¿Y el clientelismo, apá?

No deja de llamarme la atención el entusiasmo con el que muchos de nuestros opinadores políticos enarbolan la idea de implantar reformas electorales como la reelección legislativa, la ampliación del número de senadores o diputados, la posibilidad de las candidaturas independientes y otras más sin detenerse a meditar sobre su viabilidad dentro la realidad política que nos circunda o de pensar si en México cumplimos los prerrequisitos básicos para ejercer una verdadera ciudadanía democrática. Las lecciones que nos han dado la mayoría de las experiencias latinoamericanas y de otras latitudes es que los movimientos ciudadanos muy frecuentemente fracasan en el intento por sacar ventaja de las reformas institucionales. Desdeñan nuestros sesudos analistas temas fundamentales en la degradación de nuestra vida democrática como el clientelismo, el cual detiene el poder de los ciudadanos y frustra las promesas de los cambios institucionales.

Definido por la Academia Española de la Lengua como "sistema de protección y amparo con que los poderosos patrocinan a quienes se acogen a ellos a cambio de su sumisión y de sus servicios", el clientelismo aflora en sociedades con situaciones económicas precarias donde se orilla a sectores mayoritarios de la población a valorar los
beneficios inmediatos de cambiar favores por votos en perjuicio de los beneficios abstractos y a largo plazo de la representación política. Quienes con tanto frenesí apuestan por las meras reformas formales a las leyes deberían entender que los
políticos y sus maquinarias han mostrado una extraordinaria habilidad para adaptarse a los cambios en las reglas políticas e institucionales y lo peor es que no solo las desigualdades sociales y las fallas estructurales de la economía dictaminan el carácter clientelar de un sistema político, sino que también hay prevalecen en el obvios elementos culturales e ideológicos. Democracias desarrollas tan señeras como Japón, Italia, España y Estados Unidos (entre otras varias) padecen de forma ostensible el fenómeno clientelar, al grado que uno se pregunta si esto del clientelismo es una especie de “mal necesario” con el que la democracia debe aprender a convivir y aspirar únicamente a tratar de mantenerla dentro de unos márgenes más o menos aceptables.

Po encima de los buenos deseos y las visiones rosas de muchos opinólogos y de los autonombrados “líderes de la ciudadanía impoluta” es indispensable encarar el gran problema del clientelismo entre nosotros para tratar de entenderlo mejor y tratar de moderarlo con iniciativas que se adapten a las realidades nacionales y no con ideas que lejos de garantizar una mayor apertura del sistema político acaben por contribuir a la promoción de sus vicios, como podría ser el caso de la reelección. También un poquito de menos soberbia ayudaría un tanto. Hace poco un distinguido constitucionalista, el Dr. Lorenzo Córdova, se lanzó la puntada de publicar en el universal algo así como “No se necesita ser un doctor en ciencia política para saber que mientras más miembros integren un parlamento myor será el la representación”. ¿Considerará entonces Córdova al parlamento de China Popular, con sus más de 2,200 delegados, el más representativo del mundo a pesar de ser una institución que se limita a aprobar de forma acrítica todo lo que resuelve el gobierno? ¿No dudará Cordova de la representatividad democrática real del mastodóntico Parlamento Europeo (750), el cual fue electo con el voto de apenas el 43% del electorado?
Nada hay de definitivo en eso de cuantos diputados debe haber en cada país, pero lo cierto es que para atender al tema se necesita algo más allá de los lugares comunes y de las respuestas “por librito”.

Es cierto que un parlamento demasiado pequeño podría dejar sin representación o silenciar intereses importantes, pero uno demasiado grande puede provocar que el proceso legislativo se vuelva poco manejable y generar la necesidad de una compleja estructura de comités y subcomités, animar la delegación de mayor autoridad legislativa en el poder ejecutivo y, desde luego, pude acarrear problemas de gobernabilidad. Y aunque Córdova tiene razón cuando nos dice que reducir el número de diputados y senadores tendría un impacto mínimo en el gran total de las cuentas públicas, lo cierto es que los reiterados abusos de los “representantes populares” sobre sus canonjías y sobresueldos han despertado la indignación ciudadana. Lo simbólico también pesa en política, y mucho. Por eso no deberíamos desechar la idea de recortar el número de diputados, aunque sin perjudicar el número de representantes elector por la representación proporcional. También, insisto, es hora de repensar las funciones y utilidad del Senado de un país que no necesita la duplicación de la función parlamentaria pero que es (o aspira a ser) una república federal plena.