La semana pasada dimitió el malhadado gobierno de Romano Prodi, desatando así una nueva crisis gubernamental en Italia, la enésima desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Esta dimisión podría provocar la convocatoria a elecciones anticipadas que, de acuerdo a todas las encuestas, ganaría el payaso de Berlusconi. ¡Triste panorama el que presenta el sistema político italiano! Italia se ha estancado en los útimos años y su ineficaz clase política no puede superar las mezquindades de sus intereses particulares en beneficio del país ¿Dónde más habremos oído esto antes?
La necesidad de una reforma integral ha sido tema eterno de la política italiana prácticamente desde la fundación de la República en 1946. Más de 60 gobiernos se han creado y disuelto en Italia desde entonces. Esta inestabilidad ha dado lugar a un muy frecuente cuasi vacío de poder y a una serie de vicios como el centralismo excesivo, la burocratización exagerada, la corrupción, el surgimiento de clientelismos y de padrinazgos políticos, y la extensin de la influencia de la mafia. Si bien es cierto que estos problemas no han impedido el desarrollo económico de Italia, sí constituyen un serio obstáculo para la unidad y el progreso de la sociedad italiana una vez iniciado el siglo XXI.
La República trabajó desde el principio sobre la base de un sistema electoral de estricta representación proporcional. Este método dio lugar a la proliferación de partidos políticos en el Parlamento: 12, en promedio, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los noventa. La intención de las leyes electorales era dar preferencia, en cualquier circunstancia, a los partidos sobre los candidatos. De esta forma, las dirigencias partidistas eran las que tomaban las decisiones en todo lo relativo a la vida parlamentaria y gubernamental italiana. Además, ejercían el poder prácticamente sin considerar los intereses de los electores. A esta tergiversación política se le bautizó en Italia con el nombre de partitocrazia, es decir, el poder excesivo de las burocracias partidistas sobre sus bases partidistas y también sobre la voluntad ciudadana.
Por otra parte, con este sistema electoral se procuraba fragmentar lo más posible la repartición del poder entre varias organizaciones, fundamentalmente para impedir -como se mencionó- que tendencias o grupos totalitarios fueran capaces, una vez más, de asumir el control político.
La política presentaba un estancamiento peligroso, inmovilismo que no respondía a los cambios socioeconómicos nacionales. En los años ochenta la reforma política empezó a ser el tema dominante. Desde entonces se discute abiertamente la posibilidad de establecer la elección directa del presidente de la República con el propósito de que quien ocupe el cargo deje de ser una figura meramente ornamental y se convierta en un árbitro eficaz, que sirva de contrapeso efectivo al Parlamento. Al mismo tiempo, las voces de quienes reclamaban modificaciones sustantivas en los métodos electorales se fueron multiplicando, lo cual creó un ambiente propicio para la adopción de transformaciones profundas en el sistema político italiano.
La política presentaba un estancamiento peligroso, inmovilismo que no respondía a los cambios socioeconómicos nacionales. En los años ochenta la reforma política empezó a ser el tema dominante. Desde entonces se discute abiertamente la posibilidad de establecer la elección directa del presidente de la República con el propósito de que quien ocupe el cargo deje de ser una figura meramente ornamental y se convierta en un árbitro eficaz, que sirva de contrapeso efectivo al Parlamento. Al mismo tiempo, las voces de quienes reclamaban modificaciones sustantivas en los métodos electorales se fueron multiplicando, lo cual creó un ambiente propicio para la adopción de transformaciones profundas en el sistema político italiano.
La bomba estalló a mediados de 1991, cuando el diputado de la Democracia Cristiana, Mario Segni, encabezó el Movimiento Popular para la Reforma y logró obtener el apoyo suficiente para forzar al gobierno a convocar a un referéndum para decidir sobre la cuestión de la reforma política. Aunque formalmente en el plebiscito sólo se puso a consideración una modificación mínima al sistema proporcional, la elevada participación ciudadana (62%) fue una prueba clara de que los electores deseaban ver cambios. Al mismo tiempo, surgieron nuevas formaciones políticas, la mayor parte de ellas de carácter regionalista, que se reportaron listas para retar al establishment partidista tradicional. Los focos rojos se encendieron cuando las denominadas "Ligas del Norte" o Legas obtuvieron resultados favorables en los comicios municipales de 1990.
