Primeros auxilios para la inminente guerra en Yemen

Sí hay guerra en Yemen tendrán que consolar a los heridos diciéndoles: "Sana'a, Sana'a, colita de Rana'a".

Michelle y Cretina: Sol y Sombra

Dos mujeres gobiernan actualmente en Sudamérica: Michelle Bachelet y Cristina Kirchner. El contraste no puede ser mayor entre ellas. Son sol y sombra. Mientras la presidenta de Chile se acerca al final de su fructífero mandato con un monumental índice de aprobación popular de más del 80%, la gobernante de la malhadada República Argentina va de tumbo en tumbo y de tropelía en tropelía. Ayer cometió su más grave desaguisado al destituir de manera ilegal al titular del Banco Central de Argentina, Martín Redrado, con lo que se ha desatado una crisis espectacular cuyas consecuencias para el país austral pueden ser catastróficas. Kirchner pretende el uso de las reservas federales para pagar la deuda externa lo que supone el traspaso de $ 6,569 millones de dólares. Queda en evidencia, una vez más, el estilo autocrático del populismo latinoamericano, que en la pobre Argentina ha conocido algunas de sus mas nefastas encarnaciones desde la dictadura de Perón. El afán de gobernar al margen de los límites legales del kirnerchismo, que ya apareció antes con a polémica "resolución 125" contra el campo, cuando se forzó el alejamiento de figuras independientes que se hallaban a cargo de organismos de control y con las arbitrariedades oficialistas en perpetradas en contra de los diarios Clarín y la Nación, llvan a Argentina a un nuevo abismo.

Por cierto que la inmensa popularidad de Bachelet no se ha traducido en una ventaja para el candidato de la Concertación, el tedioso ex presidente Eduardo Frei. Vientos de cambio soplan en Chile. Al respecto, vale mucho la pena la editorial publicada a finales de diciembre por Jorge Edwards Jorge Edwards en El País de España. El escritor anuncia que pese a ser un tradicional votante de izquierda votará ahora a Piñera cansado del monopolio de la Concertación y de que "...la palabra izquierda se ha(ya) transformado en una palabra mágica, una especie de escudo moral y mental".

Los Term Limits en Estados Unidos...y sus razones

Menos mal que la propuesta presidencial para instalar en México la reelección legislativa incluye límites al número de mandatos que los diputados y senadores podrán ejercer de forma consecutiva. Lo que me preocupa es que los académicos empleados de la Secretaría de Gobernación y los analistas que hacen de compañeros de viaje de aquellos, que con tanto entusiasmo nos presentan la idea de la reelección legislativa con tan hermosos colores, se aferren a una actitud de soberbia cada vez que alguien les cuestiona sobre la efectividad real que ha exhibido la reelección legislativa (y la de alcaldes) en los países que la permiten. Menos prepotencia y más análisis comparado llevaría a estos señores a ponderar en mucho los panegíricos que constantemente dedican a la reelección. ¿Por qué estos analistas no han profundizado en las razones por las que se han impuesto límites al derecho de reelección de los gobernadores, legisladores locales y alcaldes (Term Limits) en Estados Unidos? Sigue creciendo en la Unión Americana una irrefrenable tendencia a imponer limitaciones al número de mandatos que pueden ejercer los gobernantes a nivelo local, y sigue cobrando fuerza la idea de establecer estos límites a los legisladores a nivel federal. Abundan los trabajos analíticos serios (que nuestros “especialistas”, obviamente, no conocen) que explican que estas limitaciones al derecho de reelección se han hecho indispensables como una forma eficaz de combatir varios males, de los cuales yo destacaría tres: lobbysmo excesivo, clientelismo e injusticias en las condiciones de competencia electoral que dan a los candidatos en ejercicio, ventajas adicionales frente a sus opositores. ¡Y algunos de los “pundits” que pretender vender la idea de la reelección nos dicen en México que este mecanismo es el “ideal” para evitar precisamente estos problemas! ¡Pues en qué mundo viven? Vuelvo a preguntar.

Reitero que es muy más grave la afirmación de algunos opinadores favorables a la reelección de legisladores y alcaldes en el sentido de que el fenómeno clientelar es menor es menor (¡¡¡???!!!¿¿¿) en las naciones donde existe la reelección. Tal aserto sencillamente no resiste el menor análisis. El clientelismo es un fenómeno universal que cada vez cobra una mayor importancia, desgraciadamente, y para evitarlo de poco ha servido la presunta "rendición de cuentas" que es, según los panegiristas de la reelección , es resultado natural de este mecanismo. Los casos de corrupción y clientelismo pululan en numerosas ciudades norteamericanas en donde los alcaldes pueden reelegirse. ¿Por qué? Las cosas no son mucho mejores en América Latina y en naciones famosas por sus prácticas clientelares como Italia, Japón o las de Europa del Este. ¡Y en todos los casos se reelige a los alcaldes!

