Viejo recurso de los demagogos más repugnantes de todas las latitudes es echar mano de las propuestas más facilones y populares (por irracionales que sean) para ganar votos y ocultar sus ineptitudes. ¿Hay crimen? ¡Pena de muerte es la solución! Se trata de una prática barbara que repudidada cada vez en mayor medida por el mundo civilizado pero que, lamentablemente, justo por apelar a los instintos más primarios de los seres humanos goza de consideración en los sectores más conservadores La semana pasada un sujeto de apellido Moreira, que mal gobierna el estado mexiano de Coahuila y es una hechura política de la siniestra Elba Esther Gordillo, y el Emilio Gamboa, un sujeto repudiable con comprobados nexos con pederastas -entre otras lindezas- se pronuciaron a favor de la pena de muerte. Siguió una propuesta del PRI de analizar "con seriedad" el problema. ¿Buscará Moreira ocultar con una cortina de humo el pesimo dempeño de su administración en materia de seguridad?, ¿Sabrá el hipócrita Gamboa que, por ejemplo, en China la pena de muerte se aplica a políticos corruptos? ¿Tendrá alguien en el PRI idea de la campaña mundial y permanente que la Internacional Socialista sostiene en contra de la Pena de Muerte a nivel mundial? Sí, la Internacional Socialista, el club de los partidos socialdemócratas al que este engrendro pertence como partido de plenos derechos y que acaba de celebrar un consejo en Puerto Vallartata en el que Beatriz Paredes participó con bombo y platillo. ¿Socialdemócratas los priístas? Mis narices!
La expereicia internacional es fecunda en experiencias que demuestran que la pena de muerte de ninguna manera es factor disuasivo del crimen. Además, la reducción en el número de secuestros pasa primeramente por mejorar a los cuerpos encargados de perseguirlo, pues se sabe que en la mayoría de los casos hay policías involucrados. Otro elemento más que se debe atender, antes de pensar en medidas extremas, es el de la impunidad derivada de la incapacidad del poder judicial para sustentar sin apelación posible, la culpabilidad de los delincuentes. Es cierto que recientemente (feb. 2007) una encuesta Mitofsky, el 74.8% de los consultados se pronuncian por aplicar la pena de muerte en delitos graves, pero se olvida decir que en el mismo sondeo la aplicación de cadena perpetua obtiene la aprobación ciudadana mayoritaria, por encima de la medida extrema, en prácticamente todos los delitos medidos (secuestro, robo con violencia, homicidio, robo de niños y violación. Al respecto, conviene analizar la Encuesta de Gallup aplicada en varios países en mayo de 2006, la cual reveló que el apoyo general a la pena de muerte fue de 65%, un porcentaje que marca una disminución del 80% de la aprobación por esa medida desde 1994. La misma encuesta mostró que cuando a los encuestados se les da la opción de la vida sin libertad condicional como la sentencia alternativa, más gente escoge la vida sin libertad condicional (48%), que la pena de muerte (47%).
Una mirada a algunos de los resultados derivados de la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos, país cuyo aparato de justicia presenta una efectividad razonable (sobre todo, comparado con México), permite considerar las terribles consecuencias que la medida generaría en nuestro país, en donde la justicia y los cuerpos encargados de combatir los delitos, son corruptos, discriminatorios, torpes y gozan de una gran impunidad. En 36 estados de la Unión americana se practica la pena de muerte; de 1976 a la fecha ha habido un total de 1,135 ejecuciones; 36 en el 2008, pero un buen porcentaje de ellas, muestra que no se ha hecho justicia. En la aplicación de la sentencia, la situación social de los ejecutados es fundamental. Un estudio de la aplicación de la pena capital en Carolina del Norte descubrió que las probabilidades de recibir la pena muerte crece de 3.5 veces con los acusados que tienen victimas blancas. Otro estudio más reciente en California, descubrió que quienes mataron a personas blancas, tuvieron una probabilidad tres veces mayor de ser condenados a la muerte, que quienes mataron a los afroamericanos; y una probabilidad cuatro veces mayor, que la de quienes mataron a personas latinas. Por otro lado, según datos de Amnistía Internacional, desde 1973 a 1993, más de 120 personas condenadas a la muerte han sido puestas en libertad al ser probada su inocencia, mientras que de 2000 a 2008, otras 41 personas condenadas, han sido liberadas del pabellón de la muerte, lo que obliga a pensar que muchos reos han sido ejecutados injustamente. Otro dato: un rico jamás es ejecutado, van al cadalso exclusivamente personas sin recursos para pagar un buen abogado (remember OJ Simpson).
Es pertinente recordar aquí el viejo apotegma sajón: Más vale un sistema que dejé en libertad a diez culpables que condenar a la muerte a un inocente. En nuestro caso, los policías son especialistas en fabricar culpables. El estudio más reciente acerca de la relación entre la pena de muerte y los índices de homicidios, elaborado para la ONU en 1988 y actualizado en el año 2002, llegó conclusión de que la pena capital no necesariamente tiene un mayor poder disuasorio sobre los asesinatos, que la amenaza y aplicación de la cadena perpetua, pena supuestamente inferior".
Más allá de la irracional popularidad de la medida, no estaría de más meterle cabeza y no sólo echar las visceras tratándose de un tema tan delicado. De verdad tenemos que ahondar más en las ingentes deficiencias de las que adolece nuestro precario sistema judicial para entender que una medida como la pena de muerte sólo se aplicaría a pobres sin capacidad para comprarse una buena defensa. Pero los políticos pristas como Moreira y Gamboa, esos dechados de virtudes y espejos de pureza cívica, no tienen escrúpulos para echar mano de cualquier recurso con tal de ganra algunos votos y/o de ocultar sus muchas ineficiencias. ¡Qué ignorantes y qué estúpidos son!
