La escandalosa caída de Dilma Rousseff ha abierto
nuevamente la polémica en torno a la viabilidad del sistema presidencial. Se
critica al presidencialismo porque, presuntamente, propicia la personalización
del poder, da lugar a una legitimidad democrática dual parlamento/presidente, establece
mandatos rígidos y prevalece en él un “juego de suma cero” donde el jefe del
Ejecutivo puede integrar a su gobierno exclusivamente con miembros de su
partido sin importar el margen con el que haya obtenido la victoria en las urnas.
Pero un análisis de la experiencia histórica reciente de América Latina nos demuestra
la insuficiencia de datos empíricos para sustentar la afirmación de que el
sistema presidencial irremediablemente lleva al caos.
No todos los presidencialismos son idénticos. En cada
país el sistema presidencial se adapta a las circunstancias nacionales
específicas, creándose así diferentes variantes. En algunos casos se han
adoptado algunos rasgos propios de los sistemas parlamentarios que coadyuvan a
la implantación de una relación más fluida entre el Ejecutivo y el Legislativo,
tales como el nombramiento de un primer ministro políticamente responsable -en
mayor o menor grado- ante el parlamento; la aprobación de los miembros del
gabinete por parte del Poder Legislativo; la censura parlamentaria a los
miembros del gabinete; y la solicitud gubernamental de la cuestión de confianza
al Legislativo. Pero el mecanismo que ha resultado clave en la renovación del
presidencialismo latinoamericano es la capacidad demostrada por los partidos de
formar coaliciones estables de gobierno, lo que algunos analistas han llamado
“presidencialismo de coalición”.
El estudio de las coaliciones se ha circunscrito casi
siempre a los sistemas parlamentarios, donde su conformación es casi siempre un
imperativo institucional, y se relega su importancia en los regímenes
presidenciales. La formación de coaliciones es hoy clave en la consolidación de
los presidencialismos latinoamericanos. Desde principios de los años sesenta a
la fecha se han formado casi 90 coaliciones en América Latina, destacando los
casos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay. El
éxito del presidencialismo de coalición llevó a México a aprobar una reforma constitucional
en virtud de la cual el presidente tiene la facultad de optar “en cualquier
momento” por formar un gobierno de coalición.
Particularmente exitosa había sido la experiencia de
Brasil en el presidencialismo de coalición, país que vivió una estabilización
palmaria durante los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, Luis Ignacio “Lula”
da Silva y el primer mandato de la propia Dilma. Las coaliciones contribuyeron al
funcionamiento del régimen democrático al garantizar a los gobiernos un apoyo
parlamentario efectivo y estable para sus políticas, factor que redujo
considerablemente los riegos de inestabilidad producto de un eventual
enfrentamiento entre los Poderes del Estado. Sin embargo, esta estabilización
tuvo un precio: las alianzas se lograban en buena medida gracias que se
“aceitaban” mediante pactos clientelares y tolerancia a la corrupción, defecto
que, por cierto, mucho se ha visto en regímenes parlamentarios (Italia y Japón
son buenos ejemplos de ello). Hoy que ante la crisis económica se ha desvergüenzas
añicos la coalición de gobierno en Brasil, los críticos del presidencialismo
han vuelto al ataque, pero a pesar de lo desenfrenos a veces grotescos del impeachment a Dilma, lo cierto es que no
se ha verificado todavía una debacle institucional. En todo caso, los electores
sabrán cobrarle en las urnas a aquellos políticos y partidos que hayan cometido
desvergüenzas y atropellos.
El presidencialismo de coalición ha demostrado su
efectividad y no debe ser abandonado como opción de estabilización política, mucho
menos ahora que los partidos tradicionales encaran una profunda crisis de
credibilidad y que la ciudadanía es cada vez más plural y exigente.