Esta es una lista con la información de los estados en los que los ciudadanos han impuesto límites al derecho de reelección de sus legisladores locales:


Arizona 1992 Diputados: 4 mandatos (8 años)
Senado: 4 mandatos (8 años)

Arkansas 1992 Diputados: 3 mandatos (6 años)
Senado: 2 mandatos (8 años)

California 1990 Diputados: 3 mandatos (6 años)
Senado: 2 mandatos (8 años)

Colorado 1990 Diputados: 4 mandatos (8 años)
Senado: 2 mandatos (8 años)

Florida 1992 Diputados: 4 mandatos (8 años)
Senado: 2 mandatos (8 años)

Louisiana 1995 Diputados: 3 mandatos (12 años)
Senado: 3 mandatos (12 años)

Maine 1993 Diputados: 4 mandatos (8 años)
Senado: 4 mandatos (8 años)

Michigan 1992 Diputados: 3 mandatos (6 años)
Senado: 2 mandatos (8 años)

Missouri 1992 Diputados: 4 mandatos (8 años)
Senado: 2 mandatos (8 años)

Montana 1992 Diputados: 4 mandatos (8 años)
Senado: 2 mandatos (8 años)

Nebraska 2000 Unicameral: 2 mandatos (8 años)

Nevada 1994 Diputados: 6 mandatos (12 años)
Senado: 3 mandatos (12 años)

Ohio 1992 Diputados: 4 mandatos (8 años)
Senado: 2 mandatos (8 años)

Oklahoma 1990 Unicameral: 4 mandatos (12 años)

Dakota del Sur 1992 Diputados: 4 mandatos (8 años)
Senado: 2 mandatos (8 años)

Wyoming 1992 Diputados: 6 mandatos (12 años)
Senado: 3 mandatos (12 años)


A: Los “term limits” fueron cancelados por ser considerados “anticonstitucionales” por las cortes supremas de Idaho, Massachusetts, Oregon, Utah y Washington pese a que en todos los casos la propuesta contó con una abrumadora mayoría a favor en los respectivos referéndums.

B: En Arizona, Florida, Louisiana, Maine, Ohio y Dakota del Sur la limitación al derecho de reelección es sólo para mandatos consecutivos

C: En Arkansas, California, Michigan, Missouri, Nevada and Oklahoma la limitación al derecho de reelección es de por vida.

D: En Colorado, Montana y Wyoming la limitación no es de por vida, pero deben pasar por lo menos cuatro años para poder volver a presentarse a la reelección.

E: Varias ciudades han impuesto límites al número de mandatos que los alcaldes pueden ejercer al frente del gobierno local, dentro de las que destacan Nueva York, Cincinnati, Los Ángeles, Houston, Filadelfia, Phoenix, San Antonio, San Diego, Dallas y San José

Los arcanos de Sana'a

Ahora que Yemen está en la mira de la inútil guerra acontra el terrorismo me viene a la memoria el soberbio documental realizado por Pasolini durante el rodaje de Las Mil y Una Noches sobre Sana'a (la Real Academia quiere que escribamos "Saná", pero eso le resta encanto) como un llamamiento a la UNESCO frente a la demolición de sus murallas históricas. Sana’a, la capital del Yemen, es una de las ciudades más deslumbrantes y arcanas del mundo. Se trata de un lugar fuera del tiempo y la historia. Una leyenda narra que Saná fue fundada por Sem, hijo mayor de Noé, quien tras abandonar el país de origen se trasladó al sur, donde encontró un territorio formado por montañas avasallantes y lujuriosos valles. Se estableció aquí y gracias a él la ciudad fue considerada una especie de refugio y oasis de paz, ya que en el lugar los combates estaban absolutamente prohibidos. Sana’a tiene una fantástica arquitectura, en buena medida inspiradora de escuelas contemporáneas, con sus casas de varios pisos (hasta 7-8) construidas con ladrillos de arcilla cocida al sol y enriquecidas con ventanitas de alabastro, fachadas de creta blanca y pequeños balcones tallados que recuerdan encajes. El inmortal pasolini se enammoró del lugar y gracias a él la ciudad fuera reconocida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. El gran maestro dijo “Me dirijo a la UNESCO, en nombre de la verdadera, si bien todavía no expresada, voluntad del pueblo yemenita.En nombre de los hombres simples que la pobreza ha mantenido puros. En nombre de la gracia de los siglos oscuros. En nombre de la escandalosa fuerza revolucionaria del pasado, porque aún estamos a tiempo para convencer a una todavía ingenua clase dirigente, que la única riqueza de Yemen es su belleza y conservar tal belleza significa, entre otras cosas, poseer una reserva económica que no cuesta nada. Salvemos a Yemen de su destrucción, porque es un patrimonio que pertenece a la humanidad.” Hoy Yemen, anárquico país, estado fallido que desde hace mucho sobrevive en medio de la vorágine del fundamentalismo musulmán y la pobreza extrema, salta inesperadamente a los titulares de la prensa mundial. Pobre país, pero no dejen de ver a Pasolini.

