Mucho me llama la atención que dentro de todo el alud de popuestas, contrapropuestas, opiniones, desplegados, análisis y reclamos que ha habido últimamente en los medios respecto a la reforma electoral se olvide que México es un país con profundas desigualdades sociales donde el fenómeno de la extendidísima pobreza es un distorsionante muy grave para cualquier democracia que quiera consolidarse en el país. La relaidad nacional es que aquí se compran los votos. Bajo esas condiciones, ningún mecanismo electoral o constitucional podrá garantizar comicios justos y democracia efectiva. Es por eso que en la propuesta que presentamos al Senado un grupo de, digamos, patriotas, incluimos la necesidad de corregir las distorsiones legislativas e institucionales que, si bien no son materia propia del ámbito electoral, lo afectan directamente y, en los hechos, anulan las condiciones imprescindibles para el desarrollo de contiendas equitativas, sobre todo por la intervención abierta o encubierta de recursos públicos provenientes de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como por la persistente participación de los llamados poderes fácticos en las campañas políticas que, en la práctica, han adquirido cada vez mayor peso en la formación y en el ejercicio del poder público, en contra de los principios más elementales de la representación política democrática, situando por encima de los intereses generales la representación y promoción de intereses particulares.
Proponemos, en concreto, poner fin a la intervención apenas simulada de recursos ilícitos, provenientes de empresas, sindicatos y crimen organizado, para la promoción de candidaturas y, en efecto, para la formación y el ejercicio de los órganos del poder público, violando con ello la legislación electoral y los principios básicos para contiendas electorales transparentes y equitativas. Es fundamental si queremos que la democracia funcione en México maizar en la mayor medida posible el vicio clientelar. Y por democracia me refiero a cualquier democracia: presidencial, palamentaria, a dos vueltas, con reelección, bipartidista, multipartidista, etc. Nuestros más cándidos opinadores, anulistas, adalides ciudadanos y enamorados del sistema políticos suelen perderlo de vista, pero lo cierto es que es más importante para el fortalecimiento de un sistema verdaderamente competitivo fortalecer los mecanismos de revisión de las cuentas de los partidos, limitar de manera más eficaz los financiamientos privados, establecer topes de campaña más estrictos y castigar con mayor severidad los casos de flagrante o simulada compra de votos que decidir si reelegimos o no a los diputados, quitamos la representación proporcional o nos vamos a una segunda vuelta en los comicios presidenciales.
Desde luego, algo se ha avanzado en México en estos renglones, pero de ninguna manera basta. Con demasiada facilidad son burlados los topes de campaña. Es muy fácil simular y disfrazar la utiilización de recursos públicos con propósitos electorales. En México cambiar favores por votos es una prática masiva. El problema no es en absoluto baladí. El clientelismo es, ni más ni menos, una forma antidemocratica de dominación, basada en el control social que tiene lugar gracias a la pobreza y marginalidad. Y es en el interés de este clientelismo que lo beneficiarios de programas sociales no desarrollen una capacidad de autogestión ni que tengan éxito sus emprendimientos y proyectos, ya que la relación real con los beneficiarios se basa en la recepción pasiva de prebendas por parte de éstos. Estas prebendas son a su vez la base de la reciprocidad en el cumplimiento de instrucciones a los clientes de otorgar votos a sus benefactores.
La principal vinculación entre la exclusión social, la pobreza y clientelismo es el poder, el cual se da como coacción, es decir, como control de un grupo sobre otro expresado en la exclusión a favor de la inclusión de un grupo que ostenta el poder. Esto, bien lo sabemos, es moneda corriente en México y, obviamente, no es democracia. Entonces, ¿Por qué lo olvidamos con tanta facilidad?
La principal vinculación entre la exclusión social, la pobreza y clientelismo es el poder, el cual se da como coacción, es decir, como control de un grupo sobre otro expresado en la exclusión a favor de la inclusión de un grupo que ostenta el poder. Esto, bien lo sabemos, es moneda corriente en México y, obviamente, no es democracia. Entonces, ¿Por qué lo olvidamos con tanta facilidad?
Varias son las naciones que han procurado reformas y esfuerzos por lograr mayor transparencia en la gestión pública y mejor control sobre el financiamiento a las campañas y los topes a los gatos electorales para contribuir a disminuir el grave impacto distorsionador que tiene el clientelismo sobre la democracia. Sin embargo, para lograr un cambio real los ciudadanos deben orientar sus acciones hacia una distribución equitativa del poder, pensando en un empoderamiento ciudadano amplio y en la redefinición en un sistema de partidos anquilosado y obsoleto como el mexicano en uno mucho más abierto y genuinamente competitivo.
