mexicanos presentamos al Senado de la República. Lo hicimos preocupados por la tendencia que exhiben los tres grandes partidos políticos a cerrar aún más la posibilidad de que nuevas organizaciones políticas tengan la posibilidad de participar en elecciones. Si se lee y entiende bien el texto, se verá qu no se trata de formar nuevos negocios que medren del erarario público (de hecho, solicitamos eliminar el subsidio a priori las elecciones), sino de eliminar las injustas trabas que prevalecen actualmente para la formación de partidos emergentes que los obligan, entre otras cosas, a recurrir a pactos corporativos y clientelares para poder participar en las elecciones.


México D.F., a 9 de marzo de 2010

SEN. CARLOS NAVARRETE RUÍZ
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

SEN. GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ
Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

SEN. SENADOR MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA
Presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

SEN. LUIS MALDONADO VENEGAS
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia

SEN. ALBERTO ANAYA GUTIÉRREZ
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo


P R E S E N T E S

Asociarse pacíficamente, así como participar en elecciones para votar y ser votados son derechos elementales de los ciudadanos en cualquier democracia y están expresamente consagrados en nuestra Constitución. Resulta por ello necesario, en el marco de un ánimo generalizado de participar en la reforma política del país, que en el tema de la representación estos elementos prevalezcan. No deben ser ni el gobierno, ni mucho menos los partidos políticos ya existentes, los que determinen quienes deben participar en los comicios, sin escuchar la voz del ciudadano. Esta voz exige más espacios de participación, requisitos sencillos para organizar nuevos partidos y competir en condiciones de equidad, independencia y pluralidad como principios fundamentales del sistema democrático.

Desde la promulgación de la ley electoral federal de 1946, han regido disposiciones destinadas a restringir la creación y participación de nuevos partidos. De hecho, nuestra legislación electoral ha sido un caso sui generis a nivel internacional, pues prácticamente en ninguna democracia del mundo se exigen tantos requisitos para la constitución y registro de nuevos partidos, al mismo tiempo que se mantiene el monopolio de registro de candidatos a favor de los partidos existentes. En las democracias consolidadas, existen criterios diferenciados para el registro de los partidos políticos. Se exigen diferentes condiciones para participar en elecciones, para recibir recursos públicos y/o para lograr acceder a la representación parlamentaria.
Nuestro marco legal vigente establece que para constituir un partido político se deberá formular una declaración de principios, un programa de acción y estatutos, así como contar con 3,000 afiliados en por lo menos veinte entidades federativas, o 300 afiliados en por lo menos 200 distritos uninominales. Esto, sin que el número total de afiliados pueda ser inferior al 0.26% del Padrón Electoral Federal. Además de realizar asambleas en ese mismo número de entidades o distritos, con un elevado número de asistentes y en presencia de notarios públicos o funcionarios electorales.

Las condiciones que impone la ley, de afiliar y celebrar asambleas estatales o distritales en un tiempo límite, han tergiversado la naturaleza de la participación ciudadana, que debe sustentar el origen y derecho al registro legal de los partidos. En la práctica, ha obligado a las organizaciones que aspiran a constituir un nuevo partido político a depender de grupos y corporaciones con capacidad de movilización, utilizando métodos innobles, como efectuar rifas, sorteos y eventos populares o, descaradamente, pagar por la presencia de los supuestos afiliados.

Mantener un criterio restrictivo, privilegiando dinámicas del pasado, favorece la petrificación y esclerosis del actual sistema de partidos, quienes están lejos de representar la pluralidad existente en nuestra sociedad. Si aspiramos a vivir una democracia plena, debemos acabar con ese círculo vicioso que pervierte a los institutos políticos desde su creación, levantar las restricciones que aún pesan sobre el ejercicio del derecho de asociación política y permitir la participación de candidatos independientes a cargos de elección popular. Ofrezcamos más canales de participación a nuevos actores que, de manera individual o colectiva, quieren participar en la transformación nacional.

Es imperativo garantizar la consolidación de un sistema de partidos fuerte y representativo con el propósito de trabajar en favor de la gobernabilidad, pero también es importante ampliar los canales de participación. Hay formas de abrir la competencia sin debilitar el sistema de partidos, como lo prueban las experiencias de otros países en donde participar en elecciones es fácil, pero no lo es tanto acceder al parlamento y/o recibir financiamiento público. Urge abrir el abanico de opciones sin que esto implique mayores recursos del contribuyente. Por ello, pedimos se considere volver a adoptar en nuestro país el modelo de “registro condicionado al resultado en las elecciones” para nuevos partidos políticos. Por ello, proponemos a esta H. Soberanía:

1. Establecer requisitos asequibles a la ciudadanía y a sus organizaciones políticas para tener derecho a participar en elecciones, lo cual no implica utilizar recursos públicos para ello. Esto es, que una organización política pueda obtener “registro condicionado” y aparecer en las boletas electorales como partido político nacional acreditando el apoyo en firmas de un porcentaje mínimo del padrón (0.5%), contar con declaración de principios, programa y estatutos y comprobar actividad política previa a nivel nacional.

2. Que un partido político con registro condicionado pueda validar su registro y obtener el reembolso de gastos de campaña si, y sólo si, cumple cabalmente con las obligaciones establecidas en ley en materia de transparencia y rendición de cuentas, hasta por el monto que para tal efecto se haya establecido, y siempre y cuando haya obteniendo al menos el 1% de la votación efectiva.

3. Que un partido con registro condicionado tenga el derecho a la asignación de legisladores por el principio de representación proporcional cuando obtenga al menos el 2% de la votación nacional efectiva.

4. Establecer que los partidos políticos con registro local puedan postular candidatos a diputados federales y senadores en el ámbito de la entidad federativa que corresponda, recibiendo en consecuencia las prerrogativas y financiamiento en condiciones de equidad respecto de los partidos políticos nacionales.

El esfuerzo de una reforma política quedaría inconcluso si no se aprovecha la oportunidad histórica de abrir el sistema de partidos y de acercar a éstos a los ciudadanos. Retomemos el espíritu de la reforma política de 1977 y apostemos a un México plural. Oxigenemos la vida política de México fortaleciendo y fomentando la participación, abriendo más opciones para los ciudadanos.


ATENTAMENTE,