Del G8 al G20

Rodolfo Santos Dávila, distinguido panista originario del estado de Tamaulipas identificado con el ala liberal de este partido, y su servidor publicarán este año el libro “Del G8 al G20: los Retos de la Gobernabilidad Mundial”, el es producto de trabajos e investigaciones que ambos hemos realizado a los largo de los años y que ya dieron un modesto fruto a mediados de los noventas con el libro “Ocho en la Cumbre”, que ahora corregimos y ampliamos, sobre todo con la perspectiva de otorga la integración de México en el G20. Rodolfo y yo siempre hemos aquilatado la importancia del G8 como una institución clave para el mantenimiento de la seguridad internacional. Desde luego, esta afirmación no deja de ser polémica. Muchos dudan de la efectividad del G8, y califican a la cumbre anual como un acto social únicamente útil para “sacarse la foto”. De hecho, la práctica de sostener cumbres en las que participan personalmente jefes de Estado es duramente cuestionada por algunos ortodoxos de las relaciones internacionales. Uno de los principales críticos de las cumbres ha sido Harold Nicolson. Teórico fundamental la diplomacia mundial, deploró en alguna ocasión la práctica del contacto personal entre los estadistas del mundo, a la que calificó como “irrelevante, en el mejor de los casos…” “y hasta peligrosa, pues puede propiciar innecesarias desavenencias y malos entendidos” . Pero, pese a sus detractores, lo cierto es que las cumbres han servido para el propósito de acercar posturas entre dirigentes mundiales, reducir tensiones, construir consensos e intentar liderazgos colectivos. Por ejemplo, pocos cuestionan las aportaciones que a la preservación de la paz mundial efectuaron las cumbres entre los mandatarios de Estados Unidos y la Unión Soviética durante la guerra fría logradas, desde luego, no sin dificultades e incluso sufriendo eventuales retrocesos; y solamente la institucionalización de un Consejo Europeo, que no es más que la reunión semestral de los gobernantes de sus países integrantes, fue capaz de dotar a la Unión Europea de un órgano eficaz para la toma de decisiones comunitarias. Actualmente, las cumbres periódicas se han extendido a prácticamente todas las regiones del mundo. Recuérdense, entre otras, las reuniones de la APEC, la ASEAN, la OTAN, la Organización de la Unidad Africana, el Grupo de Río y las Cumbres Iberoamericanas. Algunas más útiles y exitosas que otras, en general permiten el estrecho contacto entre los presidentes y una mejor comunicación para arribar a acuerdos para la defensa de intereses y el combate a problemas comunes.

Las cumbres son relativamente recientes en la historia de la diplomacia mundial. Analistas como John Kirton aseguran que las cumbres ”representan la tercera y, en algunos aspectos, más efectiva de las grandes olas internacionales de construcción de instituciones de la posguerra, siendo la primera de estas olas la construcción de la ONU y sus agencias especializadas en los años inmediatos al fin de la II Guerra Mundial, y la segunda la creación de organismos multilaterales complementarios a aquéllos, como el GATT, la OECD, la ASEAN, la OTAN y la Agencia Internacional de Energía (AIE), por citar algunos”.

Las cumbres aparecen como un intento de suplir las insuficiencias de los organismos multilaterales en la tarea de contener las recurrentes crisis políticas y económicas internacionales que suceden en el mundo desde los años setenta. El fracaso del FMI para salvar el sistema monetario internacional nacido en Bretton Woods, la ineficacia de las instituciones especializadas para responder efectivamente a los shocks energéticos y políticos de Medio Oriente, y la incompetencia mostrada por Naciones Unidas para manejar el nuevo orden económico internacional resultado de estas sacudidas, obligaron a establecer mecanismos más directos de coordinación en los que los mandatarios procuraran, por lo menos, intercambiar puntos de vista y darse una oportunidad para la reflexión.

En ese sentido, el G8 fue es un esfuerzo peculiar para otorgar un liderazgo político colectivo del más alto nivel a un mundo turbulento. Inaugurado en 1975 como un mecanismo sui generis de alto nivel para propiciar la reunión periódica de los líderes de las siete naciones más industrializadas del mundo capitalista (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido), el Grupo de los Siete (a partir de este año, de los Ocho) era concebido por sus dos principales promotores, Valery Giscard d’Estaing y Helmut Schmidt, como una instancia informal creada con el propósito de evitar los grandes e ineficaces encuentros multilaterales, que la mayor parte de las veces concluían en atrofia y burocratismo. La esencia de estas cumbres residía en agilizar las relaciones entre las potencias mediante el encuentro directo de sus jefes de Estado y en implantar, de esta forma, un mecanismo espontáneo de intercambios no burocrático y dueño de vida propia entre “los que realmente cuentan”.

Claro, desde el principio la integración de un club tan “exclusivo” provocó protestas del resto de la comunidad internacional. Por un lado, de las potencias económicas medias (como los Países Bajos, Bélgica o Suecia) y de los países en vías de desarrollo más habitados (India, Indonesia y China), que se sentían con suficiente derecho y representatividad para ser considerados miembros del grupo; por otra parte, del mundo en desarrollo, que reprocha al G8 su supuesta pretensión de hablar y decidir en nombre de la humanidad; y, por último, de aquellos que consideran que se está relegando a la ONU y al resto de los organismos internacionales a un segundo plano en beneficio de los países más ricos. Pero los creadores del G7, sobre todo Giscard, pretendían que esta institución sirviera como un foro para tratar de establecer consensos entre las grandes potencias exclusivamente sobre temas de macroeconomía, política monetaria y comercio internacional. Pero, paulatinamente, los aspectos de política y de seguridad mundial, relegados en una primera parte, cobraron importancia, sobre todo a partir del inicio de la década de los ochenta, con el recrudecimiento de la guerra fría. Prueba de ello es que los acuerdos más importantes alcanzados en las cumbres del G7 tuvieron que ver con las cuestiones de política internacional. Compromisos trascendentales sobre el combate al terrorismo, el desarme, las relaciones Este-Oeste, la defensa de los valores democráticos, la guerra Irán-Irak y la invasión soviética a Afganistán fueron fruto de las conversaciones sostenidas en las cumbres.

