Nueva Propuesta al Senado de Reforma Política

México D.F., a 11 de marzo de 2010


SEN. CARLOS NAVARRETE RUÍZ
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

SEN. GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ
Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

SEN. SENADOR MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA
Presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

SEN. LUIS MALDONADO VENEGAS
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia

SEN. ALBERTO ANAYA GUTIÉRREZ
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo


P R E S E N T E S

La reforma política debe atender, desde nuestro punto de vista, tres exigencias indispensables para la consolidación de la democracia y para un ejercicio de gobierno eficaz en el marco de la pluralidad:

1. Garantizar que los cambios en el diseño, los mecanismos y los procedimientos de las instituciones democráticas establezcan las condiciones y los incentivos necesarios para la construcción de acuerdos en el ámbito del Poder Legislativo Federal y, sobre esta base, generar una relación funcional entre éste y el Poder Ejecutivo Federal. Esto supone desechar la pretensión, a la vez autoritaria y simplista, de resolver los retos de la pluralidad a través de la supresión o la reducción de la pluralidad misma. Y supone también asegurar que los acuerdos para la formación de mayorías y la elaboración de la agenda legislativa sean una expresión de responsabilidad y transparencia. Por ello manifestamos lo siguiente:

a. Reconocemos en los proyectos de reforma del PRI y el PRD elementos significativos a favor de la incorporación de principios, mecanismos y procedimientos parlamentarios, orientados a la funcionalidad del sistema presidencial en el marco de la pluralidad, como la ratificación del gabinete, el nuevo formato presidencial y la moción de censura.
b. Observamos en los proyectos del Ejecutivo y del PRI un compromiso a favor del fortalecimiento del Poder Legislativo, mediante la reelección de los representantes en ese ámbito (siempre y cuando no se combine con la segunda vuelta y otras restricciones directas a la pluralidad).
c. Rechazamos, en cambio, las propuestas del Ejecutivo para reducir la pluralidad a su mínima expresión, a través de la segunda vuelta en las elecciones presidencial y legislativa (que conducen a un formato bipartidista) y del incremento del porcentaje (al 4 por ciento) para la preservación del registro de los partidos y la obtención de representación parlamentaria, así como la intención del Ejecutivo y del PRI de reducir el componente de la representación proporcional en la integración de la Cámara de Diputados.

2. Corregir las distorsiones legislativas e institucionales que, si bien no son materia propia del ámbito electoral, lo afectan directamente y, en los hechos, anulan las condiciones imprescindibles para el desarrollo de contiendas equitativas, sobre todo por la intervención abierta o encubierta de recursos públicos provenientes de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como por la persistente participación de los llamados poderes fácticos en las campañas políticas que, en la práctica, han adquirido cada vez mayor peso en la formación y en el ejercicio del poder público, en contra de los principios más elementales de la representación política democrática, situando por encima de los intereses generales la representación y promoción de intereses particulares. En este sentido, proponemos:

a. El fortalecimiento de la pluralidad en los congresos locales y el establecimiento de la función electoral con carácter nacional, mediante bases constitucionales generales con ese fin, de tal modo que se fijen límites democráticos al ejercicio del poder público de los gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal. El objetivo es revertir una de las paradojas de la transición a la democracia que, al acotar o suprimir los poderes extra constitucionales del viejo régimen presidencial, no sustituyó los contrapesos centralistas y autoritarios por contrapesos y controles democráticos y, con esa omisión, abrió paso a la conformación de poderes sin límites efectivos en los ámbitos de las entidades federativas.
b. Poner fin a la intervención apenas simulada de recursos ilícitos, provenientes de empresas, sindicatos y crimen organizado, para la promoción de candidaturas y, en efecto, para la formación y el ejercicio de los órganos del poder público, violando con ello la legislación electoral y los principios básicos para contiendas electorales transparentes y equitativas.

