Nadie puede negar que, en principio, los resultados de
las pasadas elecciones federales fueron un encomiable ejercicio democrático en
el que se registró una alta y entusiasta participación de votantes y los organismos
electorales trabajaron de manera muy satisfactoria. Sin embargo, en estos
comicios se hizo evidente que el sistema de partido mexicano ha entrado en una
profunda etapa de transformación de la cual puede derivar la entronización de
un régimen político con características autoritarias. De no activarse, en el corto
plazo, la participación de alternativas nuevas y genuinamente ciudadanas, en
México podríamos ser testigos de la reimplantación del presidencialismo
omnímodo y de la reincidencia de un sistema de partido dominante o hegemónico.
Para evitarlo, urge aprobar reformas legislativas y alentar nuevos métodos e
ideas para que nuestras formas de representación política no queden
definitivamente rebasadas y sean sustituidas por un mayor personalismo en el
ejercicio del poder.
Algunas ideas para el fortalecimiento de la
representación política son:
Reducción
sustantiva de las condiciones impuestas por la ley electoral actual a la
participación de partidos y candidatos en las elecciones
México es el país del mundo que impone las condiciones
más difíciles de cumplir a partidos y candidatos para participar en las
elecciones. Por regla general, las democracias actuales establecen tamices
distintos para permitir el concurso electoral de partidos y ciudadanos. Lo
usual es la existencia de diferentes tamices para acceder a la representación
parlamentaria, tener derecho al subsidio público y poder participar en los
comicios, y éste último es, por lo general, el que exige los requisitos más
asequibles, aunque no conllevan, como erróneamente sucede en México, automático
acceso al financiamiento. La actual legislación es perversa, porque al obligar a
la celebración de por lo menos 20 asambleas estatales o 200 distritales con al
menos 3,000 participantes (para el primer caso) o 300 (para el segundo), desvirtúa
la naturaleza ciudadana de los partidos en formación y entrega la posibilidad de
participación exclusivamente a grupos corporativos e intereses económicos que
son los capaces de efectuar este tipo de movilizaciones. Esta experiencia ha
sido reiterada en la historia electoral reciente de nuestro país.
Disminución radical o incluso supresión del financiamiento público a los partidos
políticos.
El financiamiento público a los partidos, concebido, en
principio, como una forma de fortalecer la democracia al tratar de evitar la
dependencia de partidos a intereses privados e incluso a grupos criminales, se
ha desvirtuado aceleradamente en México debido a sus elevados montos y su
injustificable entrega a los partidos previo a la celebración de los comicios y
no, como sucede en el resto del mundo, posterior a la elección, una vez que cada
partido haya demostrado en las urnas su verdadera implantación y viabilidad. El
dinero público ha coadyuvado al desprestigio del sistema de partidos, que son
vistos como botín de personajes sin escrúpulos y “barriles sin fondo” de
recursos que podrían ser más útiles en otros rubros. Una larga serie de
escándalos y malversaciones han reforzado esta negativa imagen de los partidos,
la cual estorba a la aparición de nuevas opciones.
Quizá, y para beneficio de la, democracia, haya
llegado el momento de suprimir el financiamiento. Ante las actuales circunstancias,
subsidiar con dinero del presupuesto gubernamental a los partidos daña a la
democracia en lugar de protegerla. También es factible pensar en adoptar la
práctica internacional de otorgar recursos únicamente a posteriori de la
elección, en exclusiva a quienes rebasen cierto porcentaje en las urnas.
Reforma
a las estructuras de organización interna de los partidos.
Otra causa de la evidente obsolescencia de muchos
partidos son sus formas cerradas, verticales y centralizadas en su organización
interna, procesos de toma de decisiones y postulación de candidatos. Estos rancios
andamiajes se ven favorecidos, en México, por nuestra anacrónica ley de partidos.
Urge incentivar la creación de organizaciones más ágiles, capaces de trabajar de
manera más abierta y horizontal. El uso inteligente y eficaz de las nuevas tecnologías
mucho puede aportar en este sentido, tal y como se ha visto en distintas experiencias
en distintas partes del mundo. Cada vez son más los partidos que utilizan la herramienta
del internet como base de su desarrollo. La influencia de estas tecnología en
la comunicación y participación política permite una mayor interacción y
comunicación entre ciudadanos, militantes de los partidos y candidatos.
Opciones
políticas mejor definidas, sin llegar a ser dogmáticas o sobreideologizadas.
Contribuye al desprestigio de los partidos la creación
de sobre expectativas en las campañas electorales, el pragmatismo excesivo, la trivialización
de organizaciones dedicadas a asumir posturas, aceptar políticos y postular
candidatos de manera indiscriminada y el abuso de discursos demagógicos o
electoralistas, los cuales ofrecen de todo para todos de forma irresponsable y banal.