Evidentemente, con esto no se quiere decir que el impacto del G7 en la economía internacional haya sido intranscendente. En las cumbres se han logrado importantes acuerdos, como los que permitieron destrabar, en su momento, las rondas de Tokio y de Uruguay del GATT, así como los consensos logrados para tratar de aliviar en algo el peso de la deuda externa a países en vías de desarrollo, como los alcanzados en París en 1989 y en Halifax en 1995. Dicho sea esto sin dejar de reconocer los muchos fracasos, a veces estruendosos, que ha sufrido el G7 durante su historia, e incluso la futilidad de algunas cumbres.

Fue, entonces, en los ochenta cuando se comenzó a percibir al G7 cada vez más como un organismo garante de la seguridad global, tendencia que se reforzaría en los noventa tras el fin de la guerra fría y el advenimiento de un confuso “nuevo orden internacional”. Asimismo, poco a poco los líderes de las democracias industrializadas han ido incorporando a la agenda los temas “globales” que afectan a la sociedad contemporánea, como el tráfico de drogas, la defensa del ambiente e incluso la propagación del SIDA.

Tras el fin de la guerra fría, la integración al gran gripo del poder de Rusia, el auge del terrorismo y, sobre todo, la relativa declinación de poder económico de los miembros tradicionales frente al empuje de nuevas naciones emergentes como India, China y Brasil el g8 empezó a verse obsoleto tanto en lo concerniente a los temas económicos como den los de seguridad internacional. Por ello ahora parece inminente su y transformación en un Grupo de los 20 que integre tanto a las naciones de nueva industrialización como a otros países significativos por el tamaño de su población o de su economía. Desde luego, cabe preguntarse la viabilidad de un mecanismo que funcionó relativamente bien con 8 miembros pero que difícilmente conocerá la misma eficiencia con 20 integrantes, muchos de los cuales comparten entre sí visiones similares sobre los grandes temas políticos económicos y sociales del nuevo siglo pero, para bien o para mal, y ahora que la reforma a las Naciones Unidas está empantanada -sobre todo en lo concerniente a la conformación del Consejo de Seguridad- el G8/20 tiene la posibilidad de asumir una nueva dimensión en problemas de seguridad y política internacional que lo podría convertir en el instrumento global de toma de decisiones más prominente en el escenario del fin de siglo, por encima de otras instancias y organizaciones formales de carácter multilateral.

Este será el índice de nuestro libro:

Del G8 al G20 y los Retos de la Gobernabilidad Mundial
Autores: Rodolfo Santos y Pedro Aguirre
Primera Parte: Origen y desarrollo del G7/8
A) Primera Etapa: 1975-81: el dilema económico y comercial
B) Segunda Etapa: 1982-93: El éxito de los aliados.
C) Tercera Etapa 1993-2001: El impacto de la guerra fría y la aparición de la sociedad civil.
D) Cuarta Etapa: 2001-2009: El G5, el G20 y la eclosión de las potencias emergentes.

Segunda Parte: Los Cuatro Grandes Dilemas de la gobernabilidad mundial
A) Economía y Comercio
B) Seguridad Alimentaria Internacional
C) Paz y Seguridad Internacionales
D) Ecología y seguridad

Tercera Parte: México en el G 20: realidades y perspectivas

¡Ñoños, No!

El Oso Bruno les desea un feliz 2010 y renueva ante todos su inmutable compromiso de perseguir, criticar, desenmascarar y evidenciar a los ñoños y pedantes de este mundo durante el año que hoy inicia.

Las falacias contra la representación propocional

Otra de las muy controvertidas propuestas de reforma electoral que presentó Calderón consiste en elevar el tamiz que los partidos deben alcanzar para conservar el registro y adquirir representación parlamentaria del 2% a 4% de la votación nacional emitida. Desde luego, a primera vista puede parecer beneficioso para el sistema político mexicano deshacerse de la recua de chiquipartidos actuales, esa hez integrada por el PVEM, Nueva Alianza, el PT y Convergencia, que no son sino sucios negocios de vivales que fueron capaces de cubrir las condiciones corporativas que impone el código electoral para otorgar el registro a los partidos y que sólo son auténticas patentes de corzo de políticos oportunistas y corruptos como Anaya, Dante y González Torres. ¿Cómo no aplaudir, entonces, la eventual desaparición de tales garitos con una reforma que eleve el porcentaje que deben conseguir para seguir medrando de las arcas públicas? Por supuesto que México saldría ganando si todas estas miasmas desaparecieran. El problema estriba en que dicha medida no va acompañada de una reforma que abra la posibilidad de competencia a organizaciones políticas verdaderamente ciudadanas y representativas.

Ya en un pasado post reflexionamos sobre la necesidad de establecer un triple registro a los partidos que permita a organizaciones de nuevo cuño participar en las elecciones estableciendo condiciones relativamente sencillas de alcanzar para tener derecho a la participación electoral pero que imponga condiciones más estrictas a las actuales para la obtención de prerrogativas y para contar con representación en las cámaras legislativas. Es obvio que al no ir complementado este incremento en el tamiz que los partidos deben alcanzar para conservar el registro y la representación parlamentaria con una apertura a la posibilidad de que nuevas fuerzas políticas acedan a la participación electoral lo que busca Calderón es mantener intacto al oligopolio partidista actual de “dos partidos y medio” (para utilizar los términos duvergerianos), con dos organizaciones, PRI y PAN, con implantación nacional disputándose el poder a nivel federal y un “medio partido”, el PRD, capaz sólo de disputar el gobierno del DF, un puñado de gubernaturas y un número relativamente reducido de diputaciones uninominales y senadurías.

