En Brasil, la idea de un ingreso ciudadano básico ha formado parte de la agenda política desde 1991 como una propuesta del senador Eduardo Suplicy, del Partido de los Trabajadores.
La iniciativa fue criticada durante todo su mandato por el presidente socialdemócrata Fernando Enrique Cardoso, quien la consideraba improcedente por que "crearía tensiones inflacionarias y desestimularía la cultura del trabajo*. Es por ello que el IBC permaneció en limbo parlamentario durante 10 años en el Congreso.
Sorprendentemente, en enero 2004 la ley Suplicy fue, finalmente, aprobada por el Congreso federal y firmada por el presidente Lula. La nueva ley establece "el derecho de todos los brasileños que residen en Brasil y extranjeros que tengan residencia en Brasil de por lo menos cinco años sin importar su condición socioeconómica de recibir un beneficio monetario anual." El beneficio estaba planteado para ser implementado gradualmente a partir del 2005 y se establecía que el valor del beneficio conforme al mínimo necesario que una persona necesita para comida, educación y salud, tomando en cuenta el nivel de desarrollo del país y la disponibilidad de recursos presupuestarios. En el supuesto de que comenzara con R$40.00 al mes ó 16 dólares por persona, una familia de seis personas recibiría R$240.00 ó 97 dólares mensuales. Si el jefe(a) de familia recibe el salario mínimo que en Brasil es de R$260.00 ó 105 dólares mensuales y la familia no tiene otro ingreso, entonces el ingreso mensual de dicha familia aumentaría a R$500.00 ó 202 dólares. El programa beneficiaría, en una primera etapa, sólo a los 50 millones de personas (de 181 habitantes) que, en Brasil, viven por debajo de los límites de pobreza.
Sin embargo, el escepticismo sobre la viabilidad de la medida surgió desde el momento mismo de su promulgación. Durante la ceremonia de aprobación de la ley, el presidente Lula dijo: "En Brasil hay leyes que funcionan y leyes que no funcionan. Ojalá está funcione". Algo sabría Lula, ya que la ley, hasta la fecha, no ha podido ser reglamentada y podría quedar en "papel mojado", tal y como sucedió con muchas de las intenciones regulatorias y estatistas que tenía la Constitución brasileña en su origen. A pesar de las buenas intenciones ddel Constituyente de 1988, la ley fundamental ha sufrido más de 50 reformas, aprobadas para permitir la liberalización de la economía brasileña.
En 1995, Campinhas y Brasilia fueron las primeras ciudades en adoptar programas de ingreso básico, sin embargo ambos programas tuvieron, desde el inicio, grandes limitantes y fueron suspendidas con la crisis financiera de unos años después.
Lo cierto es que, para desánimo de Suplicy, la administración de Lula ha privilegiado su programa de Hambre Cero, un esfuerzo por combinar los beneficios monetarios con políticas más amplias para el desarrollo de capital social. Desafortunadamente, el gobierno no ha sido capaz de implementar este plan por completo y Hambre Cero se ha reducido gradualmente a su componente inicial "Bolsa-família" o asistencia familiar. El impacto económico de "Bolsa-família" es innegable, sin embargo hasta el momento sólo le brinda ayuda a 6.5 millones de familias con niños en edad escolar, es decir, la mitad de las familias en el país que viven por debajo del límite de pobreza con un aporte promedio de 26 dólares al mes. El gobierno buscaba alcanzar 11.6 millones de familias a finales del 2007.
Es decir, la política social de Lula, que en el papel parecía ser una de las más ambiciosas de la historia, se ha quedado en establecer programas asistenciales tradicionales, y ha rehuido a la aplicación de subsidios monetarios directos
*ver; "Renda e consumo, André Lahoz, A Era FHC: un Balanco, Bolivar Lamounier y Rubens Figuereido, compiladores, Cultura Editores associados, Sao Paulo, 2002
Ver también: "Legitimizing Basic Income in Developing Countries: Brazil or the Answer is Blowin' in the Mind" por Eduardo Suplicy, trabajo presentado en el Foro Global de ONGs organizado por la coalición BIG "Basic Income Grant" en: sacc-ct.org.za/suplicy.html .
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