Proliferan en esta época los llamados partidos “Atrapa Todo” (catch all parties), enemigos de los
compromisos programáticos plausibles, de los principios básicos, de defender ideas
y de todo aquello que pudiese comprometer su finalidad única y ambición
exclusiva: alcanzar a todo trance el triunfo electoral. Sin regresar a la ultra
ideologización ni tratar de promover dogmatismos obsoletos, es importante
promover partidos capaces de presentar plataformas electorales con compromisos realizables
y palmarios, basados en principios y valores primordiales, pero sin olvidar la
creciente complejidad de las sociedades actuales, su pluralidad y la existencia
de demandas sociales distintas y, muchas veces, contradictorias. También es
obvia la necesidad de los partidos de colaborar entre sí y evitar las actitudes
intransigentes o de trinchera. Sin embargo, el pragmatismo excesivo y la falta
de compromisos transparentes con valores y principios básicos ha provocado en los
partidos a una muy grave pérdida de identidad.
Defensa
de la representación proporcional
Consecuencia del desprestigio de los partidos, muchas
voces claman por la desaparición de la representación proporcional. Se trata de
un error de proporciones mayúsculas. Atenta contra la pluralidad al convertir
la representación política en monopolio de unas pocas organizaciones.
La representación proporcional fue concebida para defender los derechos de las
minorías y evitar lo que algunos analistas han bautizado como “la democracia
como la dictadura de la mayoría”. Mantener la presencia de las minorías en las
cámaras legislativas es esencial para impedir la vuelta de un sistema de
partido hegemónico en México. Sin representación proporcional se da lugar justo
a lo que hoy tanto se deplora: un sistema de partidos cerrado, con barreras
casi infranqueables y segregadoras de las minorías. Se reduce, así, las
posibilidades de participación ciudadana y se aniquilan las opiniones, matices y
críticas que las minorías pueden aportar al debate parlamentario. Contar solo
con la mayoría relativa es depender de una representación defectuosa y fragmentaria,
pues amplios núcleos ciudadanos no serían representados en sus intereses y opiniones
y, con ello, se perjudica la estabilidad política.
Legislar
responsablemente sobre referéndum y democracia directa.
Hoy también se fortalece la tendencia a adoptar
mecanismos de democracia directa, tales como el referéndum, el plebiscito y “consultas
populares”, con el argumento de que, al ser los partidos tradicionales
obsoletos, la mejor forma de democracia es preguntar directamente a los
ciudadanos sobre todo tipo de materias. Es verdad que etas fórmulas son útiles,
pero solo si se observan como complementarios a la democracia representativa y
se apela a ellos de forma excepcional y no como práctica cotidiana. Es una quimera
presentarlos como la democracia “en su forma más pura”, porque si se abusa se distorsiona
la democracia en vez de reforzarla por depender de factores demasiado volátiles
y coyunturales, y por ser ejercicios donde los votantes deben tomar sus
decisiones complejas con poca información. Lejos de ser “democráticos” o
“ciudadanos”, los referéndums son susceptibles a ser manipulados por políticos
expertos en operar mensajes directos y simplistas. Por eso es un sofisma eso de
que cualquier decisión mayoritaria tomada al calor de una determinada coyuntura
necesariamente es “democrática”. Más bien es una perversión de la democracia y,
lamentablemente, en una época en la que la credibilidad de los partidos y otros
mecanismos de representación va a la deriva esta lección es muy difícil de
entender. Asimismo, no debe olvidarse que los referéndums han sido
históricamente recursos de gobiernos autoritarios en su afán de esquivar a los órganos
de representación política en sus afanes de perpetuarse en el poder.
Volver
a considerar a los votos anulados de manera explícita dentro de la votación
nacional válida.
El descontento ciudadano de los partidos se ha
manifestado en varias ocasiones en México y otras naciones mediante campañas de
“voto nulo”, la cuales invitan a los ciudadanos a manifestar su insatisfacción con
los sistemas de representación vigente de manera activa al asistir a la urna
para anular el voto de manera explícita. Esta práctica es absolutamente legítima.
Debe ser preservado el derecho de los ciudadanos no solo a no votar por los partidos
existentes, sino a manifestar ese descontento de manera patente y que esa
expresión tenga validez legal. En México una decisión arbitraria, y muy
probablemente anticonstitucional, tomada por los partidos políticos hizo que los
votos nulos dejaran de ser considerados como parte de la votación nacional válida.
De esta forma, los votos nulos no cuentan para efecto de los cálculos que la
autoridad electoral hace para lo conducente al mantenimiento del registro de
los partidos y la repartición de las prerrogativas de ley. Es imprescindible y
de elemental justicia que los votos invalidados de manera explícita por los
electores inconformes con el sistema de partidos vuelvan a ser considerados
como parte de la votación nacional valida. Se trata no solo de respetar un
derecho, sino también de informar cual es el tamaño del número de electores que
no están conformes con los partidos y organizaciones que participan en la lid
electoral.
No hay comentarios:
Publicar un comentario