En México urge revalorizar la representación proporcional, hoy víctima de una campaña del gobierno calderonista y tan mal comprendida por algunos de esos “campeones ciudadanos” y demagogos superficiales que señalan a los partidos como los grandes enemigos a vencer. Pese a sus defectos, los partidos, per se, no son enemigos de la representación ciudadana. Quien afirme lo contrario desconoce profundamente la lógica real de la representación política en las democracias contemporáneas. Armar un pretendido “discurso ciudadano” en base de verdades a medias y sofismas producto de pruritos pseudoacadémicos únicamente desemboca en demagogia de lo más vulgar. Obviamente, lo deseable es que dichos partidos sean expresiones reales de opciones políticas legítimas y no sucios negocios como los que padecemos en México con la “chiquillada” producto de nuestra deficiente legislación en la materia. Por ello es indispensable abrir la competencia a la participación de nuevos partidos erradicando las condiciones corporativas y clientelares hoy vigentes. Tratar de erradicar la representación proporcional atenta contra de la gran diversidad ideológica y cultural de México. No debe pasar.

Es hora de abrir la participación electoral en México

Las iniciativas presidenciales presentadas tan a destiempo para la supuesta "reforma del Estado" dejan de lado el que, quizá, sería el tema primordial para la auténtica revigorización de nuestra vida democratica: las reglas que deben funcionar en lo concerniente a la participación de partidos en México. Lo cierto es que desde la promulgación de la ley electoral de 1946, en nuestro país han regido disposiciones muy estrictas destinadas a restringir la participación de nuevos partidos en las elecciones federales y, sobre todo, diseñadas para evitar lo más posible escisiones de última hora en el partido hegemónico. De hecho, en este sentido podemos afirmar que nuestra legislación electoral ha sido un caso sui generis a nivel internacional, ya que prácticamente en ninguna democracia del mundo se exigen tantos requisitos a los partidos y a los candidatos en lo individual para poder participar en las elecciones (salvo, en alguno casos, cuando se trata de elección presidencial, como veremos más adelante).

La ley electoral de agosto de 1918, la primera importante redactada en México tras la promulgación de la Constitución de 1917, establecía requisitos mínimos para que los partidos pudieran participar en las elecciones federales. De hecho, las condiciones se limitaban a la celebración de una asamblea constitutiva que contara con la presencia de por lo menos cien ciudadanos, a la presentación de un programa político y de gobierno, a la impresión de un órgano informativo y a la designación de una mesa directiva. Asimismo, la ley no impedía la posibilidad de candidaturas independientes. Evidentemente, al momento de entrar en vigor esta ley, en México no existía un antecedente sólido de sistema de partidos. Durante toda la vida republicana previa, la política era un juego personalista que dependía de caudillos y de “personalidades fuertes”, además de que la vía electoral no era precisamente la fórmula para garantizar la obtención del poder.

Pero con la formación del Partido Nacional Revolucionario, en 1929, las cosas cambiaron. El nuevo partido tenía pretensiones hegemónicas, y no estaba dispuesto a participar en una competencia electoral justa y equitativa en la que pudiera perder el poder. En los comicios presidenciales de 1940, un hombre salido del propio sistema, el general Almazán, retó con relativo éxito al partido oficial, por lo que seis años más tarde, en preparación para las elecciones de 1946, el Congreso de la Unión aprobó una nueva legislación que pondría obstáculos excepcionales a la participación de nuevos partidos, y procuraba impedir al máximo la escisión de grupos inconformes al interior del PRI.

La ley electoral de 1946 tenía un grado de complejidad notablemente mayor a la de su predecesora. Introdujo el concepto de “registro nacional“ e impuso a los partidos procedimientos difíciles de cumplir para acceder a dicho registro: celebración de asambleas constitutivas en por lo menos dos terceras partes de los estados certificadas por un notario público; contar, como mínimo, con treinta mil miembros a nivel nacional, mil por lo menos en dos terceras partes de las entidades de la República; implementar un programa de educación política y mecanismos de sanciones para los militantes que no acataran los estatutos; una organización interna con Asamblea Nacional, Comité Ejecutivo Nacional y Comité estatal en cada entidad; publicar una gaceta informativa periódica; y tener por lo menos un año de existencia previo a la celebración de los comicios en los que se pretendía participar. Además, la Comisión Federal Electoral, órgano de reciente creación totalmente dependiente de la Secretaría de Gobernación, otorgaba discrecionalmente el certificado de registro. Cabe señalar que a partir de entonces, quedaron suprimidas las candidaturas independientes.

En la década de los años cincuenta, las condiciones para registrar partidos se hicieron aún más difíciles. Tras la campaña del general Henríquez Guzmán, efectuada en los comicios presidenciales de 1952, se elevó el número de afiliados que un partido debía tener de 30 a 75 mil, con un mínimo de 2,500 militantes en por lo menos dos terceras partes de las entidades. Todas estas limitaciones impuestas a la participación de los partidos desalentaron efectivamente la aparición de nuevas alternativas y coadyuvaron decididamente a convertir a los procesos electorales en ritos inocuos que no despertaban el interés de la ciudadanía.