3. Regular y garantizar en los hechos el derecho ciudadano de asociación y participación política y, por lo tanto, el derecho a votar y ser votados, como derechos imprescindibles en cualquier democracia, expresamente consagrados en nuestra Constitución, pero restringidos en la práctica y, peor aún, colocados en la mira de quienes pretenden, como lo hace el Ejecutivo en su proyecto de reformas, reducir la pluralidad a su mínima expresión. Con esos fines nos pronunciamos:

a. Por un sistema electoral y de representación política que promueva la construcción de ciudadanía y la participación ciudadana en la formación y el ejercicio del poder público, mediante la apertura del sistema de partidos y las candidaturas a cargos de elección popular, de tal forma que se superen el ambiente de descrédito y la pérdida de legitimidad de nuestra frágil e incipiente democracia. En este sentido, hace falta señalar que, desde la promulgación de la ley electoral federal de 1946, han regido disposiciones destinadas a restringir la creación y participación de nuevos partidos. De hecho, nuestra legislación electoral ha sido un caso sui generis a nivel internacional, pues prácticamente en ninguna democracia del mundo se exigen tantos requisitos para la constitución y registro de nuevos partidos, al mismo tiempo que se mantiene el monopolio de registro de candidatos a favor de los partidos existentes. En las democracias consolidadas, existen criterios diferenciados para el registro de los partidos políticos. Se exigen diferentes condiciones para participar en elecciones, para recibir recursos públicos y para lograr acceder a la representación parlamentaria.
b. Por generar mayores incentivos para la participación política ciudadana y por asumir el genuino sentido de la pluralidad en las democracias constitucionales, para lo cual se requiere romper el círculo vicioso de las reglas que pervierten a los institutos políticos desde su creación, levantar las restricciones que aún pesan sobre el ejercicio del derecho de asociación política y permitir la participación de candidatos independientes a cargos de elección popular. Se trata de abrir la competencia sin debilitar el sistema de partidos, como lo han hecho y lo prueban las experiencias de otros países en donde participar en elecciones es fácil, aunque con exigencias mayores para acceder al parlamento y, sobre todo, para recibir financiamiento público.
c. Por establecer la figura del “registro condicionado al resultado electoral”, con requisitos asequibles a la ciudadanía y a sus organizaciones políticas para tener derecho a participar en elecciones, lo cual no implica utilizar recursos públicos para ello. Esto significa que una organización política pueda obtener “registro condicionado” y aparecer en las boletas electorales como partido político nacional acreditando el apoyo en firmas de un porcentaje mínimo del padrón, contar con declaración de principios, programa y estatutos y comprobar actividad política previa a nivel nacional; que un partido político con registro condicionado pueda validar su registro y obtener el reembolso de gastos de campaña si, y sólo si, cumple cabalmente con las obligaciones establecidas en ley en materia de transparencia y rendición de cuentas, hasta por el monto que para tal efecto se haya establecido, y siempre y cuando haya obteniendo al menos el 1% de la votación efectiva; que un partido con registro condicionado tenga el derecho a la asignación de legisladores por el principio de representación proporcional cuando obtenga al menos el 2% de la votación nacional efectiva (en el marco de un sistema electoral mixto, con 50 por ciento de mayoría y 50 por ciento de representación proporcional para la integración de la Cámara de Diputados).
d. Por establecer que los partidos políticos con registro local puedan postular candidatos a diputados federales y senadores en el ámbito de la entidad federativa que corresponda, recibiendo en consecuencia las prerrogativas y financiamiento en condiciones de equidad respecto de los partidos políticos nacionales.

Estamos convencidos que el esfuerzo para una reforma política orientada a la consolidación democrática y a la eficacia del ejercicio de gobierno en un marco de pluralidad y libertades, quedaría inconcluso si no se aprovecha la oportunidad histórica de ajustar el diseño de las instituciones, sus mecanismos y procedimientos, a estas exigencias; si no se establecen límites y controles democráticos a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como a los llamados poderes fácticos; y si no se abre el sistema de partidos y se incorpora y garantiza el derecho a candidaturas independientes a cargos de elección popular.

No puede haber democracia sin ciudadanía. No puede haber ciudadanía sin derechos universales y efectivos de participación política. La disyuntiva es clara: o consolidamos una democracia de verdad que, en la pluralidad, permita responder a las demandas de desarrollo y bienestar de la sociedad, o corremos el riesgo de destruir la democracia que aún no hemos sido capaces de construir con la calidad, la eficiencia, la responsabilidad, el compromiso ético y la transparencia que la ciudadanía demanda con toda razón.