Evo Morales va que vuela para conseguir su reelección como presidente de Bolivia en las elecciones del próximo domingo. Su populismo y su indigenismo radical siguen cotizándose alto en un país tan vilipendiado como, sin duda, lo ha sido Bolivia. Los pueblos indígenas de América han sido marginados, olvidados y maltratados durante siglos, y es indiscutible que muchas de sus reivindicaciones son perfectamente justas y legítimas, pero los intentos "justicieros" del populista Evo de reparar las consecuencias de los famosos 500 años de de iniquidades sufridas por los pueblos originarios dejan abiertas muchas interrogantes, las cuales saltan a la vista con hacer una lectura a la nueva Constitución boliviana aprobada por Evo este año. Es de dudarse la viabilidad, prudencia y equidad de esta política pretendidamente reivindicatoria. Por ejemplo, el artículo 1 de esta nueva Constitución define a Bolivia un "Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario". El artículo 5 establece que los idiomas oficiales son el castellano más otras treinta y seis lenguas indígenas, algunas de las cuales representan a un número muy pequeño de ciudadanos. Los artículos 1 y 178 establecen el principio de "pluralismo jurídico", que abre la puerta a que "la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena-originario-campesina gozarán de igual jerarquía" (artículo 179), y pone el derecho consuetudinario indígena en un pie de igualdad con el derecho positivo del Estado boliviano, con el agravante de que no hay uno sino múltiples derechos consuetudinarios de los pueblos originarios bolivianos, códigos ancestrales no escritos de los cuales se desprenden algunas penas violatorias de derechos humanos, como el linchamiento e incluso la crucifixión. Este problema lo hemos tenido en México con la rebelión zapatista y da lugar a la pregunta: ¿Hasta dónde es válido respetar los usos y costumbres indígenas que, por ejemplo, denigran la condición de la mujer, o los que dan lugar a la legitimización del linchamiento? ¿Recuerdan aquella célebre declaración del Peje cuando, ante un linchamiento, mencionó que ante las costumbres de los pueblo "más valía no meterse"?
En Bolivia, de acuerdo con el informe de 2008 de la Human Rights Foundation, durante el último lustro se registraron una cincuentena de linchamientos, cuyos perpetradores invocaron leyes antiguas. Entre ellos está el caso del alcalde de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, que en 2004 fue golpeado, apedreado, colgado y quemado vivo por acusaciones de corrupción nunca comprobadas. Y aunque el artículo 15 prohibe la tortura y los tratos degradantes, y agrega que no existe la pena de muerte, en los hechos los linchamientos no se reprimen. Asimismo, los latigazos, forma tradicional de castigo en gran cantidad de comunidades indígenas, tampoco son objeto de limitaciones o repimendas oficiales.
¡Cuidado! El romanticismno jurídico que entraña estos intentos de reparación a los pueblos indígenas pueden acarrear una catástrofe humana sin precedentes en nuestro subcontinente. No hay que irse con la finta.
1 comentario:
Nuestra afinidad y obsesión por el pasado. No soñamos con el futuro, pues es sinónimo del Apocalipsis. Nos satisfacemos con vivir nuevamente lo que ya fue. Nada se compara con la grandiosidad de la memoria.
La minoría quiere sus propias leyes por sobre cualquier otra. El abuso de muchos centenarios es el argumento. Dicho argumento también habrá de justificar los nuevos abusos de antaño.
¿Peligroso? Ciertamente. De igual forma es la transgresión de la mayoría a sus leyes. Ésas que sólo se apliquen a la minoría.
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