Pero a partir de los setentas, el régimen empezó a preocuparse seriamente por la inutilidad y la absoluta falta de credibilidad de las elecciones. Se trataba de devolverle vida a los procesos electorales, pero sin que por eso corriera peligro la hegemonía del PRI. La ley electoral de 1971 bajó de 75 a 65 mil el requisito de número de militantes a nivel nacional y de 2,500 a 2,000 afiliados en las dos terceras partes de los estados. Con la reforma política de 1977 y la promulgación de LFOPPE se establece una doble vía para obtener el registro: la definitiva y la condicionada. Para obtener la primera era necesario contar con por lo menos 65 mil afiliados (3,000 en la mitad de las entidades federales o 300 en la mitad de los distritos uninominales), y la celebración de una asamblea nacional constitutiva y de asambleas en por lo menos la mitad de los estados o de los distritos; mientras que la segunda se limitaba a exigir a los partidos a los que la CFE decidiera dar una oportunidad excepcional lograr el 1.5% de los votos en una elección federal (diputados, senadores o presidencia).

Sin embargo, a pesar de esta relativa flexibilización, el registro a un partido se hizo más difícil desde el punto de vista del tiempo de existencia previo a la celebración de los comicios, ya que éste se elevó de uno a cuatro años.

Con el Código Federal Electoral de 1987, se puso fin a la figura de registro condicionado. Por último, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, promulgado en 1989, estableció las condiciones para el registro de partidos que actualmente tienen vigencia, siendo las principal, para la figura definitiva, 65,000 afiliados como mínimo a nivel nacional, con 3,000 en por lo menos la mitad de las entidades o 300 en cada uno de la mitad de los distritos electorales; y para el registro condicionado (restaurado por este código), haber realizado permanentemente actividades políticas propias y de forma independiente de cualquier otra organización o partido por lo menos durante los dos años previos a la solicitud de registro. En la actualidad rige la disposición que obliga a los partidos a celebrar por lo menos 20 asambleas estatales o 200 distritales para obtener el dichoso registro, lo que ha dado lugar a una mayor corporativización de del sistema y al exceso de clientelismo.

Es cuando comparamos las condiciones que han estado vigentes en México con las disposiciones en la materia que rigen en otras naciones, que nos damos cuenta que se trata de requisitos exageradamente difíciles de alcanzar, por lo menos en lo concerniente a las elecciones para integrar al parlamento. En la gran mayoría de las naciones europeas, la autoridad sólo considera, en principio, el registro de candidatos individuales. En los casos de sistemas electorales proporcionales puros, se demanda a las personas que aspiren a aparecer en una lista de candidatos reunir un número relativamente reducido de firmas de ciudadanos habitantes en la circunscripción respectiva. En los sistemas uninominales, como Francia y Gran Bretaña, al requisito de las firmas se suma el pago de un depósito que el candidato sólo recupera si rebasa en la votación una determinada proporción de votos.

En América Latina, es más común que la legislación considere a los partidos políticos para efectos de la participación electoral, pero, aún así, las condiciones que se imponen no son demasiado difíciles de alcanzar. Por ejemplo, en Argentina, se estipula que un partido cuente como militantes a por lo menos un número equivalente al 0.4% del total de inscritos en el padrón electoral en un mínimo de cinco provincias distintas. En Bolivia, se demanda a los partidos una militancia que se equipare a por lo menos el 0.5% del total de votos válidos en la elección general inmediata anterior. En Brasil, las principales condiciones son: la celebración de una convención nacional y un mínimo de nueve convenciones estatales, o contar con el apoyo de por lo menos el 10% de los diputados o senadores, o reunir un número de firmas equivalente al 5% del total de votos válidos en la elección inmediata anterior.

Es importante señalar que los requisitos para registrar candidato a la presidencia en algunos regímenes presidenciales o semipresidenciales no son tan sencillas de llenar. Por citar algunos casos, en Rusia, el aspirante a la presidencia debe reunir la nada despreciable cantidad de un millón de firmas, en Estados Unidos, los candidatos tienen que cubrir los requisitos de inscripción que impone cada uno de los 50 estados de la Unión, y en Francia, deberán contar con la firma de por lo menos de 500 funcionarios electos (alcaldes, diputados, senadores etc.) y aportar 100,00 francos como depósito, que recuperarán sólo si rebasan el 5% de los votos a nivel nacional.

Tenemos, entonces, que en México participar en las elecciones no es fácil. ¿Realmente hay justificación para que esto sea así? En la actualidad, son numerosas las voces de quienes sostienen que abrir indiscriminadamente la puerta a nuevas organizaciones y a los candidatos independientes para facilitar su participación electoral iría en detrimento de la estabilidad de nuestro sistema de partidos, el cual apenas se encuentra en una etapa de transición, ya que, según esta óptica, facilitaría la actuación de políticos oportunistas, fomentaría el personalismo y promovería la atomización política. Quienes así opinan señalan que si no logramos consolidar un sistema fuerte y representativo estaremos actuando en contra de la gobernabilidad del país y, eventualmente, se daría lugar a un caos que muy bien podría desembocar en un nuevo autoritarismo.