Las elecciones de 1992 marcaron el principio del fin para el viejo sistema de partidos. Mientras las tres organizaciones que habían dominado el escenario durante toda la posguerra -el Partido Demócrata Cristiano, el Partido de la Izquierda Democrática [PID, ex PCI (Partido Comunista Italiano)] y el Partido Socialista-, sufrieron pérdidas históricas, las Legas autonomistas del norte y las organizaciones antimafia del sur obtuvieron importantes porcentajes a favor.
El Parlamento electo en 1992 accedió a formar una comisión bicameral que debería sugerir un paquete de reformas políticas. Empero, la resistencia del status quo pudo más y la comisión fue relativamente limitada en sus conclusiones. El principal resultado de esta comisión fue la adopción de un sistema electoral donde tres cuartas partes de los miembros de cada una de las dos cámaras legislativas son electos en distritos uninominales y la cuarta restante mediante una fórmula proporcional. Además, entre otras cosas, se aprobó retirar el subsidio oficial a los partidos y desaparecer un par de pequeños ministerios.
Al mismo tiempo que el electorado se rebeló frente a los partidos tradicionales, un juez en Milán, Antonio Di Pietro, comenzó una serie de juicios en contra de políticos corruptos conocida como la operación "Manos limpias" (manu politi), que terminaría por aniquilar a casi la totalidad de la clase política.
En medio de una crisis política sin precedentes, y bajo nuevas reglas electorales, se celebraron los comicios de 1994, los cuales marcaron el fin definitivo del viejo sistema de partidos. El Partido Demócrata Cristiano sucumbió para dar lugar a formaciones centro derechistas pequeñas y el Partido Socialista desapareció definitivamente de escena. Fue entonces que Forza Italia -una coalición de personalidades y grupos de derecha capitaneada por el empresario Silvo Berlusconi, quien fue designado por el Parlamento para formar el gobierno gracias a la alianza que concertó con el líder de los ex neofascistas (ahora bajo la denominación de "Alianza Nacional"), Gianfranco Fini y con el dirigente de la Liga del Norte, el enjundioso Umberto Bossi- surgió como la principal fuerza electoral.
Todos esperaban que la nueva administración fuera revolucionaria, pero las esperanzas de reforma fueron nuevamente desairadas. El gobierno de Berlusconi no fue capaz de terminar con el impasse. En 1996 se hicieron necesarias nuevas elecciones generales, las terceras en cuatro años, de las cuales salió triunfante la coalición centro izquierdista El Olivo, formada por el Partido de la Izquierda Democrática y el Partido Popular Italiano, entre otros, la cual postuló como candidato a primer ministro al ex democristiano Romano Prodi, hombre de poca experiencia política pero que se había destacado como un gran administrador.
Con la centroizquierda en el poder renacieron, una vez más, los anhelos transformadores. En enero de 1997 empezó atrabajar una nueva comisión bicameral con la vieja misión de cambiar la Constitución e inaugurar, por fin, la añorada Segunda República. Muchas fueron las propuestas y las ideas que se consideraron en la comisión. Por ejemplo, implantar un régimen semipresidencial al estilo francés, adoptar un mecanismo electoral uninominal a dos vueltas que diera lugar a mayorías estables, instaurar un sistema federal parecido al alemán que desterrara al inoperante centralismo tradicional, fortalecer al Senado para convertirlo en una cámara efectiva de representación regional, reducir drásticamente el número de legisladores, instituir la elección directa del primer ministro para otorgarle independencia frente a los vaivenes parlamentarios y reformar al Poder Judicial.
Sin embargo, diez años han pasado y las fuerzas políticas no han sido capaces de llegar a un acuerdo de reforma constitucional profunda debido a que los partidos y, sobre todo, sus dirigentes, se niegan a renunciar a sus intereses particulares en bien de la nación. El último esfuerzo de reforma constitucional fue promovido por la centroderecha en 2005, con el propósito de reforzar las atribuciones del primer ministro, recortar el número de legisladores y devolver más poder a las regiones, entre otros temas. Fracasó estrepitosamente ante la implacable oposición de la izquierda y la apatía del electorado. Eso sí, se han verificado realineamientos importantes en el sistema de partidos y hacia finales del segundo gobierno de Berlusconi se llevó a cabo una nueva reforma electoral, la cual estaba diseñada más para tratar de garantizar la reelección del magnate primer ministro que para buscar una mejor representación democrática de los italianos.
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