Pero, por otra parte, hay quienes opinan que en una democracia deben ser los electores los únicos que definan mediante su sufragio cuales son los partidos “fuertes y representativos” y cuales no. Para esta postura, mantener un criterio restrictivo sólo favorece al mantenimiento de los partidos gastados y desprestigiados que hoy tenemos, los cuales no aportan soluciones plausibles a la sociedad, no representan eficazmente a la ciudadanía y no están respondiendo eficazmente al reto de la verdadera competencia electoral. Si, todavía siguiendo esta lógica, aspiramos verdaderamente a vivir una democracia plena, debemos levantar las restricciones que aún pesan sobre la participación de los partidos, e incluso debemos permitir la participación de candidatos independientes.

En realidad, las dos posturas tienen razón en algunos aspectos fundamentales. En México es imperativo garantizar la consolidación de un sistema de partidos fuerte y representativo con el propósito de trabajar en favor de la gobernabilidad, pero también es importante abrir los canales de participación a nuevos actores. Creo que los dos objetivos no están necesariamente reñidos. Hay formas de abrir la competencia y al mismo tiempo evitar la destrucción del sistema de partidos, como lo prueban las experiencias de otros países, donde participar en elecciones es fácil, pero no lo es tanto el acceder al parlamento y al financiamiento público. Es decir, se trata de adoptar en México un triple registro a los partidos.

Aunque ninguna fórmula electoral basta por si misma para garantizar la gobernabilidad de un país, lo cierto es que tratar de impedir la proliferación de partidos débiles en el parlamento siempre ha ayudado a este propósito. Por eso es que debemos pensar en establecer un tamiz alto a los partidos para que estos tengan derecho a representación parlamentaria, digamos, exigir un mínimo de 4% o 5% de los votos a nivel nacional. Ahora bien, para que un partido conserve sus prerrogativas de ley (derecho al financiamiento público, acceso gratuito a medios de comunicación, representación ante el IFE, etc.) se me ocurre exigir por lo menos el 1.5% de la votación. Por último, la participación electoral en las elecciones para integrar al Congreso de la Unión se limitaría a exigir a los partidos un mínimo de militantes equivalente al 0.5% del total del padrón electoral en, por lo menos, la mitad de las entidades federativas, quedando derogada la condición de dos años previos de existencia a la celebración de la elección. Por otra parte, un candidato independiente para senador o diputado podría obtener su registro si consigue la firma de por lo menos un equivalente del 1% de los ciudadanos del distrito uninominal o del estado que pretende representar.

En un régimen presidencial puro como México, el mayor riesgo para la gobernabilidad se encuentra en la posibilidad de que un presidente no cuente con un apoyo por lo menos significativo en el Congreso. Dramáticas experiencias en otros países al respecto (Rusia, Brasil, Perú) son prueba fehaciente de este fenómeno. Es imprescindible para el futuro de nuestro sistema político evitar a toda costa que una situación similar se viva en México, por lo que creo pertinente establecer restricciones especiales a los partidos para poder presentar candidato a la presidencia, como mantener el requisito de los dos años, impedir las candidaturas independientes o imponer un requisito adicional de firmas de, por ejemplo, un millón, para obtener el registro de un aspirante a la primera magistratura.

Se bien que algunas de estas propuestas podrán parecer al lector poco ortodoxas, pero debemos recurrir a la imaginación para enfrentar los problemas que nos irán apareciendo en el proceso de democratización. Por otra parte, reitero que las fórmulas electorales jamás han bastado por si mismas para garantizar el buen funcionamiento de un régimen. Habrá también que pensar en mecanismos constitucionales y en otras ideas para la construcción de una auténtica gobernabilidad democrática.

Hago preguntas, ¡Recibo insultos!

Vaya, creo que las humildes preguntas que publiqué en el antepenúltimo post sacaron algunas ronchas. Uno de esos personajillos que no tienen ni los arrestos ni la autoestima suficiente para dejar su nombre me descalifica y se avienta la estupidez de decir que estoy "fuera de forma" como politólogo, y es una estupidez porque ni siquiera soy politólogo, sino sólo una especie de comparativista diletante que, simplemente, se limita a observar lo que pasa en el mundo a quien le encantaría que alguno de esos "genios" como seguramente es el cobarde sujeto que me descalifica lo iluminara con la luz de su inagotable sabiduría. Es muy sencillito y voy, otra vez, a tratar de de darme a entender:

Observo lo que pasa en el mundo, y en el mundo lo que veo son los partidos capaces de imponer disciplina de voto a sus legisladores en la inmensa mayoría de las ocasiones y muy a pesar de la existencia de la dichosa reelección legislativa; también noto que en los casos excepcionales de naciones sin disciplina de voto o partidos demasiado laxos como Estados Unidos, Japón o la Rusia yeltsiniana las cosas son o han sido aún peores con la intromisión desmedida de los intereses corporativos y grupos de interés que sufragan las campañas reeleccionistas de los legisladores; también noto que la reelección legislativa de nada ha servido para atajar la crisis de credibilidad que padecen las democracias actuales; que la dichosa "profesionalización" es un mito"; que sigue siendo un mal menor tener partidos con referentes programáticos claros que aborden los grandes temas nacionales a contar con legisladores "independientes" o "semiindependientes" que acaban acatando lo que le dicen los grupos que financian sus campañas.

Por eso le solicito a ese anónimo que pretende darme clases de ciencia política, o a algún generoso lector que se anime, tenga la bondad de sacarme de la tinieblas y me aporte datos duros sobre estos temas en concreto: mayor "profesionalización" de los legisladores como consecuencia directa de la reelección, independencia real de los legisladores respecto a sus partidos gracias a su capacidad de reelegirse y mayor credibilidad de la representación gracias a las maravillas de la reelección. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Bajo cuáles circunstancias? Ya que, de lo contrario, quienes defienden la reelección legislativa en México esgrimiendo estos argumentos serían sólo unos retóricos que ponderan en exceso y sin los instrumentos objetivos suficientes un mecanismo -la reelección legislativa- cuyos resultados concretos en el mundo real de las democracias contemporáneas es bastante magro. Reitero, son las humildes preguntas de un ignaro, así que no se esponjen.Yo lo único que quiero, con toda la sencillez de un venadito que pasta en la serranía, es que me ilustren en los temas concretos a los que me refiero.

Y va de nuevo, a ver si ahora si son claras las preguntas que les hago:

1.-¿ Qué trabajos académicos existen que sustenten de manera objetiva y cuantificable esa "mayor profesionalización" de los legisladores como producto de la reelección legislativa? ¿Qué método se ha utilizado para medir esta pretendida mayor "profesionalización"?

2.- ¿Qué datos objetivos y cuantificables pueden aportar para demostrar la mayor independencia relativa de los legisladores respecto a sus partidos en países afines al nuestro (Brasil, Argentina, Colombia, Chile), ya que no quieren hablar de Europa, producto de las bondades de la reelección legislativa? ¿En que porcentaje se da la disciplina de voto? ¿Qué tan común, por tanto, es la rebeldía de legisladores disconformes? ¿De qué manera parlamentarios rebeldes pueden cimentar su carrera política gracias a la existencia de la reelección y pese a sus partidos? ¿Cuántos casos concretos se pueden citar al respecto?

3.- ¿Qué elementos nos permiten pensar que en países de disciplina de voto laxa los legisladores atenderán más a los ciudadanos de a pie que a los grupos de interés que coadyuvan a financiar sus cada vez más onerosas campañas? ¿No nos indica la experiencia de Estados Unidos, Japón o la Rusia yeltsiniana justo lo contrario?

4.- Sí la reelección es tan importante para la rendición de cuentas del legislador ante los electores de su distrito, ¿Entonces por qué la inmensa mayoría de ciudadanos de países con reelección legislativa (americanos y europeos y excluyendo Estados Unidos) desconoce el nombre de su legislador? ¿Por qué afirman estos mismos electores que cuando votan para diputado o senador lo hacen antes por el partido que por el candidato? ¿Qué estudios de opinión serios me pueden citar que demuestren lo contrario y, por lo tanto, establezcan de manera inobjetable que los vínculos representantes-ciudadanos son mayores gracias a la reelección legislativa?

Por que si no existen datos duros que demuestren de manera seria, concreta, cuantificable eso de la mayor profesionalización de legisladores gracias a la reelección, de que los legisladores tienen una mayor independencia relativa respecto a sus partidos gracias a la relección en países presidencialistas americanos, que la gente está más compenetrada e idenificada con el legislador que con el partido gracias a la reelección, que los legisladores no caen de manera irremediable en el círculo de influencia de los intereses que pagan sus campañas para reelegirse en países con partidos laxos, entonces yo creo que un poquito de razón posss si tengo, amiguito anónimo.

De nuevo te suplico a ti o a alguno de los politólogos que han tenido la paciencia de leer este post me ayude a salir de la oscuridad en la que, desgraciadamente, vivo. Y entiéndase: preguntar no es descalificar, sino todo lo contrario, es una forma de reconocimiento y homenaje a sus insondables sabidurías.

Ah, y de pasada, a ver si me contestan la gran pregunta, la única que, en el último de los casos importa más allá de las recetitas facilonas que algunos de ustedes, adalides de la ciudadanía, nos quieren endilgar:

¿POR QUÉ DIABLOS SON TAN IMPOPULARES LOS PARLAMENTOS EN LOS CINCO CONTINENTES?

¿CUÁLES SON LAS RAÍCES DE LA GRAVE Y CRECIENTE CRISIS DE REPRESENTATIVIDAD DE LAS DEMOCRACIAS CONTEMPORÁNEAS?

La suerte del Gran Payaso

La agresión que sufrió Silvio Berlusconi hace ocho días en la plaza del Duomo de Milán no hizo sino aumentar la popularidad de quien, no me queda duda, es el italiano quintaescencial y sucedió cuando parecía que, por fin, la carrera política del dueño del Milan FC iniciava un definitivo declive. Alguien ironizó magistralmente en Youtube el atentado "A todo gran actor le entregan, a fin de cuentas, su estatuilla". Muy bueno, pero lo cierto es que Berlusconi, que ya se consideraba víctima de una persecución judicial, ahora se presenta también como víctima de una campaña de odio. En el panorama político italiano, como siempre, no pasará nada. Berlusconi seguirá en el poder, la izquierda mantendrá su aguda decadencia, habrá peleas, muchas habladas, alguna invitación del presidente Giorgio Napolitano a bajar los tonos y la gran comedia belusconiana seguirá avanti como lo hace desde hace ya más hace quince años....y contando.